Sánchez entrega la sedición y renuncia a tipificar el referéndum

Primero con «nocturnidad», y ahora con «alevosía». Esta fue la crítica general que se oía en el Congreso de los Diputados ayer, donde el Gobierno y sus socios allanaron el camino para suprimir el delito de sedición del Código Penal rechazando las cinco enmiendas a la totalidad, a pesar de la oposición de buena parte de la Cámara.

El Ejecutivo ha querido pisar el acelerador y forzó un pleno extraordinario tan solo siete días después de que la proposición de ley presentada por PSOE y Unidas Podemos fuera debatida en pleno, de madrugada. Nada habitual, pero con el objetivo de pasar rápido de pantalla para evitar que la reforma les pase factura, a las puertas de un año electoral. Así se entiende que, a pesar de la importancia del debate, la presencia de los ministros fuera casi nula. Solo María Jesús Montero, Irene Montero y Alberto Garzón, presenciaron parte de éste. El ejecutivo no quería hacerse responsable de la foto del carpetazo a la sedición.

El objetivo del Gobierno pasa por acelerar los plazos y aprobar la derogación del delito de sedición antes de que termine este año, algo que la oposición ha interpretado como un pago a ERC por su apoyo a los Presupuestos. El presidente del Gobierno cede así ante sus socios con la sedición, a la par que entra en su propia contradicción, al renunciar a tipificar el referéndum ilegal, como prometió en la campaña electoral de 2019, previa a las elecciones. Con la supresión en vigor, se podrán reducir las penas de los que ahora se encuentran condenados por sedición y sí, ahora, el mundo independentista decidiese volver a cometer, se les juzgaría por un delito de desórdenes públicos.

El Congreso rechazó las enmiendas que presentaban PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP a la reforma. Todos ellos, censuraron las prisas del Gobierno, así como que eligieran la fecha de ayer para celebrar el pleno, coincidiendo con el partido del mundial España-Japón. «Con alevosía», decían en UPN y Cs, a pesar de que el pleno terminó horas antes. «El gobierno lo hace de prisa, intentando tapar con un partido la derogación porque saben que es una infamia», criticó la oposición.

El Ejecutivo logró salvar los escollos pero con sonoras reprimendas por parte de la oposición. Precisamente las enmiendas del PP buscaban tipificar el referéndum ilegal, como antes prometía el Gobierno. Los populares defendían también mantener el delito de sedición tal cual está recogido en el Código Penal. El diputado Carlos Rojas reprochó que «los delincuentes que desafían a España no pueden ser socios de nadie». Y acusó a la bancada socialista de cambiar el delito para «mantener a Sánchez un año más en la Moncloa». Igual que la pasada semana, volvió a pedir a los diputados socialistas que rompieran la disciplina de voto. El PP se comprometió, además, a que cuando vuelvan al poder, el delito de sedición volverá al Código Penal. En su defensa al «no» a la sedición, acusó al Ejecutivo de «perder sus principios e identidad».

Desde Vox, su portavoz Javier Ortega Smith defendió con su enmienda a la totalidad que aquel que atente contra la nación, si no es nacional de origen, pierda la nacionalidad. «Es un derecho y un privilegio, no se puede otorgar a quien atenta contra esto», aseguró. De esta manera, invitó al portavoz de ERC, Gabriel Rufián a que renuncie a su nacionalidad española. «Tome un avión y márchese. Tenga el valor de renunciar a la nacionalidad española. Pida la nacionalidad de Corea del Norte o Cuba», dijo.

En Cs cargaron contra el Ejecutivo por tratar de erosionar el Estado. La diputada de Ciudadanos, Inés Arrimadas, desmontó el argumento del Gobierno de que era necesario homologar el delito de sedición con los estándares europeos. «No es cierto que en Europa las penas del delito de sedición sean menores», recordando que en Alemania se establece un mínimo de 10 años hasta la prisión perpetua. En Francia, hasta cadena perpetua, en Italia, un mínimo de 12 años y en Bélgica entre 20 y 30 años de prisión. «La excepción de España es que tenemos un Gobierno que apoya delincuentes», criticó. A su juicio, con esta reforma, Sánchez trata de perpetuarse en el Ejecutivo. «Sánchez no tiene escrúpulos ni ideología. Va a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder».

Desde ERC, lejos de rebajar la crítica a pesar de que la reforma beneficiará a sus líderes independentistas, se advirtió que serán «muy exigentes» en la tramitación parlamentaria según la diputada Carolina Telechea. Los republicanos plantearon sus críticas al texto registrado para la derogación de la sedición. «Es muy difícil saber que los tribunales van a intentar aplicar un nuevo Código Penal que sea probado. Se hace difícil confiar en que la interpretación sea justa», confesó. Advirtió, además, de que estarán vigilantes para que el delito de desórdenes públicos quede «muy bien tipificado», para evitar que se «criminalice» la protesta «pacífica». Crítica igual llegó desde la CUP y Junts.

Desde Unidas Podemos, el diputado Jaume Asens volvió a defender que la derogación de la sedición no es una «receta» de ERC, sino que llega del propio programa electoral de su partido.

El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, criticó que la oposición no hubiese mantenido un «debate jurídico» sobre la ley, «sino que se hablase sobre el independentismo y de la acción del gobierno de Sánchez en Cataluña». Ante eso, defendió que su gobierno «hace política en Cataluña». Criticó que el PP, dijo, «haga política contra Cataluña» y denunció que el comportamiento del PP cuando está en el Gobierno, «cambia». «Traspasan competencias a la Generalitat, anuncian inversiones millonarias en Cataluña, pero, si lo hace el PSOE es un agravio con el resto de comunidades».

Superados los primeros escollos, queda todavía la duda de sí ERC elevará como precio la reforma de malversación –a través de una enmienda parcial–, aunque la pretensión ha sido rebajada al máximo tanto por los republicanos como por el Gobierno.