Sánchez entierra el debate sobre la malversación gracias al choque con el TC

El Gobierno lleva una semana complicada. Desde que desvelara sus enmiendas a la reforma del Código Penal, especialmente en lo relativo a la transaccional pactada con ERC que rebaja la malversación, el Ejecutivo se ha tenido que enfrentar una tormenta de críticas desde las filas de la oposición y de su propio partido. En el contexto actual, en el que una polémica sustituye por superación y gravedad a la anterior, el conflicto abierto entre el Tribunal Constitucional y las Cortes Generales, ante la posibilidad de que se interrumpa la tramitación legislativa de la citada reforma por un defecto de forma, ha permitido a Moncloa coger oxígeno. «Esto nos va bien, desvía el foco de la malversación y lo coloca en el ámbito del bloqueo judicial, un maco que nos beneficia», señalan a este diario fuentes socialistas.

En el Gobierno creen que han dado la vuelta a la situación. Y mientras que el PP estaba en una «posición de fuerza» desgastando a Pedro Sánchez por su «arriesgado» movimiento, en el que se rebajaban las penas del delito principal de la corrupción cuando no haya lucro personal, contando –a su favor– con los desmarques de importantes dirigentes socialistas e incluso de los socios de coalición; ahora, se ha conseguido, ante el espantajo de una injerencia externa, compactar el bloque de investidura y cerrar filas internamente. El Congreso votó por una solvente mayoría, 184 diputados, superar el trámite el jueves y hubo partidos –como Compromís o Más País, por ejemplo– que habían expresado sus reticencias a apoyar la norma por la malversación, pero que acabaron virando al «sí» por el choque institucional.

«Unen a la izquierda», resuelven en el PSOE, donde entienden que «cuando a la derecha se le va la mano» esto se percibe como un «ataque» por parte del bloque progresista y promueve la movilización y la unidad como mecanismo de defensa. Esto se lee también en clave interna, donde la malversación –por indigesta– estaba causando estragos en las filas socialistas. Sánchez compartió ayer acto con Ximo Puig y el presidente valenciano reivindicó la gestión del Ejecutivo central –«en modo solución»–, frente a un PP «en modo electoral» permanente y que «siempre está en campaña». Puig criticó el «lamentable ruido» de la derecha y la extrema derecha en el Congreso, situación que obedece a que estos sectores están «al borde de un ataque de nervios».

Un choque institucional sin precedentes del que el Gobierno culpa al PP. «Ha abierto puertas que no saben adónde van», aseguran fuentes socialistas que reconocen que el procedimiento utilizado para dar cauce a la renovación del Tribunal Constitucional, vía enmienda al Código Penal, es una medida «extraordinaria» derivada de las situaciones «extraordinarias» a las que aboca el principal partido de la oposición. «Cuando no se respetan las reglas del juego es imposible hacer lo que se considera ortodoxo», señalan y apuntan inmediatamente, «el trámite puede ser controvertido, pero no es ilegal, lo que es ilegal es incumplir la Constitución, bloqueando y negándose a renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional».

En este punto, el Ejecutivo traslada ahora la presión al PP, exigiéndole que retire el recurso que ha presentado para poner fin a esta crisis institucional y acusándole además de bloquear la renovación del Alto Tribunal. Una crítica en la que subyace el cuestionamiento de la legitimidad de las decisiones que debe tomar el TC mañana, porque su mandato ya ha expirado. Sánchez señaló ayer que se trata de un órgano que toma decisiones «muy importantes», por lo que «es a todo punto razonable que esas decisiones las tomen con plena legitimidad y plenas facultades de sus competencias», y no con un mandato «caducado» como el actual.