Deben a las personas que asesinaron más de 150 millones de las antiguas pesetas (unos 900.000 euros de ahora). Las tuvo que pagar el Estado y no han encontrado ninguna pega legal para formar parte de las listas electorales de EH Bildu para las elecciones del 28-M.

La insolvencia económica de los etarras es un problema, uno más, con el que se han tenido que enfrentar las víctimas terrorismo. Se han dado muchos casos, según recuerdan expertos antiterroristas, en que estos individuos, al ingresar en la banda, ponían todos sus bienes, incluidos los automóviles, a nombre de familiares o terceros para, en caso de detención, figurar como insolventes.

Salvo casos aislados, y en cantidades muy pequeñas, de hasta cinco euros al mes, y siempre obligados por los tribunales, los miembros de ETA no han pagado ni un duro ni un euro a los que asesinaron. Cobraron, eso sí, las indemnizaciones establecidas por el Estado, de los impuestos de todos.

A este respecto, el abogado, José María Fuster-Fabra, especialista en contraterrorismo, ha manifestado a LA RAZÓN que, «cuando se aprobó la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, quedó claramente establecido que lo que hacía el Estado era adelantar a las víctimas las indemnizaciones que se habían establecido en las sentencias por responsabilidad civil».

«Es el Estado el que debería reclamar a los delincuentes, en este caso condenados por terrorismo, las cantidades que había adelantado. En consecuencia, y en aplicación del artículo 1.911 del Código Civil, deben responder con todos sus bienes, presentes y futuros. Si estos individuos obtuvieran ahora emolumentos como consecuencia de su cargo, el Estado debería reclamar las cantidades».

Por partes. Agustín Muiños Díaz, «Tinín», número 6 en la lista a la Alcaldía de Legutiano, en Álava, condenado en 1985 a 29 años de prisión por el asesinato, en 1983, de José Antonio Julián Bayano. Le debe 10 millones de pesetas (60.101 euros), en este caso al Estado, como los demás, tras ser condenado en concepto de responsabilidad civil subsidiaria. No se tienen noticias de que haya abonado nada.

Lo de Begoña Uzkudun Echenagusia, número 3 en la lista para la Alcaldía de Régil y condenada en 1989 a 18 años de prisión por el asesinato de José Larrañaga Arenas, en 1984, va por vía doble.

La sección 2ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a través de la sentencia número 79 de 1989, condenó a José Antonio López Ruiz, «Kubati» a 30 años de cárcel por este asesinato. Begoña lo fue a 18 años de prisión mayor por complicidad. A ambos se les impuso, además, el pago de una indemnización a los herederos de José Larrañaga de 20 millones de pesetas (120.202 euros). Tampoco han pagado.

Esta etarra estuvo también implicada en un atentado contra el GAR de la Guardia Civil. Fue en la localidad guipuzcoana de Zarauz, en el Alto de Meagas. Murió el agente Francisco Muriel Muñoz y, a los dos años, como consecuencias de la acción criminal, su compañero José Carlos Marrero. La indemnización fijada fue de 10 millones de pesetas (60.101 euros).

Juan Ramón Rojo González, número 21 en la lista a la Alcaldía de Irún y condenado en 1996 a 30 años de prisión por el asesinato en la misma localidad de Francisco Gil Mendoza, en 1991, al que vinculaban con el tráfico de drogas. Indemnización: 15 millones de pesetas (90.151 euros).

A Asier Uribarri Benito, número 4 en la lista para la Alcaldía de Maruri-Jatabe y condenado en 2001 a 16 años de prisión por su participación como cómplice en el asesinato, en 1997, del guardia civil José Manuel García Fernández; y a su compañero de célula Lander Maruri Basagoiti, suplente nº 2 de la lista para la Alcaldía de Ciérvena, sentenciado por el mismo atentado, se les impuso una condena económica de 85 millones de pesetas (510.860 euros).

Este periódico no ha podido determinar la indemnización que se incluyó en la condena de José Antonio Torre Altonaga, «Medius», suplente nº2 de la lista a la Alcaldía de Munguía, por el asesinato en 1978 de los trabajadores de la central nuclear de Lemóniz Alberto Negro Viguera y Andrés Guerra Pereda. Lo normal es que superase los 10 millones de pesetas para cada uno (60.101 euros).

Juan Carlos Arriaga Martínez, número 3 en la lista para la Alcaldía de Berrioplano y condenado en 1989 a 29 años de prisión por el asesinato, en 1984, del comandante del Ejército Jesús Alcocer Jiménez, fue sentenciado a pagar otros 10 millones de pesetas (60.101 euros).

En sus condenas, los demás candidatos etarras, sentenciados por otros delitos, pueden tener pendientes cantidades por los estragos y daños causados, así como las personas que resultaron heridas, que también deberían ser reclamadas por el Estado.