Siete vocales conservadores del CGPJ cuestionan que una compañera firme la petición de indulto a Griñán

Siete vocales conservadores consideran que la decisión de su compañera Pilar Sepúlveda de respaldar con su firma la petición de indulto para José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por prevaricación y malversación por el fraude de los ERE compromete “la imagen de necesaria neutralidad” de la institución. Una institución que, precisamente, está inmersa en el proceso de designación de dos de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que deberán pronunciarse sobre la suspensión cautelar de la entrada en prisión del expresidente andaluz una vez éste recurra en amparo esa condena.

Los siete vocales del bloque mayoritario - Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías y María Ángeles Carmona-, entre los que no figura el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, muestran su “total desacuerdo” con la decisión de Sepúlveda, que fue elegida para el cargo a propuesta del PSOE, de firmar la petición de indulto al Gobierno, que ya respaldan más de 4.000 ciudadanos,

“Ignoramos si en la firma del documento se hace constar o no la condición de vocal -aseguran en un comunicado-, pero en cualquier caso consideramos irrelevante tal circunstancia”, ya que su pertenencia al órgano de gobierno del Poder Judicial, añaden, “además de notoria, se resalta en la difusión que los medios de comunicación están haciendo de su adhesión”.

La neutralidad del Consejo, “seriamente comprometida”

Para estos vocales, “aun tratándose de una posición personal y particular que no refleja la posición del CGPJ, es lo cierto que la imagen de necesaria neutralidad que debe tener este órgano constitucional queda seriamente comprometida ante la opinión pública”.

De hecho, consideran que ese paso al frente en favor de la medida de gracia para el expresidente de la Junta de Andalucía “podría entenderse como una intromisión en las competencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ha de emitir un preceptivo informe y, en su caso, de la Sala Tercera del alto tribunal llamada a una hipotética revisión del indulto”.

Según expresan en el comunicado, la firma de la petición de indulto “entraña un plus respecto de lo que podría ser una manifestación personal, una opinión sobre la oportunidad o conveniencia de otorgar el indulto”.

“Total desacuerdo”

“Esa adhesión mediante la firma del escrito dirigido al presidente del Gobierno de España supone un papel activo y relevante, con una difusión aumentada por el carácter de autoridad del gobierno judicial, que colisiona con los referidos deberes de prudencia y neutralidad que deben guiar la actuación del Consejo General del Poder Judicial”.

Por esas razones, muestran su “total desacuerdo con la participación” de Sepúlveda en la solicitud del indulto, que además puede acarrear, advierten, una “aparente intromisión” en asuntos sobre los que deberán pronunciarse los tribunales.

Fuentes del sector conservador van aún más allá y se preguntan “si es prudente” que Sepúlveda participe en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional que “al final de la cadena, tendrán que pronunciarse sobre los indultos que va pidiendo o sobre los recursos de amparo que plantee el condenado para el que pide clemencia”.