Tribunales

La acusación del "caso Errejón" avisa de que el expolítico intenta "obstaculizar" la investigación sobre si agredió sexualmente a Mouliaá

Jorge Piedrafita avisa de que el expolítico trata de "ocultar información" con su intento de que la Policía no copie su móvil

Íñigo Errejón, a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla, para declarar por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá
Íñigo Errejón, a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla, para declarar por la presunta agresión sexual a Elisa MouliaáDavid JarDavid Jar

Jorge Piedrafita, el abogado que ejerce la acusación popular en el "caso Errejón", advierte de que detrás del recurso del expolítico ante la Audiencia Provincial de Madrid para evitar el copiado de su móvil hay una estrategia para "confundir, obstaculizar la instrucción y ocultar información para el esclarecimiento" de si agredió sexualmente o no a Elisa Mouliaá.

La defensa del Íñigo Errejón alegó que no era preciso clonar el contenido de su terminal, como acordó llevar a cabo el juez Adolfo Carretero, porque ha aportado una serie de pantallazos de conversaciones con la actriz en un acta notarial. Y dado que se ofrece a mostrar, a fin de cotejar que están todos los mensajes, las conversaciones que se le requieran ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid

Piedrafita, que actúa en esta causa en nombre de la asociación por la defensa integral de víctimas de delito especializada (Adade), le lleva la contraria en su recurso de oposición al de Errejón ante la Audiencia madrileña. El letrado defiende que es preciso que los agentes analicen todas las comunicaciones que pudiesen haber entre ambos en aplicaciones de mensajería o redes sociales para comprobar "la autenticidad" de las capturas aportadas por el investigado.

Recuperación de mensajes

Pero también reivindica la necesidad de llevar a cabo el copiado para tener en cuenta el sentido de las conversaciones de Mouliaá con los distintos testigos directos o de referencias, los amigos y la familia de ella. Algunas de estas conversaciones ya fueron entregadas al juez Carretero por la defensa de la actriz y la acusación pide que se certifique "su contenido y autenticidad".

De igual forma, Piedrafita insiste en su recurso, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, en que la Policía proceda a aplicar el software "Cellebrite" o alguno similar a fin de "intentar y certificar la posibilidad de recuperar las conversaciones borradas" en las distintas aplicaciones.

Los móviles, clave para contrastar las versiones

Esta diligencia ya fue acordada por el instructor para tratar de conocer los mensajes que habría borrado Mouliaá en su conversación con Errejón a través de Instagram, pero este pasado viernes se vio que no será posible hasta que, por un lado, los magistrados madrileños se pronuncien sobre el volcado que acordó el juez Carretero o, por otro, sean citados en dependencias policiales para efectuar el copiado del almacenamiento de sus dispositivos.

La acusación popular subraya, por su parte, que son pesquisas "posibles, pertinentes y perfectas" para "determinar las versiones contradictorias" de la actriz y el que fuera portavoz parlamentario de Sumar. El interés, expone, está en que sirva para "valorar las conversaciones en su conjunto", teniendo en cuenta datos clave como "en que modo y espacio temporal" se produjeron y eso -defiende el letrado- solo es posible con el volcado policial de sus móviles.

Señala que el acta notarial de Errejón no tiene valor

El abogado de Adade crítica, además, que el que fuera cofundador de Podemos pretenda sustituir una diligencia como esta por los pantallazos que entregó en el acta notarial, cuando esta última "lo único que puede realizar es dar fe de que el contenido mostrado es el que se plasma, resultando imposibilitada, inhabilitada e incompetente para certificar la autenticidad del contenido del teléfono y que el mismo no ha sido manipulado".

Por lo que de lo que expone Piedrafita se deduce que avisa de que no se debería descartar a priori que algún mensaje pueda ser "falso" o estar "alterado", con lo que es preciso "certificar" con la actuación policial que el terminal de cada uno "no ha sido manipulado por ninguna herramienta externa" y tiene los contenidos "íntegros e intactos".