Alaya cree que permitieron la «disposición ilícita de fondos»

Chaves y Griñán conocían el «procedimiento específico» ideado por la Junta de Andalucía mediante el cual el Gobierno andaluz pagó prejubilaciones y ayudas directas a empresas de manera ilegal entre 2000 y 2011. Ésa es la base de la exposición razonada de la jueza elevada al Tribunal Supremo en agosto y que ha motivado la apertura de juicio oral contra los dos ex presidentes andaluces. La magistrada va más allá y dice en su texto que es «imposible» que no lo conocieran.

La instructora considera que el pago de los ERE respondía a una «directriz política» que se impuso al orden legal porque la fórmula empleada, aunque ilegal, garantizaba la «paz social» en la comunidad, objetivo último de la Junta y del PSOE. Es ese escenario el que posibilita la aparición del fraude –«tramitación y disposición ilícita de fondos públicos»– y los distintos actores en la trama –falsos prejubilados, comisionistas, empresas pantallas, etc.– y del que los aforados no necesariamente estaban al tanto.

En el caso de Chaves, Alaya sí cita en su exposición razonada que «la existencia de estas sobrecomisiones indiciariamente debían ser conocidas y autorizado por el propio presidente de la Junta y por la persona de su absoluta confianza, Don Gaspar Zarrías». El ex número dos de la Junta, hoy diputado, también será investigado en el Supremo.

Los argumentos contra José Antonio Griñán se refieren fundamentalmente a su etapa como consejero de Economía y Hacienda. Las evidencias son similares a las que han motivado la imputación de Magdalena Álvarez, a la que el ex presidente andaluz sustituyó en el cargo en 2004. Como consejero de Economía, la jueza señala que fue «responsable de la elaboración de los Presupuestos y del uso de la figura inadecuada de las transferencias de financiación, así como de las modificaciones presupuestarias que aprobaba él o el Consejo de Gobierno». Esas modificaciones servían para aumentar la partida de los ERE cuando era necesario. La cantidad se elevó a los 126 millones de euros con Griñán en la consejería.

La magistrada también responsabiliza a Griñán de permitir como presidente una nueva fórmula que dotaba al sistema de ayudas de apariencia de legalidad pero que en la práctica seguía siendo irregular. La senadora Mar Moreno, ex consejera de Presidencia, también tendrá que responder por este motivo.

Además, como se recuerda en la exposición razonada, el ex presidente de la Junta fue uno de los destinatarios de los informes de la Intervención General de la Junta en los que alertaba de que el pago de los ERE prescindía «total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido». En este sentido, el ex interventor ha acusado públicamente a Griñán de «cebar» una partida corrupta y le ha reprochado que pudo acabar «con el nido de corrupción en 24 horas».

Esas cuestiones son las que tendrá que analizar el Tribunal Supremo y a las que deberán responder los aforados. Chaves y Griñán anunciaron que pedirán ir a declarar «voluntariamente», algo que no hicieron ante Alaya. Conviene recordar que los dos ex presidentes tuvieron la oportunidad de ir al juzgado de Instrucción 6 número de Sevilla y no lo hicieron. En agosto de 2013, la Audiencia Provincial de Sevilla dictó un auto en el que señalaba que, «en tanto se depura la competencia del Tribunal Supremo, nada impediría al aforado que piense que puede quedar involucrado en una investigación judicial salvaguardar su derecho de defensa poniéndose a disposición del juzgado para declarar». Ambos obviaron la «invitación».