La Asociación de Fiscales (AF) ha advertido por carta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de que debe abstenerse de proponer nombramiento alguno para la plaza de fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública para garantizar el principio de neutralidad y evitar una "colisión entre intereses particulares e intereses generales", dado su condición de investigado en el Tribunal Supremo (TS) por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso.

"No es admisible que un fiscal general del Estado pueda proponer el nombramiento del Fiscal que podría estar encargado de intervenir en un procedimiento que le afecta personalmente o, en todo caso, que podría fijar los criterios de actuación en un asunto por el que está siendo investigado el propio fiscal general", defiende la AF en la misiva remitida a García Ortiz, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

La asociación que preside Cristina Dexeus considera por tanto que García Ortiz debe abstenerse en la propuesta de nombramiento por "tener interés personal en el asunto", puesto que el responsable de la nueva fiscalía de Sala será el encargado de fijar criterio sobre el delito de revelación de secretos por el que el máximo representante del Ministerio Público está imputado.

"Le pedimos que no comprometa más la imagen de nuestra institución, no la someta nuevamente a escarnio, poniendo en entredicho su imparcialidad y neutralidad", hace hincapié, que considera su abstención "inevitable", por lo que le insta a retirar del orden del día del Consejo Fiscal que se celebra mañana esa propuesta de nombramiento.

La asociación mayoritaria en la carrera expone que existe un deber de abstención cuando la actuación administrativa "puede producir consecuencias en la esfera jurídica del funcionario actuante o le puede reportar cualquier clase de beneficio o ventaja personal", algo que entiende que sucede en este caso.

Posible "ventaja o beneficio" personal

"Se trata de evitar el riesgo objetivo", subraya la Comisión Ejecutiva de la AF, "de que la esperanza de cualquier utilidad, ventaja o beneficio personales pueda pervertir el sentido de la decisión".

La AF aprecia un "interés personal" de García Ortiz en el nombramiento en el hecho de que el fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública deberá "coordinar la actuación y consiguiente persecución" de estos delitos en todo el territorio nacional, por lo que le corresponderá también "la coordinación de la actuación del Ministerio Fiscal en relación con el específico proceso penal" en el que el fiscal general tiene la condición de investigado. De ahí que le inste a apartarse del procedimiento de selección de la plaza y, por tanto, de realizar cualquier propuesta de nombramiento en el Consejo Fiscal.

"La causa de abstención no exige la influencia real y efectiva en el asunto, sino la mera posibilidad de influencia", matiza la asociación, para la que "desde luego no puede decirse que la posición del Ministerio Fiscal sea irrelevante en un procedimiento penal, con independencia de la presencia de acusaciones particulares o populares".

"La persona que formalmente sea propuesta, en su posterior actuar profesional puede adoptar decisiones interpretativas, entre otros, del delito de revelación de secretos", explica la AF en la carta a García Ortiz, "en la medida en que las decisiones y opiniones que proceden de las áreas especializadas de la Fiscalía, sin constituir doctrina de la Fiscalía General del Estado, ni considerarse jurídicamente vinculantes, pueden servir de guía de actuación del conjunto de quienes integramos la carrera fiscal".

Colisión con la Fiscalía Anticorrupción

Para la principal asociación de fiscales es "indiferente" que el asunto penal que le afecta esté asignado a la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, pues esta, "como cualquier fiscal, estará sometida a las directrices establecidas por el nuevo Fiscal de Sala en esta materia, que serán de obligado cumplimiento para cualquier representante del Ministerio Fiscal en un procedimiento penal".

Directrices que, llama la atención, "podrán ser aprobadas o autorizadas" por el propio fiscal general del Estado "pese a estar investigado" por el Tribunal Supremo "mediante la correspondiente instrucción", según el artículo 20.3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). Sin descartar, advierte, dada la "indefinición del ámbito funcional" de la nueva fiscalía de Sala, que su titular "intervenga en el procedimiento" contra García Ortiz en el alto tribunal "por su relevancia o trascendencia", posibilidad recogida expresamente por el propio artículo 20 del EOMF.

Por tanto, concluye, "sea con intervención directa en el procedimiento (por otra parte, una posibilidad inasumible), sea de manera indirecta a través de directrices, informes y propuestas", el nombramiento puede reportar a García Ortiz un "beneficio o ventaja personal que en el presente caso podría traducirse en relación con el proceso penal" en el que está siendo investigado.

La asociación reitera además sus "dudas" sobre la creación de esta fiscalía de Sala "a pesar del informe contrario del pleno del Consejo Fiscal". Y es que considera que sus competencias pueden entrar en conflicto con "instituciones que en la actualidad funcionan muy adecuadamente en la lucha contra la corrupción", en referencia a la Fiscalía Anticorrupción particular contra la Fiscalía Especial contra la Corrupción. De ahí que, alerte, "cambiar o alterar lo que funciona adecuadamente va más allá de los riesgos razonables".