¿Resiste el sistema a la oleada de refugiados ucranianos y afganos?

Se cumple un año de la toma de Kabul a mano de los talibanes y seis meses del inicio de la invasión rusa de Ucrania. Pocos días separan a una efémeride de la otra. No solo comparten el calendario, la drámatica situación en sendos países tiene repercusiones a grande escala. En Afganistán, una absoluta penumbra se ciñe sobre su población como consecuencia del control de las instituciones por parte de los muyahídines, que coartan las libertades individuales y someten a la población a la más estricta interpretación de la sharia. En Ucrania, el despotismo y las ansias nacionalistas de Vladimir Putin se traducen en bombardeos masivos sobre objetivos civiles. Ambas crisis explican la huida de la población hacia otros países en busqueda de refugio, oportunidades o tiempo para poder regresar de nuevo a sus hogares.

Se trata de dos situaciones distintas que tienen en común el éxodo de parte de su población. LA RAZÓN analiza la respuesta del Gobierno y la capacidad de acogida de los recursos públicos con dos de las ONG que forman parte del sistema nacional de acogida: Accem y CEAR.

Mónica López, directora de Programas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) reconoce que ha sido un año «bastante duro» en el que «España ha hecho frente a un reto histórico» en el campo de la protección internacional debido a la ofensiva rusa. «Especialmente por el volumen de personas que salió de su país y por el poco tiempo que les tomó llegar a España».

La Unión Europea dio luz verde a la aplicación de la directiva sobre protección temporal para facilitar la acogida durante un periodo mínimo de un año, ampliable a un total de tres, a las personas que huían de los combates.A priori esta fórmula estableció que todos los ciudadanos ucranianos tuvieran derecho a residir y trabajar sin necesidad de recurrir a los trámites que deben realizar los solicitantes de asilo, además de tener acceso a la educación, sanidad y servicios sociales. «La respuesta social ha sido abrumadora así como la rapidez de reacción de la UE y el propio gobierno español para poder documentar y acoger a estas personas. Entendemos, que, de alguna manera, tendría que ser la forma en la que se abordasen todas la crisis de refugiados».

La aprobación de esta directiva fue bien recibida, pero con matices, pues en cierta manera genera un agravio con personas de países que también sufren conflictos bélicos y que se ven atrapadas en la burocracia y en el ya crónico colapso del sistema.

Según datos de Interior, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2022, se recibieron 66.703 solicitudes de protección internacional, de las que solo un 11,5% fueron favorables. No obstante, ni Ucrania ni Afganistán fueron las nacionalidades que lideraron la estadística. Tradicionalmente los países de Latinoamérica como Venezuela o Colombia lideran las solicitudes, así como otras nacionalidades africanas que llegan a través de embarcaciones a nuestras costas. España arrastra problemas para gestionar los expedientes de protección internacional desde hace años, cuando comenzaron a crecer exponencialmente las solicitudes de sirios o venezolanos, por ejemplo. Entre las causas, la escasez de recursos y la lentitud del procedimiento.

Mónica Pedraza, responsable del área de Acogida de Accem, explica que en el caso de los ucranianos «al concederles la protección internacional directamente no se ha producido un bloqueo en exceso». En el caso de los excolaboradores afganos y sus familias, «se dio una respuesta muy rápida porque eran personas que se conocía su situacion». Y respecto a los que van llegando, «las acogidas se siguen haciendo igual: hay listas de espera para entrar en el programa internacional pero se van abriendo plazas nuevas». En su opinión, «bloqueo, por el momento, no existe».

En este sentido, el sistema de acogida internacional se ha ampliado. Fuentes del Ministerio de Inclusión señalan a LA RAZÓN que la red de acogida cuenta con unas 10.000 plazas estables, a las que se han incorporado unas 24.000 para atender a las personas desplazadas por la guerra de Ucrania. «Los números exactos van variando, porque se van abriendo plazas y cerrando otras, y por lo tanto fluctúan». En cuanto a la ocupación, estas mismas fuentes aseguran que «es alta», aunque subrayan que el sistema «tiene músculo» para poder dar respuesta, «como ha demostrado con la crisis de Ucrania».

Se estima que más de 6,4 millones de refugiados han salido de Ucrania hacia Europa desde el comienzo de la invasión, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Aunque es muy complicado conocer la cifra exacta, Interior informa de que la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) y la Policía Nacional han tramitado y concedido un total de 138.370 protecciones a los refugiados ucranianos en nuestro país. Todas las protecciones temporales tramitadas conllevan el permiso de residencia y, para los mayores de edad, de trabajo. Además, los desplazados que obtienen la protección temporal pueden utilizar legalmente sus permisos de conducir en España al menos durante un año.

CEAR ha acogido a 4.535 ucranianos desde el inicio del conflicto y ahora cuenta con 1.576 en su red. «Más de la mitad del total de nuestros recursos están dirigidos a esta nacionalidad», puntualizan. Por su parte, Accem ha acogido a 8.945 desde el inicio de la crisis y en la actualidad acogen a 2.959 personas, además, de las 363 personas que están alojadas en el Centro de Recepción, Atención y Derivación de Pozuelo. En total, 3.246 personas de origen ucraniano. Asimismo, 161 afganos que llegaron en el marco de la operación Antigona –el dispositivo del Gobierno para la evacuación de los excolaboradores afganos–. «La primera atención fue psicológica porque su salida fue muy traumática, solo con una mochila y su familia. Con el tiempo, muchos de ellos frustrados porque tenían expectativas que no han encajado».

En el caso de Afganistán, 3.900 personas fueron evacuadas por el Gobierno español, entre antiguos colaboradores directos, civiles colaboradores de países de la UE y la OTAN y personal diplomático. 1.973 formalizaron su solicitud de protección, de las cuales más de 1.000 han obtenido una resolución favorable.