Un código penal a la carta

La reforma del código penal para adecuarlo a los fines políticos de Pedro Sánchez constituye una burla al sistema legal y un asalto de poder en toda regla. Si las normas no me gustan, no se preocupe, que pongo otras. El Gobierno ha eliminado el delito de sedición para que sus socios golpistas reciban una amnistía encubierta. Además, les concede que quienes roben al erario público “sin ánimo de lucro personal” puedan hacerlo a mansalva, al estilo de Luis Candelas. A partir de ahora, todo político entregado a una causa funesta podrá meter mano en la caja para lo suyo. Sea comprar urnas de votación anticonstitucional a China, pagar viajes al extranjero para traicionar a su país o financiar campañas publicitarias prometiendo que todos los días “habrá helado de postre” (como se hizo en el procés, literalmente, que eso rezaban los carísimos pasquines amarillos pagados con el dinero de todos). Siempre y cuando no se paguen una casa con ello, adelante con los faroles.

Y, de paso, se aprovechan las enmiendas para ajustar la renovación del Tribunal Constitucional, de modo que tus candidatos se impongan. Visto y no visto. Se quita la mayoría de tres quintos y se sustituye por mayoría simple en el Consejo General del Poder Judicial. Y se regula que los candidatos de Moncloa puedan tomar posesión del cargo aunque el CGPJ no haya elegido a los suyos. Quien hizo la ley, hace la trampa.

Además de los cabecillas del procés, que podrán pedir al Tribunal Supremo la revisión de sus penas, también se beneficiarán de esta reforma los dirigentes independentistas del segundo escalafón, cuarenta altos cargos de la Generalitat que todavía están en fase judicial en varios tribunales de Cataluña, precisamente por prevaricación y malversación.

La oposición ha puesto el grito en el cielo. Feijoo y Abascal han coincidido en anunciar recursos al TC. El líder del PP anuncia que recurrirá a los tribunales europeos y revocará los cambios del código penal si llega al poder, pero todo suena a poco ante este asalto a las normas para adecuarlas al deseo de “pagar” a tus socios para permanecer en el poder. Ciudadanos y VOX exigen una moción de censura.

También desde el PSOE se oyen voces de protesta…que no servirán de nada, como es habitual. Ante la reforma del delito de malversación, las críticas se han levantado por parte de Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha); Javier Lambán (Aragón); Juan Lobato (Madrid) y Luis Tudanca (León). Los barones tienen miedo de la factura que esta reforma a la carta del código penal pueda pasarles en las elecciones de mayo, pero su margen de movimiento es estrecho. Con una mano, acusan de los ocurrido, pero con otra reiteran su lealtad al jefe.

Los ciudadanos asistimos atónitos a la manipulación de las leyes. No hay demanda social para los cambios: proceden directamente de los socios del Gobierno, justamente los que no aman España ni el proyecto solidario de todos. El Gobierno construye caballos de Troya y los mete en el código penal al dictado de Oriol Junqueras y Gabriel Rufián. La Navidad, el fútbol, las noticias de unos sobres amenazantes, todo conspira dulcemente para que, antes de fin de año, sin respuesta popular alguna, sobre el paisaje de la indiferencia general, este país que se defendió de ser troceado entregue al enemigo interno las armas para partirlo de nuevo. A saber, el fin de las cortapisas legales a la sedición y la malversación y la composición del Tribunal Constitucional con elementos afines que garantice que no haya vuelta atrás.

En enero empezará la campaña electoral para los comicios de primavera y el ruido extremo impedirá cualquier debate sereno sobre lo ocurrido. La nieve caerá lentamente sobre las huellas del delito.