La Guardia Civil utilizó el sistema SITEL para seguir a los separatistas catalanes

Todo legal, mal que les pese a los que desde el separatismo catalán y la ultraizquierda quisieran presentar, en función de informes realizados por entidades de dudosa fiabilidad, que el seguimiento a elementos que trataban de desestabilizar España, se hizo al margen de los tribunales, mediante un espionaje ajeno a las normas que están marcadas para estos casos.

Tal y como ha informado en exclusiva LA RAZÓN en su edición de hoy, la Guardia Civil siguió muy de cerca los viajes que algunos de los imputados en la causa sobre el «CNI catalán» hicieron a Bélgica en aras de preparar una república digital en 2019 tras el fracaso del referéndum independentista de 2017 y el posterior juicio del «procés» en 2018.

El sistema utilizado por los agentes, según ha podido saber este periódico, es el SITEL, que ha adquirido el Ministerio del Interior a través de su Portal de Transparencia. Nada de Pegasus o instrumentos alegales. Y todo autorizado por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.

El asunto, tal y como adelantó este periódico el pasado mes de mayo, estaba judicializado y la Guardia Civil actuaba como Policía Judicial, con el apoyo puntual del CNI en aquellos aspectos técnicos en los que está mejor dotado que las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE).

El sistema para la realización de las escuchas de los móviles de los implicados, que es el mismo que se emplea para investigar a cualquier otro delincuente, es el ya conocido SITEL o SINTEL, que es absolutamente legal, y sobre el que Interior está realizando continuas actualizaciones y mejoras, hasta el punto de que la última se llevó a cabo el año pasado mediante un concurso público insertado en el portal de transparencia.

Se trata, por lo tanto, de un medio técnico puesto a disposición de las FSE dentro del marco normativo y procedimental de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal y que nada tiene que ver con la empresa NSO que fabrica el sistema Pegasus.

La utilización de este medio no se debe a un supuesto veto del CNI, algo que no está acreditado y que desmienten medios próximos al Ministerio del Interior consultados por LA RAZÓN. Que los dos sistemas se parezcan es lógico, toda vez que las herramientas son muy similares; se diferencian en el rendimiento (efectividad) y coste económico.

El 23 de febrero de 2018, la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad del Ministerio del Interior abría un proceso de licitación que sería complementado en junio de 2021. Se trataba de una adjudicación para la adquisición de “actualización que proporciona capacidades avanzadas para el registro remoto de la plataforma SILC (según fuentes consultadas SILC no es más que una parte del conjunto SITEL) de interceptación legal de las telecomunicaciones para las direcciones generales de la Policía y la Guardia Civil.

El sistema SILC es el acrónimo del Sistema de Interceptación Legal de las Telecomunicaciones, es decir, el instrumento policial por el que deben regirse las intervenciones telefónicas y de comunicaciones en las investigaciones, siempre, con tutela judicial. El pliego de prescripciones técnicas del ministerio del Interior donde indicaba los delitos por los que se puede utilizar por CNP y Guardia Civil, entre ellos, de los que fueron acusados los independentistas.

El contrato fue adjudicado y formalizado por cinco millones de euros a DARS TELECOM (que no tiene nada que ver con la NSO israelí), 6.050.000 euros con impuestos incluidos el 28 de septiembre de 2021.

Y todo esto se sabe, señalan las fuentes consultadas por este periódico, no por una filtración de información clasificada; se conoce porque el propio Ministerio publicó esta información en el Portal de Trasparencia.