Aprobada la Ley de Telecomunicaciones

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones que, entre otras cosas, persigue simplificar el despliegue de nuevas infraestructuras de telecomunicaciones y que los ciudadanos se beneficien de precios más competitivos.

La normativa, que modifica la vigente desde 2003, ofrece un nuevo marco jurídico para que los operadores lo tengan más fácil a la hora de desplegar redes y prestar servicios, lo que redundará en "mejores ofertas para los ciudadanos y empresas", así como en menores precios y mejor cobertura, ha explicado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría.

La vicepresidenta ha destacado que da seguridad jurídica, al compendiar toda la normativa vigente; y supone un importante avance en la reformas de las administraciones públicas, ya que facilita su coordinación para el despliegue de redes y simplifica el procedimiento de licencias.

En este sentido, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha destacado que uno de los principales objetivos de la ley es que los ciudadanos puedan beneficiarse de precios más competitivos, uno de los efectos positivos de la liberalización del sector, iniciada en 1998, "que aún no se ha trasladado por completo"a los usuarios.

La nueva ley era "muy necesaria", puesto que hoy el mundo de las telecomunicaciones tiene "muy poco que ver con el que había hace diez años", ha destacado Soria, quien ha recordado la importancia del sector en la generación de actividad económica, inversiones y empleo.

El desarrollo de la cuarta generación de telefonía móvil, la banca ancha y las redes ultrarrápidas obligaban a la reforma, ha apuntado.

Entre otros objetivos, la ley persigue impulsar la competencia, mejorar los servicios al ciudadano, recuperar la unidad de mercado poniendo freno a la dispersión normativa y simplificando los trámites administrativos que dificultan las inversiones y facilitar el despliegue de redes.

El anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones fue aprobado en diciembre de 2012 y ahora será remitido a las Cortes después de haber sido informado por el regulador del sector (CMT), las autoridades de competencia (CNC) y el Consejo de Estado, entre otros.