Álvarez cobra del BEI casi 800 euros cada día que no dimite

La representante española en el BEI ha pedido por carta al presidente de la institución un dictamen de los servicios jurídicos sobre los procedimientos internos para acordar el cese de un miembro del Comité de Dirección, con el objeto de activar el cese de Magdalena Alvarez.

Han pasado 16 días desde que la Audiencia Provincial de Sevilla confirmara la imputación por presunta malversación de fondos de la ex ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, al apreciar «contra ella severas, por fundadas sospechas, de participación» en el «caso de los ERE» que investiga el desvío de fondos a través de expedientes de regulación de empleo fraudulentos. Más de dos semanas en las que la ex consejera andaluza se ha aferrado a su cargo como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), a pesar de las continuas peticiones desde diferentes instituciones y en contra del propio código ético de la institución internacional que prevé el cese de sus miembros si no mantienen «una actitud digna e irreprochable». Tras el Consejo de Ministros del pasado viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió a Álvarez, en situación «muy comprometida» por su imputación en el «caso de los ERE», que adoptara una «decisión» sobre su futuro. «Desde el Gobierno hacemos un llamamiento a la responsabilidad para que no afecte a los Estados que la designaron y, lo que es más importante, a esa institución que es clave y fundamental en el entramado institucional europeo», aseguró Sáenz de Santamaría. Antes lo habían solicitado el ministro de Economía, Luis de Guindos, e incluso el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Pero mientras se toma una decisión, su negativa a dimitir le está costando al BEI un buen pellizco de dinero. Cada día que Magdalena Álvarez sigue en una de las ocho sillas de vicepresidente del Comité de Dirección del banco, la ex ministra percibe 765,45 euros, cifra resultante de dividir su salario base de 22.963,55 euros al mes –sujeto a un impuesto comunitario–, al que hay que sumar unas dietas por residencia del 15 por ciento del sueldo, así como unos gastos de representación que ascienden a 991,38 euros al mes. Por este concepto, en estas algo más de dos semanas, la ex consejera andaluza ha percibido 486 euros, lo que eleva hasta los 795,82 euros su sueldo diario. Si se multiplica por los días que sigue en su cargo desde que la Audiencia de Sevilla ratificó su imputación el pasado 6 de mayo, son 12.733 euros los que habrá cobrado por mantenerse en un puesto en el que todo parece indicar que tendrá que abandonar tarde o temprano.

Ayer, la maquinaria gubernamental para forzar la dimisión de la ex ministra socialista dio un paso más. La representante española en el consejo de administración del Banco Europeo de Inversiones, Clara Crespo, solicitó por carta al presidente de la institución Werner Hoyer, que aclare si Magdalena Álvarez, imputada en el «caso de los ERE» en Andalucía, puede seguir como vicepresidenta del organismo, cargo que ostenta desde julio de 2010, cuando sustituyó al portugués Carlos da Silva Costa. Según fuentes próximas al Ejecutivo, España ha pedido un dictamen de los servicios jurídicos del BEI sobre los procedimientos internos para acordar el cese de un miembro del comité de dirección, como la ex ministra Magdalena Álvarez, informa Efe.

En concreto, la representante española pide una aclaración sobre los requisitos para la adopción de los acuerdos por el consejo de administración y el consejo de gobernadores, así como quién es el encargado de iniciar el procedimiento. Asimismo, la representante española también pide que se aclare qué mayorías son necesarias para su aprobación y qué documentación hay que presentar para acordar el cese de un miembro del comité de dirección del BEI.

Además, teniendo en cuenta que Magdalena Álvarez está imputada por presunta malversación de fondos en el «caso de los ERE» en Andalucía y se mantiene como vicepresidenta del BEI, España reclama que se consulte a la oficina de conflictos para que se pronuncie sobre si existe un riesgo reputacional para la institución.