Cien propuestas del PP para seguir luchando contra la crisis

El grupo popular ha presentado, en sus propuestas de resolución del debate sobre el estado de la nación, cien medidas económicas para lo que denomina "segunda fase"de lucha contra la crisis.

El grupo popular ha presentado, en sus propuestas de resolución del debate sobre el estado de la nación, cien medidas económicas para lo que denomina "segunda fase"de lucha contra la crisis y una propuesta de acuerdo contra la corrupción y a favor de la regeneración democrática.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Alfonso Alonso ha asegurado que su grupo buscará un debate "constructivo"y hablará con todos los grupos parlamentarios para intentar llegar a acuerdos y consensuar medidas, porque lo más importante del debate del estado de la nación, ha dicho, es su carácter "constructivo", es decir, las resoluciones que de él salen.

Buena parte de las iniciativas del PP, ha explicado, se refieren al impulso de la actividad económica, particularmente al apoyo a los emprendedores -autónomos y pymes- y al empleo juvenil.

Se trata, ha apuntado, de complementar las medidas que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros, dentro de este nuevo "gran impulso reformista"del Ejecutivo, esa "segunda etapa"en la lucha contra la crisis de la que habló en el debate el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Alonso ha recordado además la oferta que ha hecho su grupo para un acuerdo por la regeneración democrática y en la lucha contra la corrupción.

Mejorar la regulación de los partidos, regular el estatuto de cargo público y extender los criterios de transparencia a partidos, sindicatos y organizaciones empresariales o cualquier organismo que se financie con dinero público figuran entre las medidas que proponen los populares, así como endurecer las penas por los delitos de corrupción en el Código Penal.

No obstante, Alonso ha señalado que su partido no lleva entre sus propuestas incluir a la Casa Real en la ley de transparencia -como sí han propuesto otros partidos como el PSOE-

Además, el PP quiere que la futura ley que controle la actividad financiera de los partidos regule también el papel de los responsables económicos de estas organizaciones, y articule más instrumentos de control para el Tribunal de Cuentas.

El grupo popular cree que este acuerdo de todos los partidos tiene que incluir la aplicación de los criterios previstos en el proyecto de Ley de Transparencia de las organizaciones políticas, sindicales y empresariales, así como aquellas entidades que se financien "esencialmente"con dinero público.

También defienden la aprobación de una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos con nuevas exigencias, procedimientos "mínimos"para la aprobación de sus cuentas, regulación del papel de sus responsables económicos y más instrumentos de control para el Tribunal de Cuentas,

El partido que sustenta el Gobierno quiere impulsar asimismo una Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas, que sea un "verdadero Estatuto del Cargo Público"de forma que estas personas estén obligadas a declarar sus bienes y actividades y haya auditorías que vigilen su situación patrimonial al final de los mandatos.

También habría, en esa norma, escalas de retribución para los cargos públicos se limitarían sus compensaciones tras el cese y se reforzaría la Oficina del Conflicto de Intereses.

Las reformas del Código Penal -para endurecer las penas- y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -para una mayor velocidad de respuesta- para los casos de corrupción entran también en esta propuesta de los populares, que también quieren que se regulen las organizaciones de intereses o "lobbies".

Otra de las propuestas de resolución de los populares defiende seguir apoyando la agenda reformista del Ejecutivo para que continúe con la estabilidad presupuestaria, siga "gobernando desde la solidaridad"y busque el "mantenimiento de la cohesión social".

Esta iniciativa es un "decálogo de principios", como la ha llamado el portavoz popular, Alfonso Alonso, en la que se defiende la política del Ejecutivo en general, y que hace mención a otras cuestiones como el "redimensionamiento del sector público"o trabajar en la "recuperación de la confianza y la credibilidad de España".

La reforma de las Administraciones Públicas cuenta con su propia propuesta de resolución, en la que de nuevo los populares apuestan por eliminar duplicidades, eliminar trabas burocráticas y "clarificar"las competencias de las entidades locales.

El compromiso de España con la UE está contenido en otra de las quince propuestas de los populares, que animan al Ejecutivo a seguir participando "activamente"en los debates para conseguir una "auténtica"unión económica y monetaria.

Además, los populares han presentado una propuesta de resolución para garantizar la atención integral a las víctimas del terrorismo, que incluye aprobar el Reglamento de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

Sus propuestas en política social son un avanzar en un pacto sociosanitario entre el Estado y las comunidades autónomas, un Plan de Acción para la Inclusión Social (2013-2016) y un Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia para el mismo periodo.

En Educación, el PP insta al Gobierno a adoptar medidas para reducir el abandono escolar temprano y mejorar el nivel de calidad del sistema educativo español, y apuesta por modernizar el sistema de FP, por un Estatuto del Docente No Universitario y por un "sistema eficiente de becas generales".

Otras propuestas son la de un Pacto de Estado en materia de Ciencia, un decálogo de principios para defender en la negociación de la política agrícola común y una estrategia de impulso medioambiental.