Castro imputa a la Infanta aunque no ve probable el delito fiscal

>>José Castro asegura en su escrito que es imposible que Doña Cristina no conociese la contabilidad de «Aizoon», pero no lo prueba. >> La acusa de delito fiscal y de blanqueo de capitales. >> Actúa con la oposición del fiscal y del resto de partes personadas, salvo Manos Limpias.

ARTÍCULOS DE: José Luis Requero, Agustín J. Pérez-Cruz Martín, Santiago González- Varas, Abraham Castro Moreno, Pilar Ferrer, Martín Prieto, Carmen Enríquez, José A. Gundín y Francisco Marhuenda

Por segunda vez en los últimos nueve meses, el juez José Castro, instructor del «caso Nóos», ha imputado a la Infanta Cristina –en este caso por delito fiscal y blanqueo– y, como en abril del pasado año, lo ha hecho en contra del criterio de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y de los informes de Hacienda, respaldado únicamente por la acusación popular que ejerce Manos Limpias. El magistrado ha citado a declarar a Doña Cristina el próximo 8 de marzo, sábado, para que explique su papel en Aizoon, la sociedad que comparte al 50 por ciento con Iñaki Urdangarín y que, según Castro, el duque de Palma utilizó para defraudar a Hacienda con «el conocimiento y aquiescencia de su esposa», aunque ésta mantuviera «de cara a terceros», subraya, «una actitud propia de quien mira para otro lado».

La comparecencia ante el juez de Doña Cristina no es, sin embargo, definitiva, puesto que la citación queda ahora en manos de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (dado que la defensa de la Infanta ya ha anunciado su intención de recurrir en apelación la resolución), que en mayo del año pasado ya «tumbó» la primera imputación, descartando una posible prevaricación y orientando la investigación de Castro hacia un delito fiscal o de blanqueo.

A lo largo de 227 folios (aunque en la mitad se limita a reproducir los escritos de las partes sobre la imputación de la Infanta), el juez Castro desgrana la «sobrecarga de gastos personales» del matrimonio a la sociedad que compartían (que define como «reparto fiscalmente opaco»), que «ni por asomo guardaban una mínima conexión con la actividad profesional de Aizoon». Esto generaba, según Castro, un «doble efecto fiscal defraudatorio» en el Impuesto sobre la Renta y en el de Sociedades. Eso sí, admite que «resulta imposible» determinar si las cuotas supuestamente defraudadas por la Infanta superan los 120.000 euros (sólo por encima de esa cantidad se considera delito fiscal), aunque «no parece probable» (pero tampoco «merecedor de aplauso», precisa) en atención «a los importes que se barajan».

Y aunque el administrador de Aizoon era su marido, dada la existencia de facturas por gastos personales, «a nadie debería escandalizar –hace hincapié Castro– que se pretenda formularle preguntas al respecto», una decisión con la que el juez no cree que se haga «tambalear los pilares del Estado de Derecho, más bien todo lo contrario».

Su decisión, hace hincapié, «dista abismalmente de ser o parecerse a una sentencia condenatoria» y ni siquiera abre la puerta a que las partes «puedan formular acusación» contra la Infanta. «Lo único que se pretende –añade– es brindar a ésta la oportunidad de que en sede judicial facilite explicaciones» sobre los hechos investigados. Y recuerda que nada impide que Doña Cristina se niegue a declarar o lo haga de forma selectiva (respondiendo sólo a las preguntas de su abogado), «por supuesto sin estar sometida a un deber de veracidad».

«No pudo pasársele por alto»

En su resolución el juez detalla una serie de facturas de eventos «de incontestable afección personal» (correspondientes a fiestas infantiles y de cumpleaños) cargadas a Aizoon en cuya «organización y presupuestos», recalca, «debió participar activamente» la Infanta y «no pudo pasársele por alto» que se abonasen a cargo de la sociedad participada por el matrimonio. De igual modo, hace referencia a la contratación del servicio doméstico, en la que «intervino personalmente» Doña Cristina, a través también de Aizoon, que define como «una sociedad pantalla sin apenas actividad y carente de personal efectivo» utilizada supuestamente para el «vaciado de fondos» del Instituto Nóos, la asociación sin ánimo de lucro de Urdangarín y su entonces socio Diego Torres, imposibilitada por ley para repartir beneficios. Doña Cristina actuaba, afirma el juez recogiendo las palabras del asesor fiscal de Nóos, Miguel Tejeiro, como «un escudo frente a Hacienda».

