De aquellas maneras

Seguimos hablando de renovación del Consejo General del Poder Judicial hoy, octubre de 2022. No es que sin darse cuenta hayan caído en una edición del periódico de hace tres semanas, ocho meses o dos años. Es que la cosa sigue, solo que ahora ya urge. En plenas prisas repentinas por solventar el asunto cuanto antes y con toda la voluntad, dicen, puesta en alcanzar el acuerdo necesario, con todo el optimismo por ambas partes (como si no llevásemos en eso desde diciembre de 2018), faltaba el perejilillo de todo ajillo: Podemos.

Con el año electoral a la vuelta de la esquina y el aliento de la extinción en la nuca, conscientes de que ahora o nunca, han decidido que la despolitización de la Justicia pasa por politizarla ellos mismos: quieren a Victoria Rosell como vocal o dejan de respirar. Cabalgar contradicciones, lo llaman. Y aunque Izquierda Unida se desmarca (pide no focalizar en los nombres de los candidatos) y Yolanda Díaz tampoco se pone flamenca (ella está a lo suyo y no está para lo de los demás), el coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, insiste en que mantendrán la petición de que sea Rosell hasta el final y no se han planteado qué hacer en caso de veto por parte del PP.

Una negativa que, por otra parte, no sorprendería. Ya Alberto Núñez Feijóo dejó claro que no apoyarían a ningún candidato que ocupe cargos públicos o políticos y Rosell es delegada del Gobierno contra la violencia de género y renunció a su escaño, obtenido como candidata de Podemos, meses después de su nombramiento. Irene Montero, conciliadora y serena como pocas, señala la posible negativa del PP al nombramiento de Rosell como la ejecución de una «venganza política».

Por si todo esto era poco, para que la cosa no decaiga en emoción y nadie piense que esto está ya hecho, habría que añadir al guiso de las negociaciones la reforma legal del delito de sedición que tiene sobre la mesa el Gobierno para conseguir sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2023 con el apoyo de ERC. El PP insiste en que separan ambas negociaciones y en no ligar la renovación del CGPJ, tras cuatro años enquistada, a la actualidad. Aunque la actualidad consista en poner facilidades a los delincuentes que atentan contra la Constitución y contra nuestra democracia. A lo mejor habría que darle a eso una vueltecita…

Porque si al final, casi en el tiempo de descuento y después de tanto haber aguantado el pulso, con la imagen pública de Pedro Sánchez por los suelos, la Comisión Europea insistiendo en la renovación y de su parte en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la elección de los vocales, si ahora, digo, cede en todas sus pretensiones y traga para así desbloquear la situación, no se va a entender de ninguna de las maneras que se haga ahora pero no antes.

Si el pacto definitivo es, como dicen, cuestión de días y no se ha conseguido ninguna de las pretensiones, ni siquiera las más loables (despolitizar la Justicia era la bandera), va a ser interesante ver por dónde va el cuento de Feijóo para justificarlo. Ni siquiera una supuesta y loable responsabilidad de Estado (¿por qué ahora, si era a cambio de nada, y no mucho antes?) parece una buena excusa para alguien que está a las puertas de tener que convencernos de que es nuestra mejor opción de voto.

Me esperaré al pacto definitivo para decidir si, en caso de asalto a banco conmigo y otros clientes dentro, me gustaría que fuese él a quien pusiesen al otro lado del teléfono para pactar con los malotes cuántos millones en billetes sin marcar, cuántas pizzas familiares y helicóptero en la azotea a cambio de nuestras vidas intactas.