Presupuestos a “distintas velocidades”: Sánchez empieza con PNV y Bildu

La aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2023 se antojan, seguramente, como el principal hito legislativo que le queda al Gobierno hasta el final de la legislatura. Y los afronta bajo un clima bastante propicio porque es año de elecciones municipales (suelen ser una buena fuente de financiación para determinados proyectos) y tras conseguir restaurar las relaciones con la mayoría de la investidura, aunque tampoco es sinónimo de que vaya a tener un paseo apacible. Sobre todo, teniendo en cuenta que tanto Esquerra (13 diputados) como PNV (6) han dado señales en las últimas semanas de ser muy fiables, pero también han amagado con romper con Moncloa.

Los presupuestos dieron ayer el primer paso con la aprobación del techo de gasto en el Congreso, que asciende este año a 198.221 millones de euros (récord en términos absolutos, pero menor que el año pasado en términos relativos por la inflación). El techo de gasto salió adelante con el voto a favor de 195 diputados (PSOE, Podemos, PDeCat, Cs, PNV y Bildu). El PP se abstuvo y Vox votó en contra.

Pedro Sánchez tiene ahora 153 apoyos asegurados y necesita alcanzar 176. Con ERC, PNV y Bildu llegaría a 21 y, por tanto, necesitaría apoyarse en los socios minoritarios (Coalición Canaria, Teruel Existe y Partido Regionalista Cántabro). También podrá recurrir a PDeCat y Ciudadanos, que están abiertos a negociar. Negociaciones indispensables debido a la frágil aritmética que ofrece el gobierno de coalición, más después de que en la cuota morada sigan sin resolver su quebradero particular. Llevan un año sin poder valerse de su escaño 35, tras que la Justicia retirara el escaño a Alberto Rodríguez. Tampoco cuentan con el de otra diputada que se pasó al grupo mixto por tensiones con el grupo confederal, aunque en la formación sí esperan su «sí». Con estos dos escaños, Moncloa no tendría que negociar con los partidos regionalistas o con la formación naranja, lo que implica más negociaciones y más compromisos que cumplir en un hemiciclo multicolor.

Con Esquerra ha dejado las conversaciones prácticamente para el final y ha optado por empezar con PNV y Bildu, ya que desde el Gobierno se puede interpretar que son más asequibles para llegar a un acuerdo. No obstante, los republicanos sostienen que las relaciones con Moncloa han ido a mejor en las últimas semanas y, pese a determinadas escenificaciones públicas (debates encendidos en el Congreso sobre la situación de los independentistas con problemas con la Justicia), se están reconstruyendo las confianzas. No obstante, hay diferencias de fondo que pueden dinamitar las negociaciones de los presupuestos: más allá del «procés», que está negociándose entre gobiernos para dar salida a los problemas con la justicia de los independentistas, están los incumplimientos del acuerdo de presupuestos del año pasado. Y, en este sentido, en Esquerra muestran bastante malestar porque consideran que faltan todavía cuestiones por cumplirse. En todo caso, de momento, aseguran que ha habido contactos técnicos y ya están preparando el listado de exigencias (aumento del gasto social y de inversiones en infraestructuras, con especial énfasis en el Corredor del Mediterráneo), aunque es todo muy embrionario.

Un ritmo que contrasta con PNV y Bildu, que sí han iniciado ya conversaciones con el Gobierno desde la semana pasada. Los nacionalistas vascos llegan con malestar a las negociaciones por la parálisis de las transferencias de competencias acordadas ya hace dos años y, de hecho, es algo que ha calado en la militancia (más de un 80% está a favor de romper con el Gobierno si no se ejecutan los traspasos). Y, por ello, van a dibujar un marco también exigente para negociar: no quieren oír hablar de las transferencias de competencias como «moneda de cambio» de los presupuestos. Cabe recordar que una de las medidas estrella del pacto presupuestario del año pasado fue el traspaso del Ingreso Mínimo Vital, algo que se ha completado ya. Desde Bildu parten siendo conscientes de que van a ser «complicados» porque son los últimos de la legislatura, pero también han querido diseñar ya su terreno de juego: políticas sociales, impuestos a las grandes empresas (piden elevarlos aún más a energéticas y banca) y ahondar en la reforma laboral (una exigencia que se ha materializado en una proposición de ley junto a ERC, aunque aún sin debatir). Del resto de grupos minoritarios, Teruel Existe ha sido el único en mantener contactos, aunque «casi protocolarios». Coalición Canaria y el Partido Regionalista Cántabro no han tenido contacto.

El nudo gordiano de las cuentas no ha salido todavía de los muros de Moncloa, donde si bien la parte socialista repite que se presentarán «en tiempo y forma» a finales de mes o principios de octubre, no lo tienen tan claro en la cuota morada que denuncian que las reuniones sobre los PGE están estancadas y, pese a eso, siguen redoblando sus exigencias: ley de vivienda, más inversión social y limitar el impacto del aumento en Defensa. El impuesto a las grandes fortunas que ahora abraza el PSOE, debería ser para los morados incluido en las cuentas públicas, sin embargo en Hacienda todavía no lo confirman este extremo y limitan el efecto de la medida a una extensión temporal. No dudan, eso sí, en su aprobación, que ven como el examen final con el que se evaluarán en 2023, en las generales.