Epicentro Senado: a la espera del TC y del «cara a cara» entre Sánchez y Feijóo

Encarando la recta final de 2022, se anticipa otra semana de infarto. Con la atención judicial focalizada en el pleno del Tribunal Constitucional que hoy debe decidir si paraliza o no la tramitación de las enmiendas a la reforma del Código Penal relativas al nombramiento de sus magistrados, el curso político tendrá su epicentro en el Senado. La Cámara alta no suele acaparar la atención mediática, pero en los próximos días todo pasará por la plaza de la Marina. Si el tribunal de garantías no acepta las medidas cautelarísimas presentadas por el PP, aunque pueda admitir el recurso de amparo, mañana la proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso proseguirá su tramitación legislativa. Lo hará con la reunión de la Ponencia y de la Comisión de Justicia, los dos pasos previos a su aprobación final el jueves en el Pleno.

La expectación en la Cámara alta es máxima y fuentes parlamentarias aseguran que se valoran todos los escenarios, una vez se pronuncie el TC, que debe dilucidar si se paraliza toda la reforma o solo la parte afectada por el recurso de los populares. Esto que podría permitir que siga la tramitación, por ejemplo, de la enmienda relativa a la malversación. Ese mismo martes arranca al mediodía el Pleno en el que los Presupuestos Generales del Estado para 2023 afrontan su fase decisiva y, previsiblemente, quedarán definitivamente aprobados. Así lo señalan fuentes gubernamentales que aseguran tener amarrados todos los votos necesarios –se ha negociado también con los partidos minoritarios con representación en el Senado– para que las cuentas no se devuelvan al Congreso. El debate se extenderá hasta su aprobación el miércoles 21.

Ese mismo día, pero ya por la tarde, se producirá el último «cara a cara» del año entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Aunque, en un primer momento, los populares descartaron forzar el rifirrafe entre el líder del principal partido de la oposición y el presidente del Gobierno, reconsideraron posteriormente su decisión, una vez que se desató la polémica sobre la malversación. Bola extra para Feijóo en su estrategia de desgaste al Gobierno. En Moncloa, sin embargo, no tuercen el gesto. «Estamos encantados de ir al Senado», dicen, «tantas veces como sea necesario». En el Ejecutivo creen que cada «cara a cara» contra Feijóo es una oportunidad para desnudar las carencias del líder de la oposición. Esto, según argumentan, les da la «iniciativa» que necesitan en una recta final del año en la que han ido encadenando controversia tras controversia y que les ha impedido marcar la agenda.

El menú de la sesión de control, que será doble –por la mañana en el Congreso y por la tarde en el Senado–, pivotará sobre dos elementos: por un lado, defender su gestión, con la aprobación de los Presupuestos como bandera de estabilidad y políticas sociales; por otro, atacar al PP por el incumplimiento de la Constitución y «por intentar controlar la democracia por la puerta de atrás». Desde la oposición, por su parte, se utilizarán dos preguntas contenedor: «¿A quién defiende su Gobierno?» –Cuca Gamarra– y «¿Cuál será la próxima promesa incumplida?» –Feijóo– para cercar al Ejecutivo por sus controvertidas maniobras parlamentarias.

En las filas socialistas ya avanzan las líneas de su estrategia, una perfecta cortina de humo para intentar disipar los efectos nocivos de la malversación que se aprobará como resultado de la reforma exprés del Código Penal. Tal como publicara ayer este diario, en Moncloa creen que el nuevo eje que ha tomado cuerpo tras el choque con el TC les beneficia, porque coloca el foco en el «bloqueo judicial», un terreno en el que pueden hacer daño al PP, que antes estaba en una «posición de fuerza» desgastando a Pedro Sánchez por su «arriesgado» movimiento, en el que se rebajaban las penas del delito principal de la corrupción cuando no haya lucro personal, contando –a su favor– con los desmarques de importantes dirigentes socialistas e incluso de los socios de coalición; mientras que ahora, se ha conseguido, ante el espantajo de una injerencia externa, compactar el bloque de investidura y cerrar filas internamente. El Congreso votó por una solvente mayoría, 184 diputados, superar el trámite el jueves y hubo partidos –como Compromís o Más País, por ejemplo– que habían expresado sus reticencias a apoyar la norma por la malversación, pero que acabaron virando al «sí» por el choque institucional.