Feijóo blindará en Cataluña la inspección en las escuelas para que se respete el castellano

El PP llevará en su programa electoral la creación de un cuerpo de Alta Inspección que entre sus responsabilidades tenga la de hacer «que se cumplan los mandatos judiciales sobre el castellano en las escuelas catalanas». Según confirmaron fuentes de la dirección popular, la proposición de ley registrada la pasada primavera en el Congreso de los Diputados será la base para la reforma que recogerá el programa con el que Alberto Núñez Feijóo se presentará a las próximas elecciones generales.

Estos funcionarios tendrán, entre sus responsabilidades, la de hacer cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), de mayo del año pasado, que obligaba a impartir un 25 por ciento del castellano en las escuelas catalanas.

La Alta Inspección educativa ya existe en la actualidad, pero ningún Gobierno central ha detallado sus facultades, actuaciones o sus relaciones con los poderes públicos.

Así, la inspección del Ministerio de Educación debe velar, en teoría, en el ámbito de sus competencias, porque «se cumpla la legislación común». Y también, en teoría, si no se cumple esa legislación común tendría que ir a un contencioso a través de la Abogacía del Estado.

Pero, hasta ahora, ningún Gobierno, tampoco los de José María Aznar o los de Mariano Rajoy, han intentado avanzar en la práctica por ese camino, a pesar de que en 2002, con Gobierno de Aznar, ya se promovió la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (Loce), que incluía, entre las competencias de la Alta Inspección, velar por el cumplimiento de los derechos lingüísticos, y, en particular, la de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado.

La reforma que Núñez Feijóo llevará en su programa planteará que los funcionarios de la Alta Inspección tengan la consideración de autoridad pública a todos los efectos, que puedan actuar de oficio o por denuncia de particulares por presuntas infracciones, y si se detectan hechos presuntamente constitutivos de delito, que puedan dar cuenta de ellos al Ministerio Fiscal.

La sentencia del TSJC, que dictaminó la obligación del 25 por ciento del castellano en las aulas catalanas, ha sido el último movimiento judicial que ha dejado en evidencia las grandes carencias de la Alta Inspección del Estado para poder cumplir con sus funciones de supervisión en el ámbito nacional. O lo que es lo mismo, desnudó el juego político que durante décadas ha ido creando un marco en el que sobre la Generalitat no hay un poder que controle ordinariamente un mal uso de sus competencias. Dejando a un lado el artículo 155 de la Constitución.

La orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a la Alta Inspección del Ministerio de Educación para que velara por la ejecución de su sentencia desveló que ésta cuenta sólo con dos inspectores en Cataluña y que ni siquiera pueden entrar en los colegios. La política ha consolidado estos déficits hasta hacerlos estructurales.

Hay que tener también en cuenta que el Constitucional señaló en 2018, precisamente a raíz de un recurso de la Generalitat contra la «Ley Wert», que corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo, pero también que tal función ha de desplegarse sin desbordar las competencias de la comunidades.

Aunque los inspectores no pueden entrar en los colegios, sí pueden pedir informes. Y ningún Ministerio de Educación ha explorado tampoco la vía de usar a los inspectores de la Generalitat para hacer esas tareas de supervisión.

En el auto en el que el TSJC dio un plazo de quince días para aplicar la sentencia del 25 por ciento, en las enseñanzas primaria y secundaria, también se encargaba a la Alta Inspección la verificación del cumplimiento de la sentencia. Las instrucciones del TSJC eran claras: «Verificar el cumplimiento de las parte dispositiva de la sentencia en el conjunto del sistema educativo de Cataluña». Pero la respuesta de la responsable del área de la alta Inspección Educativa en Cataluña, Josefa Beltrán, fue remitir a los jueces la misma documentación que les hizo llegar la Generalitat. «Se carecen de elementos y materiales que pudieran permitir otro conocimiento de la situación y su comparación con lo dispuesto en la sentencia», se justificó.

El pasado 1 de junio, y en cumplimiento de los plazos dictados por el TSJC, toda la educación catalana debía haber normalizado el uso educativo de la lengua oficial castellana, al menos en un 25 por ciento del tiempo lectivo.

La manifestación que ayer recorrió las calles de Barcelona es consecuencia, precisamente, de la decisión de la Generalitat de ordenar que no se aplique ese 25 por ciento en ningún centro en este curso. La movilización la encabezó una pancarta con el lema «Español, lengua vehicular».