Investigación
«El Pollo» Carvajal, Monedero y el juez que quiso indagar entre Venezuela y Podemos
Tras ocho meses de investigación la Audiencia Nacional ordena cerrar el caso sobre la supuesta financiación del régimen venezolano a fundadores del partido morado
Según a quién se pregunte Hugo Armando Carvajal sabe mucho o se inventa todo. No hay grises. Lo cierto es que el exjefe de la Inteligencia y Contrainteligencia venezolana entre 2004 y 2014 algún secreto debe conocer de los presidentes para los que trabajó en Venezuela, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En 2019, el apodado como «El Pollo» entró en España huyendo de su país tras apoyar la legitimidad de Juan Guaidó. Su camino aquí ha sido cuanto menos enrevesado. Él sostiene que entró con ayuda del CNI. Luego fue encarcelado y acabó fugado antes de que en marzo de 2020 el Consejo de Ministros aprobara su extradición a Estados Unidos que lo reclama por delitos de narcotráfico y crimen organizado. Cualquiera pensaría que estaba lejos porque en dos años nadie lo encontró. Hasta que la DEA (agencia antidroga americana) señaló a la Policía española el punto exacto del mapa, por si andaban despistados: Un piso en Madrid. Se dijo entonces que, claro, se había hecho operaciones de la cara, puesto peluca... algo que sus abogados que lo ven asiduamente en la prisión de Estremera niegan tajantemente.
La Audiencia Nacional que primero rechazó enviarlo a EEUU (septiembre de 2019) deshizo sus palabras meses después y aceptó subirlo a un avión camino de Washington. Fuentes de las fuerzas de seguridad aseveraron entonces que un fin de semana en octubre de 2021 la aeronave americana llegó a estar esperando en Barajas. Pero a día de hoy «El Pollo» no ha volado. Hasta en cuatro ocasiones se ha paralizado su inminente extradición. La última en marzo de 2022 porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha hecho cargo del asunto.
Y retratado el atípico personaje, sus vínculos con Podemos no son menos peculiares. Durante este vaivén judicial, el valedor de los secretos venezolanos decidió estratégicamente colaborar con la Justicia española en otros temas. Casualidad o no dio con el juez instructor Manuel García Castellón a quien, desde el partido morado han tachado ya no de conservador, sino de «prevaricador» porque intentó procesar a Pablo Iglesias sin éxito y ha extendido hasta donde le han dejado el «caso Dina».
«El Pollo» pidió voluntariamente declarar ante el instructor el 20 de septiembre de 2021. Relató toda una red de financiación del régimen chavista, según alguna documentación que obra en la causa y a la que ha tenido acceso LA RAZÓN. Una estructura para el «fortalecimiento de partidos políticos de ideología afín a ese gobierno en distintos países como Colombia, Argentina, Brasil, Bolivia, Italia y España».
García Castellón recuperó unas diligencias de 2016 que en su momento se habían cerrado apresuradamente por sustentarse en el informe apócrifo de la Policía PISA. Pero el juez vio mimbres y reabrió una causa secreta en octubre de 2021 que ha cerrado (a la fuerza) esta semana. Dentro se alojan un goteo de documentos que el entorno de Carvajal fue aportando y lo que contaron varios testigos protegidos que colocaron a Juan Carlos Monedero como principal receptor de fondos.
El punto de inflexión de las pesquisas llegó cuando se solicitó la intervención de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía a la que mandaron comprobar los viajes de Monedero a Venezuela, el dinero repartido en sociedades y veracidad del relato del exmilitar venezolano. A partir de este momento la oposición de la Fiscalía fue frontal. Recurso tras recurso solicitó que cesaran estas actuaciones que, a su juicio, iban más contra un partido político que contra un delito concreto.