Reproches a Hacienda

En ese presunto vaciado de fondos, sostiene el magistrado, «intervino directamente» la Infanta, «no solamente porque así se desprende de las facturas que a título personal ha venido librando» durante 2007 y 2008, sino por el alquiler del matrimonio de una dependencia de su vivienda familiar para «un despacho fantasma» de Aizoon. Ese contrato, añade, «fue suscrito personalmente por ella, no sólo en su calidad de arrendadora, que era obligada, sino también en la de arrendataria, en un claro ejemplo de autocontratación».

El magistrado reprocha incluso a Hacienda que haya considerado como gastos deducibles de Aizoon tres facturas por casi 70.000 euros de 2007 amparadas, se queja, en documentos que adolecen de «graves y serias irregularidades, indiciarias de delito», sin los cuales la cuota supuestamente defraudada superaría los 120.000 euros, el umbral del delito fiscal.

Castro abre incluso la puerta a citar a la Infanta, aunque la Sala tumbe su imputación, como supuesta beneficiaria de los efectos de un delito y obligada a «la devolución del montante lucrado».

El «recado» a Horrach

Al Fiscal: «se están perdiendo las formas»

Aunque elogia la «brillante» investigación de Pedro Horrach, el juez no desaprovecha la ocasión para ajustar cuentas con el fiscal, de quien dice «se empecina en el debate de si en este momento» Doña Cristina «es culpable o inocente». A Castro le ha dolido especialmente que Horrach deslizase que su decisión se basa en motivos ajenos a la legalidad. «Se están perdiendo las formas y eso no es deseable». Para Castro «no era conveniente añadir más polémica» acusándole de «deformar» la verdad y le recuerda que ha tenido que escribir «un tratado de Derecho Penal» para imputar a la Infanta.

No ve delito en el préstamo del Rey

Castro no ve «ningún recelo» al préstamo de 1,2 millones del Rey a la Infanta Cristina para la adquisición de la vivienda familiar de Pedralbes (Barcelona), al tratarse de un hecho «natural y frecuente» que un padre «ayude a su hija» a la financiación de la compra de su casa. «Quizá no sea tan frecuente su elevado importe», añade, aunque eso depende «de las posibilidades económicas del prestamista y necesidades financieras de la prestataria».

Ese criterio cambiaría, añade, si se llegase a la conclusión de que, en realidad, se trató de una donación encubierta, y no de un préstamo, pero incluso en ese caso, recuerda, si se hubiese cometido un posible delito fiscal, «ya estaría prescrito».

La frases clave

«Resulta imposible determinar las cuotas que Doña Cristina podría haber supuestamente defraudado»

«La sobrecarga de gastos personales ni por asomo guardaban una mínima conexión con Aizoon»

«Que la cuota supere los 120.00 euros es escasamente probable aunque no merecedor de aplauso»

«Pretender preguntar (a la Infanta) no hace tambalear los pilares del Estado de Derecho»

«El trasiego domiciliario es incompatible con una sencilla y entrañable entidad familiar»

«La contabilidad de Aizoon distaba mucho de ajustarse la realidad»

«Los reveses jurídicos forman parte de la profesión (sobre la primera imputación de la Infanta)»

«Se ha de brindar a Doña Cristina la oportunidad de facilitar explicaciones sobre los hechos»

«Es absurdo que se haya de abrir un debate sobre la culpabilidad o inocencia de la persona afectada»

La Infanta conoce la imputación en Ginebra

La Infanta Cristina se encuentra en Ginebra, a donde se trasladó para asumir sus nuevas funciones en la Obra Social de La Caixa y huir de la presión que en Barcelona soportaba su familia.

El jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, se refirió en una reciente entrevista en televisión a la larga instrucción del «caso Nóos» como un «martirio». Este «martirio» para la Monarquía se acentuó ayer tras conocerse la decisión del juez Castro de imputar, contra el criterio del fiscal, a la infanta Cristina por los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal.