Moncloa y ERC calientan motores contra el Supremo

ERC no está nada tranquila con la interpretación que pueda hacer el Tribunal Supremo (TS) de la reforma del Código Penal pactada con Moncloa para «arreglar» la situación de los condenados por el «procés» y facilitar el camino a los dirigentes independentistas aún pendientes de ser juzgados. La base de ese pacto era neutralizar a la Justicia, y, si la Justicia no se deja, los socialistas no tendrán la campaña tranquila que prometía Moncloa a cambio de asumir el coste reputacional de la derogación del delito de sedición y la rebaja de la malversación.

En el PSOE se temen que ERC no cumpla su parte del acuerdo y vuelva a colocar en campaña el referéndum de autodeterminación, por la vía de señalarlo como la próxima parada de la negociación con los socialistas. Esta semana pasada ha sido el mantra con el que los de ERC han intentado resguardarse de la protesta en la calle, bastante minoritaria, por cierto, que Junts ha instigado contra ellos con motivo de la cumbre hispanofrancesa.

El partido de Junqueras no puede enfrentarse a la campaña sin tensar la cuerda con el Gobierno en clave independentista, y más si, además, de la reforma penal no sacan los objetivos que se habían marcado.

Illa se hace valer

ERC puede no cumplir, pero Moncloa esta terciando en favor de que el PSC facilite los Presupuestos a la Generalitat que preside Pere Aragonés. El interés electoral del PSC, y, en consecuencia, también del PSOE, puede chocar con las condiciones del acuerdo, y Salvador Illa está haciéndose valer en la negociación, pero en Madrid necesitan encontrar el difícil equilibrio que les permita salvar la cara del PSC y, al mismo tiempo, continuar sembrando para la colaboración futura que pueda necesitar Sánchez para seguir en Moncloa si los resultados de las elecciones generales se lo permiten.

Y si hay que elegir, antes salvar Moncloa que al PSC, asumiendo el riesgo de que este camino lleve al fracaso en una y otra opción. En la organización socialista crece el sentimiento crítico contra la estrategia nacional de Sánchez, por más que el argumentario de Moncloa insiste en apuntarse el tanto de la división del independentismo y de la «pacificación» de Cataluña. El PSOE no se fía de ERC, e internamente lamentan que la futura «traición» del soberanismo coincida con el goteo de excarcelaciones de condenados en firme por agresión sexual y de implicados en casos de corrupción. Aun así, Moncloa no se baja de la bicicleta y sigue pedaleando, a sabiendas de que, aunque comparte los temores que hacen temblar al partido, ya no pueden frenar sin caerse.

Aragonés ha convocado este próximo lunes a los sindicados y a la patronal para meter presión al PSC por los Presupuestos, de los que depende la legislatura, ya que el presidente catalán no puede sostenerla con solo 33 diputados.

A expensas del Supremo

ERC necesita ganar tiempo y agotar el mandato. A Moncloa también le viene bien que ERC gane tiempo, y ganarlo, a su vez, ellos, para afrontar las elecciones generales, pero en la ecuación entra el riesgo de limitar el protagonismo que necesita el ex ministro de Sanidad para hacer valer el hecho de que tiene los mismos parlamentarios que ERC. Aragonés ignoró al PSC en la investidura y en sus primeros Presupuestos. Pero hoy ya no tiene alternativa y cuenta a favor con que su necesidad de apoyos es proporcional a la que tiene Sánchez en Moncloa.

Un sudoku político, en el que el Gobierno depende de un Tribunal Supremo con el que está enfrentado por la política catalana y también en su agenda feminista. El Supremo tiene que resolver lo que técnicamente se denomina un incidente de ejecución de sentencia para establecer el alcance de los efectos retroactivos favorables a los condenados por sedición en concurso de malversación y a aquellos otros que sólo fueron sancionados por sedición sin malversación. El ponente del auto será Manuel Marchena, presidente de la Sala y que ya lo fue de la sentencia de octubre de 2019.

Moncloa sabe que los magistrados que intervinieron en la sentencia unánime del 14 de octubre de 2019 han recibido la reforma del Código Penal con malestar e indignación. Y el Gobierno y el independentismo ya tienen preparado un discurso bastante coincidente para el caso de que «la obligación que la reforma penal impone para que se deshaga la condena de 2019» no se ajuste a sus expectativas.

El choque institucional entre el Gobierno y el Supremo acumula capítulos, pero el que ha empezado a escribirse puede ser la traca final de una legislatura en la que se han saltado todas las líneas rojas en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Moncloa acusa al Supremo de estar en una operación de desestabilización del Gobierno y de erosión de su política en Cataluña. Y en el Supremo, por contra, dicen que es el Gobierno el que les «ha vendido» para sostenerse en el poder. En este nuevo pulso serán decisivas las alegaciones que presente la Abogacía del Estado, a la que el Supremo esperan que el Gobierno utilice al servicio de su interés.