Ultimátum

El PP da 48 horas a Armengol para reactivar la actividad en el Congreso

Los populares advierten de acciones legales y exigen la comparecencia de Sánchez para informar del Consejo Europeo y de los ministros de Exteriores e Interior por las crisis de Oriente Medio y migratoria

El Congreso de los Diputados
El Congreso empezará en noviembre a revisar las actividades privadas de los diputados, tres meses después de su elecciónEuropa Press

El PP ha dado un ultimátum a la presidenta del Congreso Francina Armengol para que reactive la actividad parlamentaria tras casi un mes sin sesiones plenarias. En concreto, los populares han dado 48 horas para que Armengol inicie los trámites para convocar una sesión de control al Gobierno y fijar fecha para la comparecencia de Pedro Sánchez y de varios ministros para dar explicaciones sobre asuntos de máxima actualidad.

El partido de Alberto Núñez Feijóo ha elevado un escrito para que Armengol ponga fecha en 48 horas a una reunión de la Junta de Portavoces en menos de una semana. Sin activar ese organismo, no se puede convocar un pleno. En este sentido, los populares han advertido de que si Armengol no cumple con ese plazo, adoptarán "las acciones que correspondan en derecho" (es decir, advierten con posibles acciones legales).

De esta manera, el PP pasa ya a la acción después de que el viernes se fotografiara todo el grupo parlamentario a las puertas del Congreso para denunciar la parálisis de la Cámara Baja. Según recriminan los populares, Armengol, por instrucciones de Pedro Sánchez, ha dejado sin actividad a la Cámara Baja: de hecho, la semana pasada no se reunió tampoco la Mesa del Congreso, que es el órgano de gobierno y que siempre se suele reunir cada semana aunque no haya plenos a la vista.

"El PP considera que se están vulnerando las más elementales normas de control parlamentario", sostienen los populares, que recriminan que, desde el 17 de agosto, tan solo se han celebrado dos sesiones plenarias en el Congreso: para la Reforma del Reglamento del Congreso y para el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Ambas sesiones plenarias fueron en septiembre, por lo que este mes de octubre no se ha celebrado ninguna. De hecho, el único acto previsto es el de la jura de la Constitución de la Princesa Leonor el próximo martes.

En estos momentos, la lista de exigencias parlamentarias de los populares es amplia: ahora mismo, piden que comparezca Sánchez para que informe del Consejo Europeo del 17 de octubre (es habitual que el presidente del Gobierno lo haga), así como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el titular de Interior, Grande Marlaska, para que informen de la crisis de Oriente Medio y de la crisis migratoria, respectivamente. Para fijar estas comparecencias es imprescindible que se convoque la Junta de Portavoces y, por ello, reclaman que se le ponga fecha en las próximas 48 horas.

En el Congreso, la mayoría está en manos de la izquierda gracias al apoyo del PNV y Junts; en cambio, en el Senado, el PP tiene mayoría absoluta y ahí tiene más margen de maniobra. De hecho, en la Cámara Alta se han celebrado ya dos plenos ordinarios para debatir y votar temas de actualidad. Además, ahora los populares han registrado la solicitud de comparecencia de Marlaska por el mismo motivo que en el Congreso (crisis migratoria) y la de la ministra Ione Belarra "en relación con las repercusiones de las tensiones globales en la aplicación de la Agenda 2030 y su incidencia en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible". Estas dos peticiones se suman a la presentada el pasado 10 de octubre para que Albares informe sobre la situación de los españoles afectados por el ataque terrorista de Hamás a Israel.

El PP está usando el Senado para tratar de forzar comparecencias que el Gobierno está eludiendo en el Congreso: en este sentido, la semana pasada ya logró organizar un debate con casi todos los presidentes autonómicos para hablar sobre la amnistía que el PSOE pretende ceder a los independentistas. La sesión, desarrollada en la Comisión General de Comunidades Autónomas, puso en problemas al PSOE porque se ausentó (tanto el Gobierno como sus tres barones) y dejó todos los focos a Pere Aragonès, que tuvo enfrente a todo el poder autonómico del PP (controla 13 de los 19 gobiernos autonómicos).