La UDEF actúa de policía judicial en otras investigaciones donde hay miembros de Podemos bajo la lupa como el «caso Neurona» o unas diligencias abiertas desde hace más de un año en la Fiscalía Anticorrupción. Una realidad nada desdeñable. De hecho, hubo una reunión en la Audiencia Nacional para que los dos fiscales que dirigen estos trabajos sobre el blanqueo de dinero de venezolanos unieran esfuerzos en el caso reabierto. Diversas fuentes consultadas señalan que la negativa vino de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, y así cada investigación siguió su curso sin cruzarse. García Castellón buscaba financiación ilegal de partido. En Anticorrupción, lavado de dinero. Ahora algunos respiran aliviados de que fuera así después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haya ordenado el cierre de la investigación contra Podemos por «prospectiva», por excesiva.
Conexión Caracas-Madrid
El relato de uno de los testigos protegidos detalla de dónde salía el dinero. «Venezuela vendía petróleo en el mercado negro, en concreto a Cuba». En la refinería Cienfuegos. «Parte del producto de esta venta de petróleo se enviaba a la embajada de Cuba en Venezuela», allí se metía en «bolsas azules» y se entregaban con un «sello de cera rojo». El testigo protegido recogía y contaba el dinero en Caracas y lo ingresaba en una caja fuerte de la petrolera estatal (PDVSA). Días después, recibían una llamada de Williams Amaro (alias «El Gordo», asistente de Maduro) en la que se le indicaba que bajo el concepto España retirara una cantidad específica de dinero y lo entregara en un lugar acordado supuestamente con Monedero. Y para recibirlo existían tres cauces:
Uno: Entregas en efectivo a través de viajes del madrileño. La UDEF llegó a pedir a Meliá Caracas que facilitara los datos del fundador de Podemos allí «en la horquilla temporal comprendida entre los años 2011 y 2013». Pero estas diligencias han quedado suspendidas.
Dos: A través de valija diplomática (un método por el que embajadas de todo el mundo se envían paquetes sin que quede huella). En total entre 2011 y 2013 se transfirieron, dicen, 3.100.000 solo por esta vía [la cantidad se eleva a 3.500.000 contando con el anterior método]. Pero hacer estas comprobaciones era una vía muerta. La Policía preguntó al Ministerio de Exteriores que contestó que no existía registro porque se violaría el Convenio de Viena.
Aunque hay un dato que la UDEF sí comprobó. Los testigos señalaron que era Ramón Gordils (persona de confianza del régimen) quien retiraba el efectivo de la embajada venezolana en España y se lo entregaba a Monedero. Y hablaron de una cuantiosa entrega en 2017. En las bases de datos del Ministerio del Interior consta que el 28 de mayo de 2017 y el 6 de julio del mismo año Gordils viajó en un vuelo Iberia desde el aeropuerto Simón Bolívar hasta Madrid. En ambas ocasiones se hospedó en el hotel Meliá Castilla.
Tres: Cuentas y sociedades. Estrechadas las dos sendas anteriores hay una más en la que supuestamente entran otros fundadores de Podemos como Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez. «La metodología empleada consistiría en otorgar adjudicaciones o contratos por parte de instituciones del Gobierno de Venezuela a VIU Comunicaciones con el objetivo de la elaboración de eventos o stands en distintas partes del mundo para la promoción de determinados productos o valores venezolanos para posteriormente derivar parte de esos fondos, mediante retiradas de efecto o transferencias, sin poder precisar el medio o empresas que pudieran servir de pantalla para tal fin», señala la documentación.
Precisamente algunas de estas sociedades son las que están bajo la lupa de Anticorrupción, como advierte la UDEF en uno de los informes, y son estas personas y sociedades las que los agentes pidieron rastrear. La Sala de lo Penal que dio carpetazo a todo dejó la puerta abierta para analizar «los delitos económicos y falsedades», pero en otra causa. Esta es la única opción que exploran ahora los investigadores para que las pesquisas no hayan sido en vano.
✕
Accede a tu cuenta para comentar