Pedro Marín, el administrador único de Villafuel, la empresa central del 'caso hidrocarburos' ha asegurado este martes en su declaración como investigado que el que fuera asesor ministerial Koldo García le llamó para pedirle que dejase de solicitar al Ministerio la licencia de operador de hidrocarburos.

Fuentes jurídicas han explicado a EP que Marín, que ha contestado a preguntas del juez Santiago Pedraz, del fiscal y de su abogada, ha detallado que recibió una llamada de un Ministerio -aunque no se le especificó de cual- para instarle a que dejase de ser tan insistente con sus solicitudes.

Su declaración como investigado, celebrada después de que el propio Marín pidiese comparecer de forma voluntaria, se enmarca en la causa en la que se indaga en un presunto fraude cuantificado por la Guardia Civil en 231.727.536,51 euros, y que se habría realizado entre 2021 y 2024.

Marín, según las citadas fuentes, ha dicho que al momento de recibir la llamada no conocía a la persona que le estaba contactando, pero que se quedó con el nombre -Koldo- porque no era convencional.

En su declaración, Marín se ha desmarcado de las presuntas irregularidades y ha asegurado que él únicamente hacía lo que le decía la propiedad. Preguntado por el magistrado Santiago Pedraz, ha aclarado que se refería a María Luisa Rivas, la hermana del empresario Claudio Rivas, uno de los socios de Víctor de Aldama, el presunto conseguidor del 'caso Koldo' y también investigado en esta causa.

Solo vio a Aldama en Bilbao

Marín también se ha referido precisamente al propio De Aldama, con quien solo habría coincidido una vez en Bilbao para comprar unos depósitos, una operación que no llegó a materializarse. A este respecto, Marín ha explicado que Maria Luisa Rivas era la encargada de llevar las cuentas bancarias de Villafuel.

El investigado ha sostenido que la compañía tenía problemas con los bancos porque ninguna entidad quería relacionarse con empresas centradas en el sector de los hidrocarburos. El administrador de Villafuel ha dado también cuenta de varias videoconferencias que mantuvo con personal del Ministerio de Transición Ecológica -el encargado de conceder las licencias- en las que se trataron temas técnicos.

El investigado se ha expresado en la misma línea que el presunto cerebro del supuesto fraude, Francisco Javier Cillán, que ante el juez aseguró que era un mero administrativo y que seguía órdenes de la propia María Luisa Rivas.

Cillán, sin embargo, también dijo acatar instrucciones del propio Marín. Cabe destacar que el juez Pedraz pidió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que aportase a la causa el expediente tramitado en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de inscripción de la compañía en el listado de operadores al por mayor de productos petrolíferos.