Admitida la querella contra dos directivos de Unión Deportiva Las Palmas por defraudar a Hacienda

El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía contra cuatro personas, entre ellas el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y Lucas Bravo de Laguna, su director comercial, que fue candidato al Parlamento por Unidos por Gran Canaria. Los dos participaron en una cadena de sociedades para vender material sanitario al Gobierno de Canarias y se les acusa de defraudar a Hacienda, aunque también blanqueo de capitales, corrupción y malversación que provendrían de cuantiosas “mordidas” entre los años 2020 y 2021.

La querella del Ministerio Fiscal se basa en la inspección de la Agencia Tributaria de Las Palmas sobre las mercantiles Damco Trading Services SA y TanojaServices SL y los contratos por procedimiento de urgencia con el Servicio Canario de Salud (SCS) para proveer de material sanitario a los hospitales del archipiélago.

En el relato del auto, se denuncia el funcionamiento de una cadena de sociedades para ocultar que los cobros beneficiaban a personas concretas que debieron tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y optaron por el Impuesto de Sociedades y por descontarse algunas ayudas.

Una de estas empresas era Damco, que se adjudicó un contrato por 15.891.610 euros en 2020, y otros 2.786.000 euros en 2021, mientras que Tanojahabría cobrado 4.230.000 euros por el mismo suministro. La primera empresa proponía al SCS el de suministro de materiales, en función de la información que se le comunicaba. Después, formalizaba el pedido y, a su vez, ordenaba el material al proveedor internacional, cerrando el precio de compra, flete, seguro, costes de aduanas e intervención de calidad.

En abril de 2020, Ramírez fue nombrado administrador único de otra sociedad, Tabaiba Capital SLU, sin trabajadores hasta noviembre de 2020. Ramírez firma un contrato con esta sociedad para prestar servicios profesionales por 3.000 euros. Ese mismo mes, Tabaiba y Damco firman un contrato para conseguir acuerdos de compraventa de productos sanitarios e higiénicos para canarias en exclusiva, por el cual Tabaiba localizaría posibles potenciales clientes para la venta de los lotes de productos, percibiendo como consecuencia de ello el 100% del sobreprecio que Tabaiba obtuviera de los eventuales compradores.

Sin embargo, según Tabaiba las funciones que asumía era la de recibir las mercancías, evaluar la calidad y cantidad de las mismas, distribución y entrega de productos a los clientes de Damco. Para tal fin, Tabaiba subcontrata a otra empresa,B&M Sport Marketing SLU para introducir el material. Esta sociedad se constituyó en el año 2015, cuyo administrador fue Lucas Bravo de la Laguna a partir del 30 de abril de 2020.Y cobraba el 33% del importe que Tabaiba percibía de Damco. A su vez B&M, firma un contrato con otro de los investigados el 22 de abril para que supervise el material sanitario que le indique la entidad.

Toda esta cadena funcionó después de que Damcorecibiera del Servicio Canario de Salud. Tras la concesión de los contratos por cerca de 18,7 millones de euros, mientras que Tajona recibió 4,2 millones de euros, Tabaiba recibió de Damco, cerca de 6,9 millones de euros de Damco y 2,2 millones deueros de Tajona. Todos estos pagos se produjeron entre 2020 y 2021. Después, Tabaiba transfirió a B&M más de 2,3 millones de euros y esta remuneró al empleado casi 582.000 euros en entre 2020 y 2021. También recibió directamente de Damco en 2021 280.400 euros por su supervisión.

Tabaiba, hasta 2019, tenía cero euros de cifra de negocio. Tras analizar sus declaraciones del Impuesto de Sociedades, aplicó la Reserva para inversiones en Canarias (RIC) por 2,3 millones y 2,5 millones en 2020 y 2021, respectivamente, y compensó bases negativas, por lo que el dinero a abonar se vio sensiblemente reducido en ambos ejercicios.

De todo ello, la investigación concluye que la sociedad Tabaiba no contaba con medios propios de producción o recursos humanos para las tareas encomendadas. Por ello, sus ingresos no se consideran actividad económica y no serían aptos para dotar la RIC, según la normativa que regula la misma. Es decir, defraudó 713.733,56 euros y, al carecer de medios, su finalidad era beneficiar Miguel AngelRamirez“para lucrarse del suministro de material”. Hacienda considera que los ingresos con una ganancia patrimonial sujeta al IRPF y no al Impuesto de Sociedades de Tabaiba esos dos ejercicios. Ascendería a casi tres millones de euros.

Algo similar ocurre con Lucas Bravo de La Laguna respecto a la entidad B&M. Esta sociedad era propiedad de otra sociedad de la que Bravo de La Laguna era titular al 100%, Jedesky SL. Sus activos con un ordenador portátil, un Ipad y la vivienda donde reside. Al carecer de estructura B&M, "se ha producido una simulación” para facturar esos servicios y otros que facturaba a Unión Deportiva Las Palmas, donde ejerce como Director Comercial. Por lo que debíatributar como IRPF casi 521.831 euros. A la persona contratada para supervisar de manera efectiva las actividades de suministro, se le acusa de defraudar un total de 326.000 euros.