El bloque conservador del CGPJ fuerza un Pleno para sortear la reforma de Sánchez en la renovación del TC

Vocales disconformes con la modificación legal alertan de “un asalto a las instituciones” y aseguran que con el nuevo sistema el Gobierno se garantiza “elegir a tres de los cuatro candidatos”

“Ahora sí que hay un asalto a las instituciones. Hemos tocado fondo”. La reforma legal puesta en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional (TC), que garantizará una mayoría progresista, ha generado un notable malestar en el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde algunos vocales han trasladado a LA RAZÓN su “estupefacción” por lo que consideran “un atropello”.

Fuentes del bloque mayoritario se muestran muy críticas con la decisión de PSOE y Unidas Podemos y aseguran que esa modificación legal “demuestra que no conocen límites”. Y van incluso más allá al asegurar que “estamos en un proceso revolucionario”. “La primera sensación que te da es que vamos camino de Venezuela a pasos agigantados”, afirman.

De momento, ocho vocales conservadores han solicitado al presidente en funciones, el progresista Rafael Mozo, la convocatoria de un Pleno la próxima semana para adelantar la votación de los magistrados del TC prevista para el próximo día 22. Un Pleno que el presidente está obligado a convocar cuando lo piden al menos cinco vocales. De salir adelante la elección, esta se llevaría a cabo de espaldas al procedimiento que establece la reforma del Ejecutivo, al no haber entrado aún en vigor.

Según esas mismas fuentes, la reforma del artículo 599.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula el nombramiento por parte del Pleno del CGPJ de dos magistrados del TC cuando la renovación del tribunal de garantías corresponde al Gobierno y al órgano de gobierno de los jueces (como sucede en la actualidad) “es una violación flagrante de la Constitución”.

El Ejecutivo quiere que si pasados tres meses desde que el mandato de los cuatro magistrados a renovar ha expirado (lo que sucede en la actualidad desde el pasado 12 de junio) sin que el CGPJ haya elegido a sus dos candidatos por mayoría de 3/5 esa designación se lleva a cabo por la vía rápida en un Pleno en el que cada vocal se pronuncie en una votación única y sin quórum mínimo sobre los candidatos elegidos por cada uno de ellos (con un máximo de uno por vocal). Los dos con más votos resultarían elegidos.

El CGPJ como “mero apéndice del Gobierno”

Para el sector mayoritario del Consejo, con este sistema cada bloque “elige a su candidato y sale aunque no haya consenso. No se deja votar al candidato del otro grupo”. “Así se garantizan que salen los dos candidatos mas votados, pero se nos impide elegir a uno de los dos”.

“Saben que el día 22 (cuando está convocado un Pleno del CGPJ para votar a los candidatos) vamos a votar, pero no a Bandrés” (en referencia al magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés, propuesto por el sector progresista del Consejo). Ante esa perspectiva, subrayan, se ha optado por una fórmula “para que el Gobierno pueda elegir a tres de los cuatro candidatos”, lo que tachan de “apropiación de las instituciones”. “De esta forma, consiguen un TC que no tendrá ningún problema en mancharse la toga con el barro del camino”, apuntan respecto pronunciamientos pendientes sobre la constitucionalidad de leyes de calado para el Ejecutivo como la Ley Celaá, las leyes de la eutanasia y el aborto o la reforma que limita las competencias del CGPJ cuando está en funciones.

“Es una reforma para convertir al CGPJ en un mero apéndice del Gobierno”, apuntan. “Esta modificación instaura por ley un descarado reparto de cromos sin consensuar nada”, recalcan.

“Una cortina de humo”

El hecho de que el nuevo articulado prevea incluso que si los vocales eluden esa obligación puedan incurrir en responsabilidades penales tampoco ha pasado por alto para el sector mayoritario del Consejo. “Se trata de una cortina de humo; esa amenaza es inaplicable, porque con este sistema siempre salen elegidos los candidatos”. “Nos amenazan con la cárcel... Somos peor que Junqueras”, ironizan.

El Gobierno optó por designar al exministro Juan Carlos Campo y a la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez como nuevos magistrados del TC para evitar el bloqueo en la designación de los dos jueces del Constitucional que debe elegir el CGPJ (el tribunal de garantías se renueva por tercios y ahora corresponde al Ejecutivo y al Consejo efectuar los nombramientos). Pero hasta ahora debían contar con el aval del Pleno del TC, que se negó a pronunciarse sobre los dos candidatos del Gobierno sin que el CGPJ remita sus dos propuestas (a la espera de los resultados que diese el Pleno del CGPJ del próximo día 22).

Ahora, el Gobierno también sortea ese obstáculo pues elimina ese control de idoneidad por parte del Pleno del TC sobre sus futuros magistrados y despeja también el camino para una renovación parcial del Constitucional por parte del Ejecutivo si en el CGPJ los vocales no se ponen de acuerdo y se demora su elección.