Bildu acosa a la Policía mientras el PSOE le blanquea en Navarra

El grupo de Otegi en el Congreso difunde la información facilitada por Moncloa sobre los miembros de las Fuerzas de Seguridad en prisión al tiempo que Chivite pide su apoyo.

La abstención de una parte de los diputados de EH Bildu dará hoy el Gobierno foral de Navarra al PSOE, sostenido en el acuerdo suscrito por la candidata socialista y las otras tres formaciones nacionalistas y de izquierdas que se integrarán en la coalición. María Chivite unirá así su camino al del partido de Arnaldo Otegi. Y el horizonte no se antoja despejado. En primer lugar, porque Bildu ha dejado claro desde el principio que tendrá la llave de la gobernabilidad y de la aprobación de cada propuesta en la Cámara de Pamplona. En segundo término, porque el partido abertzale da muestras, cada vez que puede, de que no está dispuesto a alejarse de su objetivo de ruptura con el Estado.

Ayer, a la misma hora que Chivite pronunciaba su discurso de investidura y se comprometía a «respetar todos los sentimientos identitarios», el diputado de Bildu en el Congreso de los Diputados Jon Iñarritu hacía públicos los datos de los policías, guardias civiles y militares que se encuentran encarcelados cumpliendo condena o en situación de prisión preventiva. Iñarritu utilizaba la respuesta remitida por el Gobierno de Pedro Sánchez a una pregunta parlamentaria formulada por los abertzales para publicar, a través de su perfil en Twitter, esta estadística relativa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En el documento aireado por Iñarritu en las redes sociales consta el detalle del número de policías autonómicos, locales, nacionales, guardias civiles, militares y trabajadores de instituciones penitenciarias que permanecen encarcelados. El escrito remitido por el Ejecutivo del PSOE al diputado de Bildu da cuenta de los delitos cometidos por estos funcionarios públicos y las cárceles en las que se encuentran internos. Además de esto, Iñarritu hacía pública también ayer otra respuesta del Ministerio del Interior a una pregunta sobre «la instrucción interna de Instituciones Penitenciarias sobre detección del maltrato en prisiones». En la contestación escrita remitida desde el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, se da cuenta del protocolo interno que se aplica en las cárceles para detectar cualquier situación irregular en este terreno.

La publicación de ambos documentos llega en plena ofensiva parlamentaria del grupo abertzale contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una estrategia que Bildu viene desarrollando desde hace meses en el Parlamento de Vitoria y que ahora parece querer extender al Congreso de los Diputados. En este contexto cabe recordar la bronca sesión que se vivió en la Cámara de Vitoria esta primavera, cuando un diputado autonómico de Bildu, Julen Arzuaga, expresó su «desprecio absoluto» a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que trabajan en el País Vasco: «Para mí, ustedes son nazis. Para mí, ustedes son los franquistas que luchan para que no haya reconocimiento de sus vulneraciones de derechos humanos. Es indignante, inaceptable y asqueroso», aseguró. Este altercado se produjo con motivo del debate de la Ley de Abusos Policiales que fue aprobada en el Parlamento vasco el pasado mes de abril con el voto favorable del PNV y del PSE-EE y la abstención de EH Bildu y Elkarrekin Podemos.

Transferencia de Prisiones

El frontal ataque a la Policía Nacional, la Guardia Civil y los funcionarios de Instituciones Penitenciarias constituye, hasta el momento, uno de los dos ámbitos en los que los cuatro diputados de Bildu en el Congreso han centrado buena parte de sus iniciativas parlamentarias. El otro frente abierto por Bildu en la Cámara Baja pasa por la exigencia al Gobierno de Sánchez de más competencias para el País Vasco y Navarra. En concreto, los abertzales han registrado una proposición no de ley (PNL) en la que instan al Gobierno a «traspasar las competencias pendientes recogidas en el Estatuto de Gernika, y de forma urgente, las competencias referidas al Régimen Económico de la Seguridad Social y Prisiones». En total, Bildu exige la transferencia de 36 competencias pendientes al País Vasco y de 25 a Navarra. Según el texto de esta PNL, Bildu plantea que estas transferencias se concreten, además, «en su integridad, sin demoras» y se avance en «superar el actual modelo de relación entre la Comunidad Autónoma Vasca y el Estado español para construir un nuevo modelo de relación entre iguales». Bildu planteó estas exigencias durante la semanas previas a que Sánchez acudiera al Congreso para someterse a la sesión de investidura que, finalmente, no prosperó ni en la primera ni en la segunda votación. En ambas rondas, los cuatro diputados de Bildu se abstuvieron.