Los tentáculos de Aldama acechan a cinco ministerios y cercan al PSOE

El caso Koldo y la trama del fuel salpican ya a cinco ministerios. El denominador común de ambas causas, Víctor de Aldama, mantiene el pulso a Moncloa mientras se investigan los presuntos vínculos del Gobierno con este conseguidor. De hecho, la ronda de declaraciones en la derivada del caso Koldo que se sigue en el Tribunal Supremo trasciende la actuación del Ministerio de Transportes, para apuntar a dos más: Hacienda y Agricultura. Por su parte, el millonario fraude de los hidrocarburos afecta al Ministerio para la Transición Ecológica y a Industria.

En relación con el caso Koldo, las 17 testificales celebradas las últimas semanas han permitido avances de calado para la investigación. De todas ellas, han sido especialmente significativas la de Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero; la de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, la de Jessica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos y la de Carmen Pano, la empresaria que asegura que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz.

Ministerio de Agricultura

Hasta ahora, la UCO había estrechado el cerco al Ministerio de Transportes. Primero, por las sospechosas adjudicaciones de los contratos covid que se firmaron desde Puertos del Estado y Adif por 32,5 millones en total. Sin embargo, las confesiones de Víctor de Aldama han hecho que el foco se amplíe también a las adjudicaciones de obra pública concedidas durante la etapa de José Luis Ábalos y las contrataciones en Ineco, empresa dependiente de este Ministerio.

La expareja de Ábalos propició la apertura de esta nueva línea de investigación tras declarar que estuvo en nómina de Ineco sin ir a trabajar. En su comparecencia del 27 de octubre insinuó que el exministro propició su contratación en esta empresa pública en la que estuvo desde marzo de 2019 hasta 2021. Entonces pasó a Tragsatec, donde permaneció medio año más sin desempeñar cargo alguno, según su testimonio.

Esta confesión afecta no solo al ministerio de Óscar Puente, sino también a Agricultura, ya el departamento que dirige Luis Planas tutela Tragsatec. De hecho, la repercusión de su confesión se ha dejado sentir en ambos entes. Mientras Ineco se ha dirigido a Anticorrupción para desmentir a Jessica con un parte de horas trabajadas, Tragsatec ha cesado a la gerente de Desarrollo Rural y Política Forestal, Caridad Martín Palacios. Esta salida se produjo apenas 24 horas después de la comparecencia de la joven.

Ministerio de Transportes

Además, su testimonio cobra fuerza tras lo relatado por Pardo de Vera. La expresidenta de Adif, que ya declaró en la causa troncal que se sigue en la Audiencia Nacional, dijo que el contrato de mascarillas le vino impuesto y que tanto el entonces ministro como su asesor, Koldo García, se interesaron por la contratación de personal en Ineco. Según su testimonio, el interés venía porque pretendían enchufar al hermano del asesor, Joseba García, en el ente público y también a Jessica. "Creo que no tenían conocimiento de la Administración Pública", expuso.

También confirmó que le preguntaron por dos constructoras señaladas por Aldama y por su nexo con este último. En relación con las empresas adjudicatarias razonó que Ábalos y Koldo le trasladaron que estas dos firmas (Levantina y Construcciones Murias) no estaban cobrando "de forma objetiva" por las obras adjudicadas. Ella, tras efectuar las oportunas comprobaciones, lo negó y les emplazó a acudir a los tribunales si se consideraban afectadas. La primera de esas firmas aparece en los papeles que aportó Aldama sobre presuntos amaños en el Ministerio a cambio de comisiones.

En lo que respecta a Aldama, la directiva terminó confirmando que coincidieron en una ocasión. A preguntas de si mantuvo comunicación con él, Pardo de Vera contestó que no le constaba pero que no había podido recuperar todo lo que había en su móvil antes de 2021, que es cuando ocurrieron los hechos. "¿Por qué razón pudo comunicarse el señor Aldama con usted?", insistió su letrado, a lo que ella contestó: "No lo sé".

Ministerio de Hacienda

A los Ministerios de Transportes y Agricultura se suma ahora Hacienda. Carlos Moreno, mano derecha de la actual vicepresidenta del Gobierno, saltó a la palestra cuando Aldama dijo que le pagaron una mordida de 25.000 euros por ayudarles a paralizar un embargo a una empresa amiga. En su comparecencia en sede judicial, negó la mayor con respecto a la comisión. No obstante, tras asegurar que su principal función es la de asistir de manera "directa" a su vicepresidenta, expuso que "creía recordar" que Koldo García le había pasado su teléfono. "Reuniones no sé si habremos tenido", aseveró.

