La Fiscalía hace de muro de contención de las semilibertades a presos de ETA en el País Vasco

Algo más de un año hace ya que se estrenó el País Vasco en la gestión de las tres prisiones que forman parte de su territorio. Solo esta comunidad autónoma y Cataluña tienen las competencias en esta materia transferida, pero el caso de Euskadi es más delicado para las víctimas del terrorismo por la política de acercamientos de presos de ETA que el Gobierno ha implementado desde que llegó al poder en 2018. Ahora el régimen en el que están catalogados los internos depende de la Administración del lendakari, Iñigo Urkullu, y, por tanto, son ellos los que deciden si un etarra progresa a semilibertad. Desde octubre de 2021 son 32 los que han logrado el tercer grado (que normalmente implica ya salir a la calle), pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional está haciendo de muro de contención ya son seis los casos en los que el juez de vigilancia penitenciaria le ha dado la razón. Uno de los últimos que ha tenido que reingresar en prisión ha sido Joseba Arregi, conocido como “Fiti”.

En su haber hay once víctimas mortales por el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987 y otras dos en una bomba colocada en un autobús militar y otro par en un coche bomba frente a la Dirección General de la Guardia Civil de Madrid en 1988. Un historial sanguinario lo suficientemente abultado para que el fiscal se opusiera a su semilibertad. A “Fiti”, que fue condenado a un total de 743 años de cárcel, se le extingue la pena efectiva en 2026. Pero la consejera vasca de Justicia, Beatriz Artolazábal, advirtió tras su vuelta a la cárcel en noviembre de que buscarían la manera de otorgarle nuevamente un tercer grado por “cuestiones humanitarias”. En una comparecencia ante los medios explicó que siempre respetaban las resoluciones judiciales y que, en este caso, la propia Audiencia Nacional en su resolución “propone o sugiere” que se le aplique al histórico miembro de la banda el artículo 114 del Reglamento Penitenciario para que los “enfermos muy graves” puedan salir.

La política penitenciaria del Gobierno de Urkullu busca poner en el centro la reinserción y las fuentes consultadas añaden que destaca por el número de progresiones de grado que están dando. Entre 2021 y 2022 son ya 457 los acordados, según los datos de la propia Consejería de Justicia vasca. Allí defienden que los terroristas no tienen ningún privilegio con respecto al resto de preso, algo que corroboran las fuentes penitenciarias consultadas, si bien añaden que hay algunas “peculiaridades”. “Ningún preso de ETA comparte celda”, explican fuentes internas. Añaden como cuestión “curiosa” que los cursos que se imparten en los centros penitenciarios para que los internos aprendan a ser monitores de yoga o de crossfit los copan en su mayoría miembros de la banda terrorista. Las plazas las deciden desde la administración de la cárcel y las citadas fuentes ven detrás un esfuerzo extra de la Consejería para que estos internos consigan luego un oficio para convivir con la sociedad vasca.

Sobre la mesa del juez de la Audiencia Nacional quedan todavía 12 recursos pendientes de semilibertades a etarras, según los datos ofrecidos por el observatorio de vigilancia penitenciaria de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). El Ministerio Público está esgrimiendo una serie de motivos para que la Audiencia Nacional devuelva a prisión a muchos de ellos. Primero, que en algunos casos no había permisos penitenciarios previos (salidas de tres o cinco días de la cárcel). Aunque no es un requisito obligatorio en la legislación, existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que señala que es “lógico” que este sea el paso previo a modo de preparación. Segundo, que el excarcelado no ha resarcido la responsabilidad civil ni se ha comprometido a ello, algo que sí contempla la Ley Penitenciaria [artículo 72.5]. Y tercero, que no ha se ha producido un perdón expreso a la víctima. En la citada ley se habla de una “declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito” y, si bien no es condición sine qua non para lograr el tercer grado, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha venido introduciendo esta cláusula en sentencias anteriores.

Pero además, la Fiscalía ha emprendido una nueva batalla en el órgano de apelación, como avanzó La Razón, para que los magistrados se pronuncien sobre si dichas semilibertades deben esperar a que el recurso del fiscal se resuelva y no al revés. Hasta ahora los presos salen a la calle durante meses hasta que la Audiencia Nacional confirma o revoca el tercer grado. Además de “Fiti” otros nombres como Aitor Esnaola, Mikel San Argimiro, Gorka Martínez Aheda, José Ignacio Bilbao o Xabier Atristain han tenido que volver a la celda, después de que Urkullu hubiera firmado la orden de salida. Está por ver cuál será el posicionamiento de la Sala de lo Penal que por el momento no se ha pronunciado para saber cómo será el futuro penitenciario.

Por su parte, el Ministerio del Interior lleva desde hace un año sin conceder ninguna semilibertad a presos de ETA. “Ahora ya no se tienen que manchar las manos”, explican en las AVT en relación a que la política de acercamientos del ministro del ramo Fernando Grande-Marlaska ha provocado que la decisión final ya no dependa de él. En 2021 fueron 9 las progresiones a segundo grado para los miembros de esta banda terrorista, mientras que en 2020 el número se elevó a 13. En total con Marlaska al frente de la cartera, Instituciones Penitenciarias concedió 26.

Acercamientos

Lo que sí ha hecho Interior este año es continuar con su política de acercamientos de presos a cárceles vascas. Casi de forma programada, viernes sí y viernes también, el departamento de Marlaska comunica a las víctimas que otra tanda de etarras serán trasladados a centros de Euskadi. Los últimos se produjeron el pasado 16 de diciembre desde cárceles de León, Zaragoza y Pamplona directamente al País Vasco en un anuncio de seis terroristas acercados.

En ese caso se trató de José Luis Barrios Martín, que cumplía una condena de 30 años por el asesinato de un concejal del Ayuntamiento de Sevilla por el PP, Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascensión García Ortiz. El edil era objetivo de la banda, pero tras meses de protocolo de seguridad creyeron que el peligro había pasado y cuando el matrimonio volvió a su rutina se produjo la desgracia. Con él fue acercado también José Ignacio Cruchaga Elezcano, con distintas condenas que suman más de cien años por el asesinato de Juan Miguel Gervilla, agente de la guardia urbana en el 2000 o del exministro de Sanidad y Consumo Ernest Lluch, entre otros, ese mismo año.

Este tipo de presos con delitos de sangre en su legado son los que más preocupan a las víctimas, especialmente, ahora que al traslado se une la posibilidad de que el Gobierno vasco les otorgue un tercer grado. Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez llegó a La Moncloa un total de 203 etarras han sido acercados, de los que 166 han sido directamente a cárceles de Euskadi, según el mismo recuento de la AVT. Entre los trasladados suman un total de 180 de delitos de sangre, que se corresponden con 298 víctimas en 217 atentados diferentes.