Votos nulos de Madrid
El PP alega ante el TC que el PSOE quiere cambiar el sistema electoral por la "puerta de atrás"
Los populares sostienen que los socialistas pretenden "quebrar la forma de realización del escrutinio" con su intento de recontar los 30.000 votos nulos de Madrid
El PP ha presentado alegaciones ante el Tribunal Constitucional contra el recurso que presentó el PSOE para recontar los 30.000 votos nulos de la Comunidad de Madrid. El TC admitió a trámite el pasado martes el recurso de los socialistas después de que lo hayan tumbado hasta cinco veces otras instancias (juntas electorales y Tribunal Supremo). Ante este escenario, el PP ha presentado alegaciones y ha acusado al PSOE de querer “modificar el sistema electoral por la puerta de atrás”. “El recurrente (PSOE) pretende quebrar la forma de realización del escrutinio que se viene aplicando de acuerdo a la LOREG”, señala el escrito presentado por el PP, al que ha tenido acceso LA RAZÓN.
El PSOE, pese a que se ha encontrado con cinco desestimaciones de sus recursos en este proceso, ha querido seguir adelante con el objetivo de arrebatarle un escaño al PP y evitar depender del voto a favor de Junts. Ahora mismo, para la investidura de Pedro Sánchez, necesitan del voto a favor; quitándole un diputado al PP, necesitarían solo la abstención. En este sentido, los socialistas, conscientes de que hay una mayoría progresista en el TC, han hecho un último intento presentando un recurso de amparo.
Los populares aducen que el recurso del PSOE no está fundado en Derecho porque “no hay infracción material de las normas del escrutinio” y porque, además, “pretende basarse en jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el recurrente cita de modo sesgado, parcial e incompleto”. En concreto, hace principalmente referencia a una sentencia del TC de 2015. El escrito del PP recoge que, en efecto, existe "jurisprudencia constitucional pacífica y consolidada desde hace muchos años" y "fundamentalmente" la resolución de 2015, que "definió en sus contornos constitucionales la posibilidad de revisar en las Juntas Electorales los votos nulos no protestados en las mesas, sólo cuando existiera un motivo concreto y tras apreciar la relevancia en términos lógicos de la revisión pretendida".
El partido de Alberto Núñez Feijóo considera que el PSOE trata de sortear "inútilmente" los requisitos que el Tribunal Constitucional estableció en esa sentencia de 2015: "En ningún caso se reconoció un derecho abstracto, absoluto, indiscriminado a la revisión ad nutum de los votos nulos, sino que se permitió de una forma excepcional y limitada a un supuesto concreto y por un motivo concreto". Por ello, a juicio de los populares, "no hay" una proclamación general de un "derecho indiscriminado a revisar los votos nulos": de hecho, el PP recuerda que eso lo ha aceptado el PSOE porque "lo ha venido respetando hasta ahora, desde que aquella Sentencia se dictó". "Es más, la posición procesal del recurrente en el procedimiento constitucional que precedió a esa Sentencia fue de absoluta oposición a la revisión de los votos nulos. El Partido Socialista Obrero Español cambia ahora de opinión, y pretende decir lo contrario de lo que siempre ha dicho y ha hecho en esta materia", añade.
El PP expone que, igual que en Madrid, hay muchas circunscripciones donde los resultados son ajustados, pero “los partidos vienen comportándose en todos los procesos con lealtad institucional” y evitando formular recursos como el que ha presentado ahora el PSOE. “Hasta que el recurrente se ha atrevido a truncar las bases de nuestro sistema electoral con un recurso temerario”, advierten los populares, que alertan de que la pretensión del PSOE supone “llevar al límite el sistema electoral, incrementar la presión sobre los operadores electorales, infringir la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, retorcer la jurisprudencia constitucional”.
Los populares tenían hasta este lunes para presentar alegaciones y lo más probable es que el TC tome una decisión definitiva esta próxima semana. El PP también presentó ayer un escrito para recusar a Laura Díez, magistrada del TC que fue alto cargo del Gobierno entre febrero de 2020 y abril de 2022.
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