Los votantes del PSOE censuran la estrategia de Sánchez en Cataluña

El Gobierno se ha afanado en dejar resueltos los asuntos más espinosos antes de que acabe el 2022. El objetivo es afrontar el nuevo año sin polémicas –al menos, aquellas que se puedan prever–, por lo que en el acelerón legislativo de este mes de diciembre se certificó la controvertida reforma del Código Penal que recogía la derogación de la sedición –y su sustitución por el delito de desórdenes públicos agravados– y la reforma de la malversación, con el abaratamiento de las penas de aquellos cargos públicos que hubieran distraído dinero público a un destino diferente a su bolsillo. En Moncloa son conscientes del coste político de estas medidas.

El propio Pedro Sánchez lo definió como un movimiento «arriesgado» que se perpetraba por un interés superior: cerrar el círculo de la estrategia en Cataluña para favorecer el apaciguamiento y la convivencia. No es el único interés en liza, también está el electoral, porque en el Ejecutivo están convencidos de que la consecución de la agenda catalana será un «activo» de cara a los próximos comicios. Sin embargo, para que esto sea así, al menos en lo que respecta al resto de España, el Gobierno tendrá que afanarse en desplegar todos sus esfuerzos de pedagogía. Así se desprende de la última encuesta de NC Report para LA RAZÓN, en la que los españoles consultados –y los socialistas en particular– censuran tanto la estrategia como los fines que la han dirigido, reconociendo, incluso, que podrían llegar a replantearse su voto.

Analizando los resultados en detalle, la supresión del delito de sedición, por el que fueron condenados los líderes del «procés», cuenta con el rechazo de la mayoría, un 65,4%. Solo un tímido 17,4 por ciento respalda la sustitución por el delito de desórdenes públicos agravados y el 17,2% prefiere no valorar la reforma. El rechazo es transversal y homogéneo por edades y por partidos políticos, existiendo unanimidad en la crítica en todo el espectro ideológico, desde Vox (100%) hasta Podemos (49,6%). Especialmente significativa es la censura entre los votantes socialistas, el 67,8% no comparte el cambio impulsado por Sánchez para «homologarse» con la doctrina europea.

Similar reacción genera el cambio en el delito de malversación, que rebaja las penas cuando no exista enriquecimiento personal. El 63,3% rechaza la reforma, por el 21,7 por ciento que la avala y el 15% que no sabe o no quiere pronunciarse. El criterio es lineal por edades y no así por partidos. Es curioso que solo los votantes de Unidas Podemos, partido que nació para regenerar las instituciones, apoyen el abaratamiento del delito central de la corrupción. En el PSOE, sus electores tampoco comparten el paso dado por el Gobierno en un 63,8% de los casos.

El argumento expuesto por el Ejecutivo, que dice querer apaciguar el clima social y político en Cataluña tampoco lo comparten la mayoría de los encuestados. El 60,4% no considera que estas cesiones vayan a desactivar el independentismo, por el 19,8% que sí ve efectos antiinflamatorios y el mismo porcentaje que no tiene o no quiere revelar su opinión. La situación vuelve a reproducirse, homogénea por edades en el rechazo y, por partidos, solo en Podemos se descuelgan, valorando positivamente el movimiento. Los votantes socialistas están en contra (47,8%), lo que obligará al Gobierno a reforzar su pedagogía.

De hecho, preguntados, en concreto, los electores que votaron al PSOE en las últimas elecciones, en un 41,8% reconocen que este tipo de cesiones pueden llevar a que se replanteen su voto de cara a 2023. Para el 36,6 por ciento no tendrá ningún impacto, mientras que un 21,6% todavía no lo ha decidido. Por edades, los más permeables a cambiar de opción son los menores de 34 años, mientras que los mayores de 55 años no se lo replantearán por esta cuestión. En general, el 52,4% de los consultados reconocen que estas reformas condicionarán su elección el próximo 28 de mayo, mientras que para el 34,2% no tendrán ninguna vinculación y el 13,4 por ciento que no se lo ha planteado.

Como balance global de las medidas, la mayoría (60,1%) entiende que este tipo de reformas dejan más indefenso al Estado ante nuevos desafíos independentistas. El 24,7% considera que sí existen elementos preventivos, como la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por ejemplo, mientras que el 15,2% no es capaz de calibrar el efecto de los cambios legales. Por edades, existe un rechazo intergeneracional unánime; no así entre partidos, donde por primera vez se mantienen los bloques ideológicos. PP y Vox tienen clara la indefensión estatal, mientras que PSOE y Podemos sí ven otras herramientas.

Una de las cuestiones que el Gobierno no ha conseguido encarrilar este año, y que ya quedará pendiente hasta después de las generales, es el desbloqueo del Poder Judicial. La incapacidad de llegar a un acuerdo por parte de los dos principales partidos no pasa desapercibida para los electores que les otorgan una responsabilidad similar, aunque mayor para el PSOE (41,2%) que para el PP (38,6%). Los más jóvenes ven culpables a los populares y a partir de los 35 años, a los socialistas. Por partidos, no hay sorpresas, todos ven responsable al contrario. Lo que sí existe es una llamada de atención generalizada de los votantes a sus representantes públicos para que lleguen a un acuerdo.

El 78,8% creen que PSOE y PP deberían volver a sentarse para negociar la renovación del Poder Judicial, pese a que el contexto electoral no sea el más propicio. Solo el 12% lo da por imposible y el 9,3% no se pronuncia. Por formaciones políticas es significativa la unanimidad que existe para el acuerdo. Especialmente reseñable en el PP, donde un 82,4% apuesta por volver a entablar conversaciones con el Gobierno, pese a que los populares decidieran echarse atrás por el impacto electoral que podría tener llegar a un pacto en paralelo a la reforma de la sedición.

En general los votantes llaman a la distensión, el 86,5% califican de tensión excesiva la situación política que vivimos, aunque lo hacen sin esperanzas de que vaya a cambiar. El 50,4% se muestra pesimista en vísperas de un año netamente electoral, por el 42,4% que mantiene la esperanza, casi como un propósito de año nuevo para nuestros políticos.