Arraiz reconoce su pertenencia a ETA y el fiscal reduce la pena a 2 años

El presidente de Sortu, Hasier Arraiz, juzgado por tratar de dar continuidad a la ilegalizada Batasuna a través de ANV y PCTV, ha reconocido los hechos ante el juez, así como el daño causado a las víctimas del terrorismo, tras haber llegado a un acuerdo con el fiscal y asumir una pena de dos años de prisión.

Tras la declaración de Arraiz ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la Fiscalía, que le pedía seis años, ha modificado su escrito de acusación para solicitar una pena de dos años de cárcel, de acuerdo con la defensa del acusado, que carece de antecedentes penales y que ha rechazado expresamente cualquier actividad violenta.

Las acusaciones de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia siguen pidiendo diez años de prisión e inhabilitación para ese periodo, aunque la AVT plantea una petición de pena alternativa de cinco años.

Después de la vista oral, Arraiz ha reflexionado sobre la imposibilidad de presentarse en las listas de EH Bildu, ya que la pena que ha asumido incluye la inhabilitación.

Ha opinado que este juicio en el TSJPV por su condición de aforado, al ser parlamentario vasco, "no tenía demasiado sentido"después del acuerdo que habían alcanzado las partes en enero en la Audiencia Nacional respecto a la causa principal.

Los otros 35 acusados por formar parte de la Mesa Nacional de Batasuna que estaba reunida en la localidad de Segura (Gipuzkoa) en octubre de 2007, aceptaron ante la Audiencia Nacional que se les impusieran penas que oscilan entre año y medio y dos años de cárcel, por lo que no tenían que ingresar en prisión, e inhabilitación a cambio de admitir los hechos que se les imputaban.

En el último turno de palabra del acusado, Arraiz ha asumido todos los hechos relatados como responsable de Batasuna, "aún siendo evidente la imposibilidad"de haber participado en algunos de los actos que se enumeran por estar en prisión de manera preventiva, pero "por dejar claro"su actividad cuando llegó a pensar que estaba en peligro el proyecto político independentista y de izquierdas que él defendía, por la aplicación de la Ley de Partidos.

"En ese escenario político perverso", en que habían quedado en la ilegalidad las formaciones de la izquierda abertzale, "continuar con nuestra actividad política no era sencillamente una opción, era una obligación ética", ha dicho.

El fiscal Juan Calparsoro ha destacado que el texto acordado con el acusado se ha redactado sobre la sentencia de la Audiencia Nacional y en el mismo Arraiz ha asumido la legalidad del Estado de Derecho, "su renuncia a la actividad violenta y su reconocimiento del dolor de las víctimas por el daño que les ha causado".

Calparsoro y el letrado de la defensa Iñigo Iruin han pedido a la Sala que atienda el atenuante muy cualificado de la pena debido a la dilación del proceso, ya reconocida en la AN, así como que el delito de terrorismo que se le imputa a Arraiz sea el del subtipo atenuado del artículo 579 bis 4 del nuevo Código Penal, para concretar una petición de pena de dos años.

Según el fiscal, este acuerdo "es más gravoso para el acusado"que el impuesto a la mayor parte de los procesados en la AN, en cuanto a la pena de prisión asumida y por la inhabilitación, ya que Arraiz ha aceptado su inhabilitación especial incluso para cargo autonómico, como el que ocupa en estos momentos como parlamentario.

El fiscal detalla que Arraiz, desde octubre de 2005 hasta el año 2009, formó parte de la clandestina Mesa Nacional de Batasuna y participó hasta en 28 actos como reuniones, manifestaciones y entrevistas como miembro de esa organización hasta su arresto en 2007, "de forma coordinada con la organización terrorista ETA para conseguir la independencia de Euskalherria mediante la utilización de la violencia".

Desde las acusaciones populares, los letrados de la AVT y de Dignidad y Justicia, ha indicado que en Madrid las partes lograron un acuerdo "porque hubo cesiones por parte de todas las partes ante unas circunstancias extraordinarias", pero han indicado que el acuerdo "no quita fuerza jurídica ni moral"para seguir adelante en proceso en el País Vasco.

Han pedido que no se aplique la calificación atenuada del delito de terrorismo ya que queda probada la "dilatada actividad"de Arraiz como responsable de una organización ilegalizada y se le condene a diez años de cárcel.

Efe