Anticorrupción acelera la declaración como imputado de Oleguer Pujol

La investigación por delito fiscal y blanqueo a Oleguer Pujol ha dado un giro inesperado después de que la Fiscalía Anticorrupción haya instado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz a tomar declaración como imputado al benjamín del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol y a su ex socio Luis Iglesias. El magistrado no tenía previsto llamar a declarar a ambos hasta después del verano, a la espera de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía le remita el informe definitivo sobre la documentación intervenida en los registros efectuados en los domicilios y empresas de ambos ex socios, pero el escrito de la Fiscalía le obliga a cambiar el paso. Pedraz –a quien la petición fiscal le ha llegado «por sorpresa», según fuentes jurídicas, pues los fiscales del caso no le habían avisado de que iban a solicitarle esas comparecencias– no tiene previsto, según esas mismas fuentes, citar a Pujol e Iglesias la próxima semana, al estar de guardia en la Audiencia Nacional, sino la siguiente, entre el 6 y el 10 julio, apenas dos semanas antes de irse de vacaciones.

Anticorrupción también ha solicitado al magistrado que se deje al margen de la investigación a las esposas de Pujol e Iglesias, Sonia Soms y María Zaplana, y al notario Antonio Morenés, quien formalizó en escritura pública la compra de 1.100 sucursales del Banco Santander por 2.177 millones de euros por parte de una de las empresas controladas por el hijo de Pujol, Samos Servicios y Gestiones, uno de los supuestos «pelotazos» inmobiliarios que investiga el juez. El instructor accederá a esa petición.

Pedraz no sólo interrogará a Oleguer Pujol y a su ex socio por delito fiscal y blanqueo, sino también por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental, delitos de los que la UDEF ha hallado indicios, tal y como reflejó en su informe del pasado 20 de mayo, y por los que pidió al juez ampliar la investigación a dos de los hermanos de Oleguer, Jordi y Pere, por supuestas asesorías inmobiliarias en 2007 sobre negocios en Andorra y el sur de Francia.

En su escrito, los fiscales Juan José Rosa y José Grinda sustentan su decisión en dos informes de la Agencia Tributaria de febrero y marzo pasados, y un tercero de su delegación en Cataluña, en los que Hacienda aprecia «la posible existencia de cuotas impositivas defraudadas» por parte de los antiguos socios y en su entramado societario.

Informes de Hacienda

Del mismo modo, Anticorrupción hace referencia a tres informes de la UDEF de marzo, mayo y el pasado 1 de junio, en el que solicitó a Pedraz que reclamase a cuatro empresas, dos de ellas vinculadas a Jordi y a Oleguer Pujol, toda la documentación relativa a los pagos efectuados por las asesorías bajo sospecha. Todos esos informes, concluye la Fiscalía, acarrean la «necesidad» de que Oleguer Pujol y su ex socio declaren como imputados.

En un comunicado, Iglesias insistió ayer, tras conocer la decisión de Anticorrupción, en la «legalidad» de sus actuaciones y en su situación fiscal «por haber tributado en Reino Unido en 2007 y 2008». Igualmente, Drago Capital (en la que los dos imputados eran socios, y que está en el punto de mira de la UDEF) defiende que todas sus operaciones, «así como la procedencia de los fondos que gestiona», se atienen «a la más absoluta legalidad» y la identidad de los beneficiarios de esos fondos está, añade el comunicado, «absolutamente contrastada».