Benegas, la líder en Valladolid, vinculada a grupos proetarras

Doris Benegas, una abogada a la que en determinados momentos se ha vinculado con la llamada «izquierda abertzale», lidera en Valladolid la Plataforma Stop Desahucios y tiene un importante protagonismo en los movimientos que se han generado en tono al 15-M y grupos antisistema, según fuentes concocedoras del asunto consultadas por LA RAZÓN. Es hermana del político socialista Txiki Benegas.

Aunque nació en Venezuela, siendo pequeña se trasladó con sus padres al País Vasco, donde estudió la carrera de Derecho. Sin embargo, ha desarrollado prácticamente toda su labor política y profesional en Castilla y León y, en concreto, en Valladolid. De hecho, fue candidata a la alcaldía de esta ciudad en 1979 y 1983, en el seno del partido Unidad Popular-Pueblo Revolucionario.

Con posterioridad, formó parte del núcleo central que dio lugar a la fundación del partido Izquierda Castellana. Figuró en el número 2 de la lista de la candidatura Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos en las elecciones al Parlamento Europeo del año 2009. El cabeza de lista, Alfonso Sastre, declaró que, en caso de ser elegido, cedería su escaño a Benegas.

Al existir sospechas de que la candidatura podía ser una «tapadera» de la «izquierda abertzale», se realizaron diversas investigaciones. Se dijo entonces que en su día había participado en el homenaje a un etarra detenido, así como en una manifestación en Bilbao en apoyo de la candidatura Herritarren Zerrenda (HZ) y en actos a favor de Batasuna. Benegas nunca ha repudiado a estos movimientos; al contrario, en alguna ocasión ha mostrado reconocimiento a sus militantes.

En septiembre de 2012, fue imputada por la Audiencia Nacional como organizadora de la manifestación «Rodea el Congreso» por delitos contra las instituciones.

La Policía la identificó en una reunión preparatoria de la concentración, que tenía lugar en el Parque de El Retiro de Madrid.

Junto a otras personas, que también fueron identificadas, presentó una denuncia contra la Delegación del Gobierno por considerar que se había vulnerado el derecho de reunión.