«Con una zancada del Estado de Derecho no habrá referéndum»

El Gobierno cree que la inhabilitación de Mas ha sido un duro golpe. Puigdemont reconoce en privado que la Ley de Transitoriedad no puede aprobarse.

La reacción pública del independentismo a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra Artur Mas, por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) en la consulta del 9-N, se ha ajustado al guión, milimétricamente. Pero internamente el fallo ha sido otro golpe en las costuras descosidas del proyecto independentista. Hay preocupación y hay miedo por las consecuencias jurídicas y políticas de seguir con la huida adelante que implica el proyecto secesionista, y esto se percibe en el clima catalán. «Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se piensa, y aquí todos saben que esta vez no habrá urnas y que les amenaza un futuro similar al de Mas si insisten en seguir adelante con la desconexión», sentencian en la órbita de la antigua Convergència (CDC).

El escepticismo sobre la viabilidad de la Ley de Transitoriedad, el núcleo del proceso de desconexión, es total, y, de hecho, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reconocido en conversaciones privadas que no podrá ser aprobada porque antes habrá una respuesta del TC y del Estado. También saben que tampoco podrán celebrar el referéndum ilegal. Pero la música sigue sonando, mientras crece la sensación de desmoronamiento de un proyecto cuyo inventor, Artur Mas, quedó el lunes inhabilitado.

El liderazgo del proyecto independentista viene perdiendo aliento desde hace tiempo. Y esto es determinante. Por las tensiones internas, por el desgaste de la corrupción que asfixia a la antigua CDC y por el cerco del 3 por ciento. Pero la oficialización del fallo del TSJC, por unanimidad, ha sido otro golpe radical en unos cimientos del soberanismo que pierden sujeción aunque toda la estrategia vaya dirigida a disfrazar esas debilidades.

De hecho, en el Gobierno están cada vez más convencidos de que no llegarán a convocar el referéndum ilegal, aunque esto no siginifca que no vayan a forzar de nuevo la desobediencia. Convergència necesita mantener el pulso porque se ha quedado sin una salida política razonable y que no la condene a desaparecer electoralmente, y la estrategia de los dirigentes independentistas ha creado, además, un clima de opinión dentro del movimiento secesionista que les hace inviable dar marcha atrás. De momento, no obstante, mantienen vivo el proyecto de Ley de Transitoriedad jurídica, una de las leyes estrella de la presente Legislatura catalana y la supuesta llave maestra que debe garantizar la transición hacia la independencia.

Pero, en paralelo, desde el Gobierno venden cada vez más una sensación de tranquilidad y de tenerlo todo bajo control. Por mucho que se les pregunte, quienes realmente saben no anticipan escenarios ni respuestas políticas o jurídicas, aunque los mensajes que trascienden son bastante indicativos. En el Gobierno aseguran que el independentismo es «hoy como un autobús sin frenos que va camino del precipicio, cada vez están más cerca del precipicio pero nadie se ha atrevido hasta ahora a saltar del autobús aunque saben que no tienen alternativa si no quieren estrellarse». El Ejecutivo tiene estudiados «todos los escenarios posibles», la maquinaria del Estado es «imbatible» cuando se pone en marcha, aseguran. En silencio, con discreción, los servicios jurídicos del Estado han valorado todas las decisiones que pueden adoptarse desde el bloque secesionista y las respuestas para todas ellas, y el presidente del Gobierno «las tiene ya en su mesa». Aseguran quienes están en estos trabajos que con «una zancada el Estado de Derecho puede frenar el referéndum ilegal». Que ni siquiera hará falta aplicar el polémico artículo 155 de la Constitución, el que prevé la asunción de competencias autonómicas en el caso de que el gobierno de una comunidad autónoma incumpla sus obligaciones constitucionales.

«La Constitución incluye muchas posibilidades sin necesidad de ir por ese camino tan simbólico. Hay mecanismos constitucionales, jurídicos y políticos, para responder y los tenemos preparados», insisten fuentes gubernamentales. Rajoy sabe que tiene que evitar entregar «símbolos» a la causa independentista, explican en su entorno. «Actuará con moderación y con prudencia. Evitando la confrontación social de Madrid con los catalanes, que buscan los líderes independentismo, pero está preparado para que el Estado de Derecho impida que un Parlamento autonómico apruebe cualquier tipo de ley de desconexión con España».

Moncloa no cree que el líder de ERC, Oriol Junqueras, sea «el bueno» de esta película, ni que vaya a renunciar a su proyecto independentista, en el que firmemente cree. No van por ahí los tiros en los que se sujetan los mensajes que apuntan a que con Junqueras hay más margen para el entendimiento. Se trata, simplemente, «de pragmatismo y de intereses coyunturales de partido, y los de Junqueras no coinciden en estos momentos con los de Mas y con los Puigdemont». Ni en Cataluña ni en Madrid ven al líder republicano haciéndose el «harakiri político» por una causa que hoy no puede prosperar. Tiene que mantenerla viva, pero, por ejemplo, «antes de ser suspendido por el TC, en aplicación de la última reforma de la ley orgánica que lo regula, saltará del autobús».