Congreso

La reforma de la malversación divide al bloque de investidura

Esquerra está negociando los cambios en ese delito, aunque reconoce que es delicado por los efectos que puede tener sobre condenados por corrupción

Tan solo 24 horas después de que el Gobierno reconociera que estaba abierto a una reforma del delito de malversación que acompañara la supresión del delito de sedición (por ambos delitos han sido condenados los políticos del “procés”), Esquerra ya ha iniciado las negociaciones, aunque el desenlace se antoja complicado de conocer. Todo el bloque de investidura coincide en compartir la necesidad de suprimir la sedición, pero no todos creen que debe revisarse la malversación. Así, tanto los republicanos como un sector de Podemos (los diputados catalanes) sí creen que debe abordarse, mientras que otro sector de Podemos y partidos del bloque de investidura porque abriría la puerta a rebajar las penas a condenados por corrupción.

Así las cosas, el propio Gabriel Rufián ha reconocido que “hay que ser quirúrgico en el debate y articulación de estas enmiendas” y ha planteado que la reforma de la malversación vaya dirigida solo a eximir a los condenados de sedición. “Entendemos las contradicciones”, ha señalado. “Se trata de que no use el Código Penal como castigo ideológico, y no somos sospechosos de querer blanquear ninguna corruptela”, ha afirmado Rufián, sacudiéndose las acusaciones de que esta reforma podría facilitar la exoneración de delitos de corrupción. “Entendemos que hay que intentar acotar mucho más el Código Penal para modernizarlo y poner mucho más difícil que se interprete de forma capciosa o e ideológica”, ha señalado.

Ferran Bel (PDeCat) se ha alineado también con la reforma de la malversación para diferenciar entre si hay beneficio personal o no lo hay. “Vamos a ver en el trámite de enmiendas cómo se puede matizar”, ha asegurado.

Joan Baldoví (Compromís), en cambio, se ha posicionado en contra: ha asegurado que ve bien suprimir el delito de sedición, pero no tiene “claro” que se pueda “diferenciar” una malversación de otra. “Al fin y al cabo todo son caudales públicos. Esperaremos al texto definitivo para poder opinar”, ha señalado.

La preocupación por la rebaja del delito de malversación la acusa también Unidas Podemos. Los debates que los portavoces dan en público en los medios de comunicación no se producen en privado, en los espacios de diálogo de la confluencia. Ayer era el jefe del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, quien aseguraba que el espacio se mostraba partidario de que la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición afecte también al de malversación. Este martes mismo, en Podemos precisaban que esa era solo la opinión del portavoz catalán o de la rama de los comunes en el Congreso de los Diputados. Asens abonó esta idea después de que el propio Gobierno abriera la puerta a ello. Según explicó entonces Asens, la idea es que ahora en el Código Penal se diferencia entre quienes consiguen un lucro personal con el robo de las arcas públicas y de los que no se han beneficiado económicamente.

Algo que ha sido frenado en seco por parte de Podemos, que a su vez no esconde su malestar por la fórmula en la que se ha negociado la reforma del delito de sedición, sin contar con ellos. El portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, ha precisado hoy esas palabras, advirtiendo de que el espacio confederal aún no se había dado ese debate (sobre malversación). Podemos no asegura así el apoyo a la reforma y subraya que es un tema “delicado” y con “muchas aristas”. De hecho, Podemos espera a que haya una propuesta por escrito para que los equipos jurídicos del partido la estudien, mientras defienden que la derogación del delito de sedición es “una buena noticia” mientras que la reforma del delito de malversación “tiene aristas que a nadie se le escapa”, en relación, según fuentes del partido a los efectos que podrían tener en condenados por corrupción, más allá de los líderes del procés.

Mientras, en Izquierda Unida y los comunes son firmes partidarios de la reforma. El propio portavoz y dirigente de IU, Enrique Santiago ha asegurado que es una cuestión de “seguridad jurídica”. Parece “bastante conveniente adaptar otros tipos penales”, ha confirmado.