Objetivo del PP con el pacto judicial: «Centrar a Feijóo»

Moncloa y Génova andan ya echando cuentas de las cesiones que han tenido que hacer para concretar el pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC) y, sobre todo, que es casi lo que más importa, sobre cómo las pueden disfrazar para ganar la batalla de la opinión mediática cuando den a conocer en qué se sostiene el consenso.

El acuerdo está prácticamente «cocido» y listo para su presentación, en lo que será el primer y último pacto entre Gobierno y principal partido de la oposición antes de las elecciones generales.

Moncloa consigue el poder que le corresponde en el Consejo y en el Constitucional conforme a las reglas vigentes y el resultado de las últimas elecciones generales, porque la base de este acuerdo es que esta dirección del PP acepta los resultados de aquellos comicios y sus consecuencias en el cambio de mayorías dentro del órgano de gobierno de los jueces y del TC.

A partir de este ejercicio de realismo, el PP ha afrontado esta negociación con la idea de utilizarla para «centrar más» el perfil de su líder y echar arena sobre el argumentario oficial de Moncloa que le presenta como un «radical», «sin sentido de Estado» y con el que no se puede llegar a consensos.

Morder ahí es importante para el PP porque éste es un mensaje que le debilita en su objetivo de ensanchar su base electoral con voto socialista de las últimas generales y que hoy podría buscar refugio en una opción moderada y que le ofrezca «tranquilidad» y «gestión». Así lo recogen los informes demoscópicos sobre los que construyen su táctica electoral.

Sobre esta base, Génova ha optado por colocar encima de la mesa un acuerdo que sabe que tendrá un coste entre sectores próximos a la derecha porque recibirá críticas. Pero quiere confiar en que salvará la cara por la vía de sacar pecho con argumentos como el de que ha conseguido «imponer los criterios de idoneidad en la elección de los candidatos», una condición que ya figuraba en la oferta de pacto que en julio hicieron llegar al presidente del Gobierno, con motivo del primer encuentro entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en Moncloa.

La «cabeza» de la jueza Victoria Rosell es la factura que se cobra Génova para utilizarla como símbolo de que ha forzado una «despolitización» del CGPJ, después de haber hecho el camino, «por sentido de Estado», así lo subrayan fuentes de Génova, que pudo andar Pablo Casado desde el inicio de la legislatura.

También saben en Génova que esta factura que se cobran genera fuertes tensiones dentro de la coalición de gobierno. Moncloa ha aceptado esos criterios de idoneidad, según dice el PP, y eso deja fuera a la jueza de Podemos. Los morados ya han empezado a exhibir su berrinche, soportable para el PSOE en tanto que saben que los ministros de Pablo Iglesias no abandonarán, en ningún caso y ante ninguna afrenta, sus carteras ministeriales.

Aunque no se rompa el Gobierno, las tensiones tienen un coste desestabilizador cada vez mayor. La jueza de Podemos no estará, pero a Podemos se le ha dado la oportunidad de que elija otro nombre, con más disimulo en su perfil morado. O dicho de otra manera, que cumpla los requisitos en los que se envuelve el reparto de vocales.

De la misma manera que desde Moncloa se han hecho cesiones, los populares también rectifican sus posiciones, como aquel discurso que hizo en su día la dirección que encabezaba Casado y que negaba a Podemos la entrada en el órgano de gobierno de los jueces.

El sistema de elección del Consejo es el que más quebraderos de cabeza está provocando. Por más que lo planteen en Europa, y por más que el PP no pueda firmar este acuerdo sin que haya un compromiso de modificación del actual sistema –aunque sea un brindis al sol al quedar condicionado a la mayoría parlamentaria–, la realidad es que las dos partes, Moncloa y PP, son igual de conscientes de que modificar las reglas actuales para dar más poder a la carrera judicial favorece, innegablemente, el control conservador. Basta con tomar como referencia las asociaciones judiciales y la capacidad de representación de Jueces para la Democracia (sector progresista).

En cuanto Moncloa y PP oficialicen el reparto se cortará de nuevo la comunicación entre los dos partidos, sin más espacio que el de la contienda electoral.

El PP está inmerso, de hecho, en la estrategia de incomodar a los socialistas ocupando espacios que, en teoría, son suyos: Feijóo se fotografía con el feminismo socialista, se reúne con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y saca partido de las diferencias entre los dos socios de coalición.

Pero el PP también tiene sus boquetes en el camino y sabe que le quedan por delante unos meses difíciles, en los que se enfrenta al reto de intentar aguantar en las encuestas hasta que lleguen las elecciones de mayo. Necesita que sean su trampolín a las generales y que hipotéticas victorias con las que cuenta le sirvan para dar otro salto en la competición demoscópica con el PSOE. Confía en la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid, por ejemplo.