El fiscal general y el TC explican a la Comisión de Venecia por qué no se pronuncian sobre la amnistía

La Comisión de Venecia ha continuado con su segundo día y último día de entrevistas en este viaje relámpago a Madrid en el que no ha perdido el tiempo. Hoy ha acudido hasta la Fiscalía General del Estado y también al Tribunal Constitucional (TC), donde ha charlado con los máximos representantes de estas instituciones para compilar antecedentes sobre la ley de amnistía. Su objetivo es elaborar un informe jurídico para el Senado de España sobre esta norma.

A las 9.30 de la mañana, la comitiva se entrevistó con el fiscal general Álvaro García Ortiz. Fuentes de la Fiscalía han relatado a LA RAZÓN que el encuentro se prolongó por cerca de una hora. Durante este tiempo, García Ortiz les ha explicado el funcionamiento de este organismo, así como detalles sobre la competencia de los distintos órganos y el funcionamiento del Consejo Fiscal. También ha aclarado su punto de vista sobre que al Ministerio Público no le compete emitir informes sobre proposiciones de leyes, tampoco sobre la ley de amnistía, y les ha aclarado su negativa a enviar su opinión al Senado sobre esta ley.

Más tarde, cerca del mediodía, se ha reunido con algunos representantes de organizaciones de la sociedad civil y otras entidades que han acudido a distintas instancias europeas para denunciar las vulneraciones del Estado de derecho en España y la separación de poderes que se ha producido a partir del acuerdo de investidura entre PSOE y Junts, del que la ley de amnistía forma parte.

Por último, también le ha recibido el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido Tourón, concretamente en el salón de Plenos, donde les ha aclarado que la corte de garantías "no puede en el momento actual realizar ningún pronunciamiento" sobre la amnistía "en tanto que la ley aún no ha sido aprobada por el Parlamento". También ha dicho que "no existe ningún recurso contra la misma ante el Tribunal".

Sí han profundizado en las competencias del Tribunal Constitucional y su función de control constitucional, subrayando que la ejerce "a posteriori" de las leyes aprobadas por el Parlamento. También informó sobre los dos procedimientos para cuestionar la constitucionalidad de una ley. Por una parte, el recurso de inconstitucionalidad, que pueden plantear el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados y cincuenta senadores. Y por otro, la cuestión de inconstitucionalidad, que solo pueden promover los jueces y tribunales si estiman que una norma con rango de ley aplicable a un proceso que lleven es contraria a la Constitución, pero solo cuando de esa norma dependa su decisión.

Según explica la corte de garantías, esta recepción se ha debido a razones "de cortesía institucional" debido a la "excelente relación" que mantienen ambos organismos "desde hace décadas". En el encuentro, Conde-Pumpido ha estado acompañado del secretario general, Andrés Gutiérrez.

La comitiva se limitó a escuchar y no planteó preguntas, del mismo modo que actuó ayer en su entrevista con el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y con las cuatro asociaciones de jueces.

La Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, más conocida como la Comisión de Venecia, es un órgano consultivo que depende del Consejo de Europa y ha enviado una delegación a Madrid durante dos días para elaborar su informe. La comitiva la integran la directora, Simona Granata-Menghini; el secretario general, Pierre Garrone; y los relatores Martin Kuijer (Países Bajos), Marta Cartabia (Italia), Philip Dimitrov (Bulgaria), Regina Kiener (Suiza), José Luis Vargas Valdez (México). Sus informes no son vinculantes, pero tienen un enorme valor y prestigio desde el punto de vista jurídico.