Terrorismo

Las cárceles, semillero de yihadistas

La puesta en libertad de un condenado por yihadismo, que fue acusado de dirigir el “Frente de Cárceles”, causa preocupación entre los expertos

Fachada de la Audiencia Nacional
Fachada de la Audiencia NacionalGustavo ValienteEuropa Press

La Audiencia Nacional (AN) ha acordado recientemente dejar en libertad a Abderrahmane Tahiri, conocido también como Mohamed Achraf, que estaba en la cárcel por supuestamente encabezar un “Frente de Cárceles” yihadista. Estaba a la espera de conocer la sentencia de su último juicio, en el que la Fiscalía le acusó de ser el cabecilla de deicho “Frente”. La operación, denominada “Escribano”, la realizó la Guardia Civil.

Todo parece indicar que los jueces no han encontrado suficientes evidencias entre las aportadas por los especialistas de la Benemérita para condenarle a una pena superior a los cuatro años, periodo máximo, que lleva como preventivo; o bien lo han absuelto. La sentencia no se conoce aún.

Sin poner en tela de juicio la decisión de los magistrados, lo que parece acreditado es que Acraft es un peligroso yihadista y que las cárceles, como tantas veces ha quedado acreditado, sirven para reforzar el fanatismo y, en algunos casos, para iniciar en el yihadismo a reclusos comunes de origen musulmán condenados por delitos comunes.

Veamos algunos casos. El propio Achraf fue condenado a 14 años de cárcel en 2008 en el marco de la “Operación Nova” por un delito de pertenencia a organización terrorista en concepto de promotor y director por erigirse desde la cárcel de Topas (Salamanca) en el líder-emir de un grupo de presos a los que adoctrinó en la idea salafista para realizar la “guerra santa” de la religión islámica a través de ataques violentos. Entre sus planes estaba atentar con un camión-bomba contra la sede de la propia Audiencia “como lugar emblemático de la lucha contra el terrorismo”.

Hay algunos más. En 2020, Reino Unido sufrió tres atentados cometidos por individuos que se habían radicalizado en la cárcel. El ciudadano libio, Jairi Saadalá, de 25 años, fue detenido después de asesinar, cuchillo en mano, a tres personas y dejar a otras tres malheridas. Había pedido asilo político. Aunque durante su estancia en tierras británicas se había convertido al cristianismo, en los 12 meses que ha estado privado de libertad fue, según todos los indicios, captado por el yihadismo (hasta el punto de querer viajar a Siria a combatir).

Ese mismo año, dos reclusos yihadistas atacaron con armas blancas a cuatro funcionarios en la cárcel de Whitemoor, en Cambridgeshire. Uno de los agresores era Brusthom Ziamani, de 24 años, declarado culpable de preparar un acto de terrorismo en 2015 .

También en 2020. Sudesh Amman, de 20 años, que había sido puesto en libertad hacía apenas diez días, tras haber cumplido la mitad de una pena de tres años y cuatro meses por delitos de terrorismo, perpetró otro atentado en el sur de Londres. Llevaba un chaleco explosivo y atacó a tres personas antes de ser abatido por los agentes policiales. Era un fanático seguidor del Estado Islámico y de los atentados indiscriminados.

El año anterior, había sido un tal Usman Khan, otro ex convicto recién salido de la cárcel, donde cumplió sentencia por delitos de terrorismo, el que atacó a puñaladas, de manera indiscriminada, a viandantes que paseaban por el Puente de Londres. Mató a dos personas y otras tres resultaron heridas.

Volvamos a nuestro país. Tal y como informó LA RAZÓN, pocas veces se ha enfrentado el Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC) con un caso similar. Saber, por sus investigaciones, que estaban ante un individuo potencialmente peligroso por yihadismo, que, además, conducía un camión de gran tonelaje por España y fuera de nuestro país, y tener que detenerlo hasta en tres ocasiones para que ingrese definitivamente en prisión con el fin de cumplir condena.Durante los periodos de libertad, el SIGC se vio obligado a desplegar un equipo de seguimiento e intervención permanente de 50 efectivos, con el coste que supone. Todo ello para garantizar la seguridad de los ciudadanos. La víspera de su arresto había colgado, en plan desafiante, un vídeo en el que daba a entender que sabía que iba a ser detenido de nuevo, ya que el jefe de su empresa, que le ha mantenido en el puesto en los periodos en que ha estado en libertad, le había pedido que volviera urgentemente a la base sólo con la cabeza tractora.Se trata de Allal el Mourabit Ahammarb, cuya máxima aspiración era integrarse en Daesh (Isis, Estado Islámico) o, alternativamente, emprender una acción suicida. Los investigadores subrayan el hecho de que tenía en sus manos un camión y recordaban las masacres cometidas con este tipo de vehículos en Niza y Berlín. La primera detención fue en Irún en noviembre de 2016. La Guardia Civil le arrestó cuando regresaba con su vehículo de Alemania. Ya se sabía que mantenía contactos con miembros de Daesh en Siria. Ingresó en prisión, pero no estuvo mucho tiempo, ya que, en julio de 2019, los agentes del SIGC tuvieron que volver a detenerle, esta vez en Pamplona, dado que seguía con su labor en el mundo yihadista con un perfil más radicalizado. Había intentado, hasta en dos ocasiones, en 2014 y 2016, integrarse en Daesh y, para ello, viajó a Turquía, según fuentes antiterroristas. Marroquí, de 48 años, se dedicaba a administrar varios perfiles y canales en redes sociales, con una fijación en la justificación de los ataques suicidas como medio legítimo de lucha contra occidente.

En diciembre de 2028, Chérif Chekatt, de 29 años, de origen argelino, abrió fuego contra la multitud en el tradicional mercado navideño de Estrasburgo al grito de “Alabado sea Alá”. Asesinó a a cinco personas y dejó heridas a otras 11,, cinco de ellas de gravedad. Había sido condenado 27 veces, la mayor parte de ellas en Francia, pero también en Alemania y en Suiza, siempre por robos y por actos violentos. En varias ocasiones entró en prisión y fue ahí, según la Fiscalía, donde se produjo su radicalización islámica y donde comenzó a practicar un proselitismo religioso. Actitudes que fueron detectadas por la administración penitenciaria, lo que llevó a su inclusión en el registro de sospechosos radicales y a vigilarle.

Un caso significativo es el del argelino Alekema Lamari, uno de cerebros de la masacre del 11-M en Madrid, con el resultado de 193 muertos y 2.057 heridos. Este individuo fue detenido y condenado por su pertenencia al GIA, un grupo yihadista de su país y, por un error judicial, fue puesto en libertad antes de tiempo. En vez de tratar de reincorporarse a una vida normal en las labores agrícolas en las que habitualmente trabajaba, rápidamente se puso en contacto con los otros miembros de la cálula terrorista. Todo parece indicar que se radicalizó en la cárcel al considerar que había sido injustamente arrestado. Las consecuencias son conocidas.

Hay otros muchos casos que acreditan que las prisiones son un semillero de terroristas yihadistas. Pese a los esfuerzos que se hacen para tratar de desradicalizar a estos individuos, los resultados son mínimos. No se puede afirmar que todos los que salen a la calle sean potenciales terroristas, porque no sería exacto, pero la experiencia demuestra que muchos de ellos son sujetos peligrosos. Su expulsión de España es la medida más acertada, pero otros se quedan en territorio nacional. Las Fuerzas de Seguridad, en su labor permanente para combatir este terrorismo, procuran estar atentas a cualquier indicio que apunte a su reactivación, pero la seguridad nunca es un valor absoluto.