Reforma de la ley
Semana judicial decisiva: tres plenos deciden el futuro del Tribunal Constitucional
El recurso del PP se estudia hoy en un Tribunal dividido sobre la decisión de paralizar el último trámite en las Cortes a la reforma al Poder Judicial propuesta por el Gobierno
El Tribunal Constitucional (TC) decide sobre sí mismo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decide sobre el Tribunal Constitucional y hasta el Senado aprueba reformas para el Tribunal Constitucional. La semana se antoja intensa en cuanto a lo judicial se refiere porque a partir de hoy los magistrados que velan por la Carta Magna deciden si paralizan o no el trámite parlamentario que incluye una modificación en la ley del Poder Judicial que les afecta. El martes se reúnen los vocales del CGPJ para ver si hay acuerdo en la renovación del órgano y, si nada cambia, un segundo pleno está convocado el jueves. En este, en función de cómo se desarrollen los acontecimientos, los vocales podrían tener que utilizar ya las nuevas reglas que el Senado tiene previstas aprobar ese mismo día. Una nueva semana de hitos en la democracia reciente de consecuencias impredecibles.
Este lunes comienza con todas las miradas puestas sobre ocho hombres y tres mujeres o, dicho de otra forma, seis conservadores y cinco progresistas. Tras la accidentada jornada del jueves, los magistrados del TC han tenido un fin de semana largo para reflexionar y sacar la artillería jurídica que respalde sus posiciones sobre el recurso interpuesto por el PP. El partido que dirige Alberto Núñez Feijóo dio un golpe de efecto el miércoles para tratar de evitar que el Congreso aprobara las enmiendas propuestas por el PSOE que buscan desatascar la renovación del TC. El recurso de amparo de los populares afirma que se han violado los trámites parlamentarios y, si bien la jurisprudencia parece clara en este sentido (no se puede introducir como enmienda conceptos que no tengan nada que ver con la ley que se vaya a aprobar), la miga está en si es motivo suficiente para que los magistrados congelen el último paso de las Cortes.
El jueves, tras la suspensión del pleno y la aprobación en el Congreso de la proposición de ley y sus enmiendas, PP y Vox -que se ha unido al recurso- presentaron una ampliación de su recurso para añadir a su petición urgente la parálisis del trámite también en el Senado. Un paso relevante para que los magistrados progresistas no puedan argumentar que el recurso inicial había quedado sin objeto, puesto que la Cámara Baja ya ha dado luz verde.
Los miembros del Constitucional tienen sobre sus mesas varios informes de los letrados del TC con posiciones contrarias: a favor de admitir la medida urgente y en contra. La falta de precedentes complica cualquier predicción y, sobre todo, vaticina un debate tosco. El primero de todos los pasos consistirá en decidir si se admite a trámite o no el recurso de amparo, pero fuentes jurídicas explican que rara vez se rechaza estudiar una impugnación de este tipo que venga de los propios parlamentarios.
Después, hay otro escollo no menos importante: las recusaciones al presidente del Tribunal, Pedro González-Trevijano, y al magistrado Antonio Narváez. Unidas Podemos argumentó que debían apartarse por tener el mandato caducado y porque pueden tener interés «directo e indirecto» en la decisión. Cabe recordar que las enmiendas impugnadas son dos: por un lado, la que rebaja la mayoría de tres quintos en el CGPJ para la elección de los magistrados al TC y, por el otro, la que suspende el trámite de verificación de los candidatos seleccionados que hasta ahora hacían los miembros del Tribunal de Garantías y permite que tomen posesión dos magistrados (los nombrados por el Gobierno, en este caso) en lugar de cuatro si el bloqueo en el CGPJ persistiera. Hay dudas sobre la constitucionalidad de este precepto puesto que el texto que vertebra la democracia habla de renovación «por tercios», pero esa verificación tocará hacerla si, como es previsible, la oposición presenta un recurso de inconstitucionalidad una vez la norma entre ya en vigor.
Los expertos consultados por este periódico no creen que haya mimbres para que el presidente y Narváez deban ser apartados. El mandato no está «caducado», sino «prorrogado» y por tanto sus decisiones tienen plena validez y presuponer que van a deliberar en base a sus intereses supone asumir que van casi a «prevaricar», dicen varios constitucionalistas. En cualquier caso, las recusaciones ni siquiera se leen en el orden del día y corresponde al presidente incluirlas solo si quisiera.
Si la recusación saliera adelante los conservadores perderían la mayoría y quedarían cuatro a cinco. No obstante, fuentes jurídicas ven extraño apartar solo a Trevijano y a Narváez cuando el vicepresidente Juan Antonio Xiol y el conservador Santiago Martínez-Vares se encuentran en la misma situación porque son del tercio saliente. Ocurre que recusarlos a ellos hubiera sido perder el «quorum» necesario para tomar una decisión con un mínimo de votos.
De reojo miran los otros protagonistas de la semana. El CGPJ decide el martes en un pleno extraordinario si nombra a sus candidatos al TC con los nombres ya sobre la mesa y con el aliento del Senado que decide el jueves el tránsito definitivo de la ley al BOE. Con la posible entrada en vigor el mismo día, el CGPJ sigue manteniendo, al menos de momento, una nueva reunión el jueves que era cuando inicialmente se iba a decidir sobre los magistrados que les toca seleccionar. Los escenarios que se pueden abrir son tan distintos, que los vocales prefieren ir día a día y son pocos los que se atreven a saber en qué situación llegarán a Nochebuena este fin de semana.
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