Ofensiva legal de policías y guardias civiles contra Marlaska por negarles el reconocimiento de profesión de riesgo

Policías y guardias civiles no piensan quedarse de brazos cruzados ante la inacción del Gobierno en una de sus reivindicaciones históricas: el reconocimiento como profesiones de riesgo, al igual que sucede, por ejemplo, en el caso de los Mossos d´Esquadra, de la Ertzaintza y las Policías locales. Un reclamación laboral que implica importantes consecuencias en su jubilación, pues facilitaría a los agentes acogerse a la jubilación anticipada en las mismas condiciones que agentes de otros cuerpos.

Cuatro meses después de que el Tribunal Supremo, tras una demanda del sindicato Jupol, obligase al Gobierno el pasado 21 de mayo a reconocer la profesión de policía nacional como de riesgo, el esfuerzo de los agentes para alcanzar la equiparación con el resto de cuerpos policiales se va a desplegar no solo ante la Administración, sino también en los tribunales. Y es ahí donde el colectivo Equiparación Real, que agrupa a más de 20.000 policías y guardias civiles, está decidido a plantar cara al Ejecutivo.

En primer lugar, según ha anunciado hoy, ha planteado una reclamación ante el Ministerio de Interior -la primera en esta cuestión en defensa conjunta tanto de policías como guardias civiles-. Pero irá mucho más allá, hasta el punto de que está dispuesto a llevar sus reclamaciones, no solo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid o la Audiencia Nacional (en función de la respuesta de Interior), sino también a "organismos internacionales": el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la propia Comisión Europea.

Durán: "Parecen ciudadanos de segunda"

Para el letrado de la asociación, Miguel Durán, se trata de una discriminación "insostenible" respecto a otros cuerpos policiales. "Parece que sean ciudadanos de segunda o tercera división", se ha quejado el abogado, para quien resulta "inconcebible" que pese a las promesas del Ministerio de Interior en 2018, "siete años después sigamos teniendo este agravio comparativo". "El reconocimiento de profesión de riesgo comporta que se apliquen coeficientes reductores que permiten una jubilación anticipada perfectamente lógica teniendo en cuenta el trabajo que desarrollan", ha afirmado.

Durán ha cuantificado en más de 700 euros mensuales la diferencia entre la jubilación de un policía o guardia civil y la de un ertzaina o mosso a consecuencia de una discriminación que califica de "inaceptable". Según el abogado, el coste de la medida no superaría los 1.000 millones de euros, suficientes según ha expuesto para que las arcas públicas asuman la jubilación anticipada de, según cálculos de Interior, entre 12.000 y 15.0000 agentes sujetos a dos regímenes diferentes: Seguridad Social y, sobre todo, Clases Pasivas (situación esta última en la que se encuentran 80.000 agentes de Policía y Guardia Civil).

"Legalmente ya se ha reconocido tanto a mossos como a ertzainas y policías locales un hecho que resulta evidente: que desarrollan una profesión de riesgo", ha recordado por su parte otro de los letrados de la asociación, Miguel Ángel Durán, que considera "insostenible" jurídicamente que por el mismo trabajo estos agentes reciban "un trato absolutamente distinto" en su derecho a jubilarse anticipadamente.

La reclamación de Equiparación Real para que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo se dirige tanto a Interior como al Ministerio Inclusión y Seguridad Social. Pero ante el previsible silencio o a una nueva negativa, el despacho Durán&Durán asume que tendrán que acudir, en función de quién firme la respuesta, al TSJ de Madrid o a la Audiencia Nacional, aunque -asumen- "todo esto terminará en el tribunal Supremo".

En el horizonte, el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE "para que establezca la correcta interpretación" de la normativa europea, abriendo la puerta incluso a poner de relieve ante la Comisión Europea "la discriminación por el reconocimiento de profesión de riesgo". "No entiendo por qué razón se maltrata de esta forma a Policía y Guardia Civil", lamentan atónitos.

Alta tasa de suicidios

Durán ha señalado, por ejemplo, que la esperanza de vida de estos agentes respecto a la media nacional es siete años menor en hombres y cinco en mujeres, al tiempo que ha incidido en los altos índices de peligrosidad que padecen. Al mismo tiempo, ha lamentado que el Gobierno se muestre "cicatero" con cuerpos policiales "a los que habría que cuidar más y mejor".

En relación a esta cuestión, Alejo Moreno, portavoz de Equiparación Real, ha puesto sobre la mesa los criterios objetivos que justifican el reconocimiento de profesión de riesgo para este colectivo. No solo la alta exposición al peligro y los elevados niveles de estrés, sino también la carga psicológica de su trabajo, que se traduce en una alta tasa de suicidios. No en balde, ha recalcado, "cada 20 días un agente se quita la vida", algo que ha achacado a las situaciones "traumáticas vividas en acto de servicio".

El ministro Marlaska, ha dicho, miente "cínica y obscenamente" al oponer razones económicas para negar esta reivindicación. "¿Insostenible económicamente?", se ha preguntado de forma retórica. "Tenemos la tasa de recaudación más alta de Europa y hemos regalado 42.000 millones de euros en subvenciones a otros países", ha apuntado Moreno, quien ha asegurado con un punto de amargura que, a la vista de esta discriminación, "no compensa arriesgarse para acabar siendo un bonito cadáver con uniforme o, aun peor, un tullido babeando en silla de ruedas".

Para el despacho de abogados encargado de la ofensiva jurídica para lograr esta reivindicación, este reconocimiento "no es únicamente una cuestión de años de jubilación", sino sobre todo "de justicia profesional, de dignidad institucional y de coherencia del Estado con sus propios valores democráticos". "No se trata de un privilegio", insisten. "Se trata de proteger a quienes nos protegen, de corregir una omisión histórica y de garantizar un trato igualitario y digno dentro del propio sistema público de seguridad".