586 días contra la impunidad

El 17 de enero de 2013, María Victoria Álvarez abandonó la Audiencia Nacional sin el revuelo mediático de las grandes ocasiones. La ex novia de Jordi Pujol Ferrusola acababa de ratificar al juez Pablo Ruz las denuncias de blanqueo contra el primogénito del ex presidente de la Generalitat que ya habían escuchado un mes antes los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF).

El clan Pujol no tenía demasiados motivos para preocuparse. Bien es cierto que otro de los hijos del matrimonio Pujol Ferrusola, Oriol –quien por entonces presidía el grupo parlamentario de CiU en el Parlament y en el que el ex president tenía depositadas sus esperanzas de ver a otro Pujol al frente de la Generalitat–, estaba siendo investigado desde hacía meses por tráfico de influencias por la concesión de licencias de estaciones de ITV. Pero, como ya hiciera su padre a mediados de los años 80 para intentar salir indemne del «caso Banca Catalana», el político de Convergencia se envolvió en la bandera catalana y acusó al «españolismo intransigente» de calumniarle para torpedear el proceso soberanista impulsado por su formación. Pese a todo, el prestigio de Jordi Pujol y el reconocimiento social a su figura seguían intactos.

La ex novia del primogénito, ante Ruz

Nada hacía presagiar, tras la visita de la ex novia del primogénito de los Pujol a la Audiencia Nacional, el horizonte judicial que se avecinaba para la que fue la familia más poderosa de Cataluña. Ni siquiera el juez Ruz había apreciado indicios suficientes para llamarla a declarar (la sombra del despecho pesaba demasiado en sus denuncias contra su ex pareja) y tuvo que ser la Sección Tercera de la Sala de lo Penal la que le obligara a escucharla ante las «obvias imputaciones delictivas al señor Pujol Ferrusola y a miembros de su familia».

Pero muy pronto los hechos se precipitaron y, menos de dos años después, la sucesión de acontecimientos que ha rodeado a la familia Pujol parece un guión escrito por su peor enemigo: el patriarca del clan ha confesado públicamente lo que había negado hasta la saciedad, la ocultación en el extranjero de la fortuna familiar durante 34 años, cinco juzgados –dos de Barcelona, otros tantos de la Audiencia Nacional y un juez de Liechtenstein– investigan ya los negocios de la familia Pujol y tres de los siete hijos del matrimonio Pujol Ferrusola –Oriol, Jordi y Oleguer– están imputados por delitos fiscales, blanqueo y tráfico de influencias.

El 13 fue sin duda un mal año para los Pujol. La primera estación de su via crucis judicial es el 19 de marzo de 2013, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña imputa a Oriol Pujol por tráfico de influencias en el «caso ITV», obligándole a renunciar a su cargo de secretario general de Convergéncia y de presidente de CiU en el Parlament. El tribunal superior apreció indicios de que utilizó su «peso político» para conseguir adjudicaciones de ITV «con el objetivo de obtener un beneficio económico para él y/o sus amigos y colaboradores». Demasiado grave para seguir mirando para otro lado. Su prometedora carrera política empezaba a tambalearse, pese a que mantuviese aún su escaño de diputado y, por tanto, su aforamiento.

Oriol deja la política

Dieciséis meses más aguantó como diputado raso, hasta que el TSJ catalán le imputó por cohecho el 14 de julio de 2014 por pedir supuestamente 30.000 euros a cambio de que CiU votara a favor de una ley en el Parlament a instancias de un empresario. Ese día, Oriol Pujol abandonó la política y su caso pasó a un juzgado de instrucción de Barcelona. La encargada de la investigación, la magistrada Silvia Pérez Mejía, no ha perdido el tiempo y cifra en casi 700.000 euros el dinero que pudo cobrar en comisiones el ex político, a través de su mujer, entre los años 2005 y 2012 «por servicios prestados en atención a sus influencias políticas».

Julio fue un mes negro para el clan. En quince días, dos de sus hijos fueron imputados por dos juzgados distintos. A Oriol le siguió, el día 29, Jordi Jr, a quien el juez Pablo Ruz citó a declarar por delito fiscal y blanqueo junto a su mujer. Finalmente, las denuncias de Victoria Álvarez –sobre los viajes a Andorra con bolsas llenas de billetes de 500 euros, los vuelos a Londres para, presumiblemente, blanquear dinero, y las inversiones sospechosas en casinos y hoteles de México– no habían caído en saco roto.

Pero entre esas dos imputaciones había entrado en escena el patriarca del clan, una irrupción que conmocionó a Cataluña –atónita ante la confesión pública de todo un símbolo, hasta entonces inmaculado–, y en general a la clase política española que durante décadas, a diestra y siniestra, lo había encumbrado como un gran hombre de Estado.

El comunicado público (y más que notorio) de Jordi Pujol desencadenó un incesante goteo de querellas a la búsqueda de ese supuesto botín familiar de millonarias comisiones atrincherado en paraísos fiscales. El ocaso de la todopoderosa familia del ex president tuvo, también, su imagen simbólica con el derribo de su estatua en Premiá de Dalt (Barcelona). Pero a Pujol, más que su estatua, lo que se le venían encima eran las investigaciones judiciales. Abrió el fuego el sindicato Manos Limpias con una querella contra el matrimonio y sus hijos por una catarata de delitos de corrupción. La titular del Juzgado número 31 de Barcelona aún no ha llamado a declarar a Pujol, pero ya ha tenido tiempo para constatar que el ex molt honorable no va a colaborar en la investigación con el entusiasmo que esbozó en su comunicado. A día de hoy, se quejó recientemente la magistrada Zita Hernández Larrañaga, ni siquiera le ha enviado una copia del testamento de su padre, origen de la fortuna familiar según Pujol padre.

Poco después trascendió que, una semana antes de ese paso al frente del ex president (quien curiosamente eligió el día de Santiago, patrón de España, para desnudar sus vergüenzas tributarias) su esposa y tres de sus hijos (Pere, Marta y Mireia) habían hecho las paces con Hacienda al transferir desde Andorra 3,1 millones con ese fin.

La detención de Oleguer Pujol y su imputación por blanqueo y delito fiscal hace unos días –a cuenta de siete supuestos pelotazos inmobiliarios por valor de casi 3.000 millones de euros– es sólo el penúltimo eslabón de esos casi 20 meses horribles para el clan Pujol desde que su hermano Oriol inauguró la ronda de imputaciones. Porque nadie se atrevería a asegurar que sea el último.

3% El pecado original

Pocas veces una intervención parlamentaria ha sacudido tanto la vida política como la de Pasqual Maragall el 24 de febrero de 2005. Ese día, el entonces presidente de la Generalitat, acusó en la Cámara autonómica a CiU de quedarse con el 3% de los costes de las adjudicaciones de obras públicas mientras gobernó Cataluña. «Ustedes tienen un problema que se llama 3%», espetó a un atónito Mas. Y se quedó tan ancho. Después, ante la amenaza de CiU de romper el consenso en la reforma del Estatut, el líder del PSC rectificó.