Ministros y dirigentes del PSOE reclaman a Sánchez “revertir el error” de la Ley del “solo sí es sí”

El goteo de revisiones de penas y excarcelaciones de agresores sexuales al amparo de la Ley del “solo sí es sí” se ha convertido en el principal foco de desgaste del Gobierno. Lo reconocen sin ambages fuentes del Ejecutivo y del Partido Socialista consultadas por LA RAZÓN, que muestran una preocupación unánime por lo que todos aciertan a definir como “efectos indeseados” de una ley central del cuerpo normativo gubernamental. El Gabinete legisló “en caliente”, al unísono del grito que recorría las calles tras la sentencia de “La Manada” de la Audiencia Provincial de Navarra: “No es abuso, es violación”. Pero queriendo equiparar delitos para evitar la impunidad, fusionándolos en un solo tipo, se abrió una ventana de oportunidad más ventajosa para los delincuentes sexuales.

La Ley del “solo sí es sí” no es uno de esos textos aprobados con precipitación por parte del Gobierno. Siguió el cauce reglamentario, superó las discrepancias suscitadas en el seno de la coalición, se sometió a los órganos consultivos -cuyas reclamaciones, por ejemplo, las del CGPJ, no fueron asumidas en su totalidad- y transitó al trámite parlamentario durante más de un año. “Ninguno de los diputados que votó esta ley deseaba que pasara esto”, dicen en el Gobierno, apelando a una suerte de responsabilidad solidaria entre los más de 200 parlamentarios que avalaron la norma.

Aunque en Moncloa aseguran seguir “muy pendientes de aquellas cuestiones que están siendo analizadas por el Tribunal Supremo”, lo cierto es que han fracasado en su estrategia de que el Alto Tribunal acabara por solucionar su error legislativo a través de su doctrina jurídica. Las sentencias del TS han ido frustrando, revisión a revisión, el plan del Gobierno de que pusiera coto a las rebajas de penas, pues ya ha reducido el castigo a media docena de agresores sexuales en virtud de la nueva legislación, que les es más favorable. Sin el salvavidas del Supremo, en el Ejecutivo se decantaba por descartar cualquier modificación de la norma. Sin embargo, fuentes socialistas señalan ahora que, tras el desgaste que está suponiendo, “algo tenemos que hacer”.

Sánchez aseguró en una conversación informal con periodistas el pasado 6 de diciembre en el Congreso de los Diputados que el Gobierno se abría a hacer “ajustes técnicos” en la Ley del “solo sí es sí”. El único movimiento se limitó al “esfuerzo de orientación” a los actores jurídicos que se hizo en la exposición de motivos de la última reforma del Código Penal para “clarificar” la voluntad del legislador en esta cuestión. El presidente puso a trabajar en ello a las ministra de Igualdad y de Justicia, para que explorasen las fórmulas que permitieran rectificar el error. Sin embargo, se encontraron con varios inconvenientes. El primero, la tozudez de Irene Montero, que no reconoce que la ley tenga carencias y que es consciente de que su capital político -en plena pugna con Yolanda Díaz por una candidatura unitaria de cara a las generales- depende de esta legislación. “Es una ley sólida”, asegura la titular de Igualdad.

El segundo, y más trascendente, es jurídico. Fuentes de Justicia reconocen la complejidad y las dudas que les genera tocar de nuevo el texto, porque esto no garantiza necesariamente una solución. Asumen que, aunque ahora se introdujera algún ajuste en la ley, eso ya no serviría para evitar las rebajas de penas, porque algunos condenados podrían acogerse siempre a la normativa más favorable, la actual. “El derecho transitorio ya se ha consolidado y, aunque se hicieran cambios esta situación ya no se podría modificar”, señala la ministra del ramo, Pilar Llop. Fuentes socialistas aseguran que tocar la ley es “una decisión política” y no expresan más allá de un deseo su modificación, sin explicar cómo van a sortear lo inconvenientes técnicos anteriormente citados. Lo que no supone un freno es la oposición de Podemos, según señalan las citadas fuentes, “se hará con ellos o sin ellos”.

El Gobierno ha optado, por tanto, por centrarse en hacer pedagogía de la que definen como una “buena ley”, que pone “el consentimiento en el centro” y evita a las víctimas el “calvario probatorio” al que se veían sometidas hasta ahora. Pedagogía con una dosis importante de prevención. En este contexto se encuadran las últimas propuestas, algunas desechadas como la de informar a las denunciantes de los antecedentes de sus agresores, que ha sido sustituida por el refuerzo en los dispositivos de control telemático a los mismos. Un intento de tapar el fiasco legislativo que ha generado inseguridad cuando lo que se pretendía era proteger a las víctimas.

“Se tiene que revertir”

Sin embargo, esto no aplaca el malestar que existe en el Gobierno y en el partido con los “efectos indeseados” de la Ley del “solo sí es sí”. “La rectificación es inevitable, no sé cuánto tardaremos, pero se tiene que hacer”, señala un dirigente autonómico, preocupado por el impacto que puede tener esta cuestión en las elecciones del próximo 28 de mayo. A nivel territorial, pero también dentro de Moncloa reconocen que esta cuestión es “la que más daño nos hace, la que más nos afecta” de todas las decisiones controvertidas que ha tomado el Gobierno. Mucho más, resumen, que otras polémicas como la derogación de la sedición o la reforma de la malversación. “Esto afecta a nuestra esencia”, resume otro alto cargo del Ejecutivo, que recuerda que el voto de las mujeres es uno de los principales nichos electorales del PSOE. “Se tiene que revertir ya”, zanjan.