La Fiscalía Anticorrupción no da por válidas las explicaciones de los cabecillas del caso Koldo en sede judicial. Más bien al contrario, considera que el material probatorio incautado por la Guardia Civil constata la existencia de una presunta organización criminal que, aunque tuvo epicentro en el Ministerio de Transportes, también puso el foco en otros departamentos del Gobierno; en concreto, en el Ministerio de Transición Ecológica que entonces dirigía Teresa Ribera.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se apoya en un documento que Koldo García envió al exdirectivo de Acciona Fernando Merino, en el que hacía referencia a tres cargos del "Ministerio de Medio Ambiente". Se trata de una nota que Koldo recibió, a su vez, de Santos Cerdán y que evidenciaría el interés del entonces secretario general del PSOE en "determinar ciertos nombramientos" en los ministerios tras el aterrizaje del PSOE en el Gobierno.

Ahora la Fiscalía recupera esta nota para recordar que el objetivo era "introducir a personas clave en la mecánica delictiva de adjudicación de obras" con el objetivo de beneficiar a determinadas empresas, entre ellas a Acciona y Obras Públicas y Regadíos (OPR). Según indica la Fiscalía en el escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN resulta "llamativo" que estas listas sobre altos cargos en el Ministerio de Fomento y de Medio Ambiente (ahora conocido como Transición Ecológica) se derivaran al exdirectivo de Acciona.

"Buena relación con la ministra"

También es relevante el contenido de la nota que Koldo le remitió a Merino puesto que junto con el nombre de los altos cargos del Ministerio, añadió una breve descripción de su "perfil". Así, asoció Rafael Romero a la Dirección General del Agua indicando que había sido "presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) con gobiernos socialistas".

Del mismo modo, también aludió a Lola Pascual Vallés, secretaria general de la CHE. "Tiene buena relación con la ministra", anotó el exasesor ministerial, en referencia a la entonces máxima responsable del Ministerio, Teresa Ribera. Igualmente, la nota recoge las órdenes a seguir con Eugenio Jesús Domínguez, entonces subdirector de Evaluación Ambiental. "Mantenerlo en el cargo, lleva en el puesto con diferentes gobiernos", precisa.

Por todo ello, la Fiscalía considera que persisten los indicios sobre Merino y que, además, no fue capaz de refutarlos en su interrogatorio en sede judicial. "Muy lejos de proporcionar explicaciones lógicas durante su declaración, no hace sino reforzar los indicios de criminalidad referidos, al no ofrecerse explicaciones convincentes respecto de las cuestiones controvertidas"; alega. Además, considera que "no fue capaz de explicar" el motivo por el cual Acciona pagaba a Koldo García.

La tapadera del bar Franky

De hecho, su escrito trae causa de la petición del empresario de que le levanten las medidas cautelares adoptadas por el magistrado Leopoldo Puente tras interrogarle el pasado 7 de julio. Anticorrupción sostiene que los indicios que pesan sobre él unido a los graves delitos que se le imputan requiere que se le mantengan las medidas acordadas, que pasan por la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales en el Juzgado Decano de Granada.

Para Anticorrupción, la "naturaleza subrepticia" de la relación entre la mano derecha de Ábalos y Acciona se evidencia en la manera en la que esta le retribuía. La UCO expuso al respecto que les habría pagado mordidas por importe ligeramente superior al millón de euros.

Los agentes detectaron que la trama habría utilizado el bar Franky de Pamplona para blanquear, presuntamente, las comisiones obtenidas. En ese sentido, las anotaciones de Koldo son reveladoras, por cuanto que constatarían que el dueño del establecimiento, Francisco Javier Lorente Rodríguez, habría girado facturas falsas actuando como intermediario de Acciona. Anticorrupción da veracidad a lo advertido por la UCO asegurando que su informe se nutrió de abundante documental.

"Acción económica furtiva"

"Las comunicaciones acreditan la relación económica furtiva entre Koldo García y Acciona, sin que conste trabajo alguno -lícito- prestado por aquel a la constructora que justificara cualquier retribución y desmontan claramente la versión de Fernando Agustín Merino de que las facturas eran reales y que en verdad Acciona pagaba a Koldo García tan importantes cantidades en concepto de comidas en el Bar Franky", reza Anticorrupción.

A todo ello se añade la "estrecha relación" entre Merino y Koldo y el papel "clave" de este último dentro del Ministerio de Transportes para que se adjudicaran las obras señaladas en diciembre por Víctor de Aldama. Para estas actuaciones aprovechó su "capacidad de influencia" sobre el entonces director general de Carreteras, Javier Herrero, y la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, a quienes el magistrado Ismael Moreno ha imputado en la causa abierta por el caso Koldo en la Audiencia Nacional.

Por su parte, las acusaciones populares, personadas bajo la representación letrada del Partido Popular, también han impugnado el recurso de Merino alegando que si el juez le retira las medidas cautelares éste podría sustraerse de la acción de la Justicia siendo, además, que la imposición de las mismas no debilitan su presunción de inocencia. Al hilo inciden en que hay "sólidos indicios" de que se adjudicaron "a dedo" obras de Acciona a cambio de una contraprestación que sería constitutiva del delito de cohecho.