El PP forzará al PSOE a posicionarse con la okupación

En un momento de máxima tensión en Moncloa a causa de las discrepancias constantes para avanzar en la agenda legislativa. Con la ley trans en plena disputa y en el historial varias leyes bloqueadas por el desacuerdo entre socios. Con estos mimbres, el PP aprovechará para que el PSOE se retrate en una cuestión clave que volverá a dividir a los socialistas y morados. La okupación. Una materia sensible para la coalición, que ya generó el pasado mes una disputa entre ambos, por presentar los socialistas una enmienda para acabar con la okupación ilegal de viviendas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). Los morados clamaron entonces por introducir estas enmiendas a la vez que se mantiene paralizada la ley de vivienda por el rechazo a prohibir los desahucios sin alternativa habitacional. Así, el Partido Popular buscará que los socialistas apoyen una moción en la Cámara Baja para interpelar al Gobierno sobre las medidas que piensa llevar a cabo «ante el aumento de las ocupaciones ilegales de viviendas».

Los populares retarán al PSOE a apoyar que el desalojo se tenga que realizar cómo máximo en 24 horas –la enmienda del PSOE habla de 48 horas–desde el requerimiento, si los ocupantes del inmueble no acreditan el título jurídico que legitime su permanencia en el mismo. Concuerda con las enmiendas registradas por los socialistas, que proponen dos modificaciones legislativas para agilizar los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente: que los jueces puedan ordenar la salida de los okupas en 48 horas y que los jurados populares dejen de ocuparse de los casos de allanamiento de morada. Los socialistas tendrán difícil no apoyar las recetas de los populares cuando ya las han planteado por escrito en la LeCrim de modo parecido y así, con toda previsión se reabrirá la brecha entre PSOE y Podemos. Más aún, deberán respaldar la moción de los populares si quieren que sus enmiendas salgan adelante, al no contar con los votos de Unidas Podemos para ello. Los morados creen que es una forma de poner más palos en las ruedas, mientras que se encuentra paralizada la ley de vivienda por los desacuerdos para limitar los precios de los alquileres o paralizar los desahucios de familias vulnerables sin una vivienda alternativa. Y con este horizonte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer desde Barcelona un paquete de medidas para luchar contra la okupación ilegal entre las que están los desalojos exprés en 24 horas y la petición al Gobierno de reforzar las penas por delito de usurpación de vivienda, con hasta tres años de cárcel. «Tiene que haber un partido que coja la bandera de los derechos fundamentales de los catalanes y los defienda siempre. La okupación no es de derechas o izquierdas, es un delito», advirtió Feijóo en un ciclo de jornadas organizado por el partido.

Entre las iniciativas también se encuentra la propuesta de considerar nula la inscripción de un okupa en padrón oficial; devolver las cantidades abonadas por al propietario de esa vivienda que ha sido ocupada, el IBI del ayuntamiento en cuestión y el Impuesto de Patrimonio –si lo hay– por el periodo que haya durado la ocupación ilegal de la vivienda; o prohibir que un inmueble ocupado ilegalmente pueda tener la consideración de morada o domicilio.

En su propuesta, los populares se hacen eco de la «preocupación» por el incremento de estos delitos, alimentados por la «pasividad» y «complicidad» del Gobierno. Desde que Sánchez aterrizó en la Moncloa, subrayan, la okupación se ha disparado un 46%por ciento, mientras que la media de denuncias diarias alcanzó las 49 durante el primer cuatrimestre del año. «A un ocupante ilegal no se le puede desahuciar, se le desaloja; y al vulnerable se le protege», exigen los populares.

«Nos encontramos con un gobierno que se sitúa entre el populismo de izquierdas y el partido de Sánchez con unos ministros que están en contra de la ocupación ilegal de las viviendas, otros tibios que no se definen y otros que lo entienden», censuró Feijóo en la primera ronda de convocatorias por el país que tiene por objeto acercarse a los ciudadanos de cara al próximo ciclo electoral.