El alto cargo de la Generalitat imputado por la DANA: "El 112 no envió comunicación alguna al Cecopi"

El exsecretario autonómico de Emergencias de la Generalitat, Emilio Argüeso, ha asegurado en un escrito remitido a la juez que investiga la gestión de la Dana que el 112 no envió al Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) comunicación alguna relativa a las casi 20.000 de llamadas que fueron canalizando desde primera hora de la mañana del 29 de octubre sobre todas las incidencias que fueron en aumento hasta las horas clave de la tragedia.

En un escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, su defensa letrada explica que no se recibió dato alguno en el Cecopi, y ello pese a que el director del Centro de Coordinación de Emergencias formaba parte del Cecopi. "Entendemos, que antes de acordar la medida que su señoría ha acordado, debería investigar previamente si alguno de estos mensajes fue comunicado al CECOPI, porque la realidad es que no hubo comunicación ni de estos mensajes ni ninguna otra", recalca.

Su abogado José María Bueno se opone a que el total de 19.821 llamadas que atendió el teléfono del 112 aquel 29 de octubre se adhieran al sumario del procedimiento porque considera que su filtración en los medios de comunicación dado el carácter mediático de la causa, "van a generar autentica alarma social". Al hilo, explica que su publicación en los medios también provocaría un daño importante a los familiares de los fallecidos, muchos de los cuáles están personados en este procedimiento que se sigue por delitos de homicidio imprudente y lesiones.

Por todo ello, la defensa del exsecretario autonómico ha interpuesto recurso de reforma al considerar que las medidas de investigación acordadas por la jueza son "impertinentes e inútiles".

Casi 20.000 llamadas al 112

Cabe recordar que la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz, desestimó incorporar todos los audios de auxilio que canalizó el 112 aquella jornada al considerar que no queda justificaba la injerencia en el secreto de las comunicaciones. De esta forma, respondió al sindicato FETAP-CGT, personado como acusación popular, que no podía adherir de manera indiscriminada puesto que no guarda relación directa con el delito que se investiga en este procedimiento penal.

No obstante, abre la puerta a adherir estas fuentes de prueba siempre y cuando se cuente con el consentimiento de cada una de las personas que aparecen en las llamadas o, en caso de que hubieran fallecido, de sus familiares.

De hecho, la jueza ya ha solicitado las llamadas de una persona perjudicada de la que ya ha obtenido el permiso y ha pedido así mismo que se recabe la autorización de la familia de otra de las perjudicadas.