Sin embargo, a medida que fue avanzando la declaración, Moreno reconoció que habló con él, que se vieron y que le gestionó la petición en el Ministerio. En concreto, dijo que hablaron sobre la gestión de un aeropuerto de Ciudad Real, aunque también trataron el asunto de la presunta venta de un edificio del Ministerio de Hacienda en la calle María de Molina y de un asunto sobre la devolución de IVA a turistas no comunitarios.

"Durante algún tiempo tuvimos contactos", reconoció. El magistrado Leopoldo Puente recogió el guante y le preguntó si fueron telefónicos o presenciales. "Nos hemos visto dos o tres veces", contestó. Una de esas ocasiones pudo ser en el propio Ministerio en el que ejerce la vicepresidenta del Gobierno. En relación con la gestión por la que Aldama le acusa de haber cobrado en 'b', Moreno dijo que no recordaba "exactamente" pero que seguro que dio traslado de la 'consulta' al asesor del gabinete, "como siempre". A preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, especificó que esa persona era Ignacio Granada.

Con todo, estas declaraciones comprometen a María Jesús Montero por cuanto que en su comparecencia en el Senado el pasado 26 de noviembre negó conocer o haberse reunido con Aldama y dijo que su jefe de gabinete tampoco efectuó gestión alguna por él. También dijo que ponía la mano en el fuego por su mano derecha. "Que compre pomada para las quemaduras", respondió el conseguidor.

Ministerio para la Transición Ecológica e Industria

En paralelo a la investigación por el caso Koldo, la Audiencia Nacional indaga un fraude millonario al fisco con la venta de fuel. Se trata de un procedimiento que tiene muchas aristas con el caso Koldo, primero porque en su cúspide se sitúa también Aldama y, segundo, porque éste último también habría aprovechado su influencia en el Gobierno aunque, en este caso, para conseguir agilidad en la tramitación de la licencia que permitió a la empresa clave operar en el sector de los hidrocarburos.

La UCO identificó una reunión en el Ministerio de Industria en enero de 2021, bajo el mandato de Reyes Maroto, en la que se trató el asunto de la licencia. En dicho encuentro, impulsado por Aldama y Koldo García, participó Juan Ignacio Bidart -exjefe de gabinete de la ministra-, el dueño de Villafuel, Claudio Rivas, la empresaria Carmen Pano y dos personas más. La Guardia Civil sostiene que les pidieron que les hicieran llegar los papeles al Ministerio a través de Koldo; extremo que la propia Pano confirmó en sede judicial.

Con todo, fue el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, a cuyo frente se encontraba Teresa Ribera, el que autorizó la consideración de operador al por mayor de productos petrolíferos. La Fiscalía Anticorrupción expuso en su querella inicial, que Villafuel obtuvo la licencia en septiembre de 2022 sin cumplir, "aparentemente" los requisitos legales. Ahora, el magistrado Santiago Pedraz ha encargado a la UCO que recabe de este Ministerio el expediente de la compañía.

El PSOE

Las confesiones de Aldama han trascendido las actuaciones del Gobierno y apuntan también al partido que lidera Pedro Sánchez. El Supremo ha ordenado a la UCO que investigue los mensajes telefónicos que conserven los tres investigados en esta causa (Koldo García, Ábalos y el propio Aldama) poniendo especial interés en los que habrían mantenido con Santos Cerdán, 'número tres' del PSOE, y otros aforados como el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Pese a que Ábalos recurrió la diligencia, tanto el Supremo como Anticorrupción la han avalado precisando que se hace necesario recabar unos indicios mínimos antes de proceder, en caso de que fuera necesario, contra un aforado. En ese sentido los agentes están manos a la obra ya con el encargo del juez. De hecho, y como avanzó este medio el pasado 17 de febrero, los agentes han localizado mensajes del secretario de organización socialista en los móviles interceptados a los cabecillas del caso Koldo. Aldama dijo que Santos Cerdán cobró 15.000 euros en negro en compensación por haberse inmiscuido la trama en unas adjudicaciones en el País Vasco y Navarra; zona que estaría bajo su control. Lo definió como "el cupo vasco".