La condición del PP a Sánchez: recuperar las penas íntegras

Moncloa tendrá que forzar a sus socios a que borren sus recelos, y acepten volver básicamente al sistema de penas por agresión sexual que había antes de la Ley del «solo sí es sí», o tendrá que cambiar la proposición de ley de contrarreforma del Código Penal para corregir los «efectos indeseados» de esta norma si quiere tener votos para sacarla adelante. Por más aspavientos que hagan, esta es la votación parlamentaria más apurada de la legislatura de Pedro Sánchez, porque por medio se cruza el choque directo, y por razones electorales, entre Pablo Iglesias y la «pinza» que han formado el presidente del Gobierno y la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Por de pronto, la propuesta socialista, que en líneas generales es un regreso encubierto al modelo anterior de penas, incluye alguna trampa en la letra pequeña, como la que ayer anunció la abogada y penalista Beatriz San Vicente en Espejo Publicó, de Antena 3, con Susanna Griso. La iniciativa parlamentaria socialista mantiene la rebaja de penas para los casos más graves de agresión, los de violencia agravada, que fijó la ley del «solo sí es sí». Hasta ahora, la pena para esos delitos era de 12 a 15 años. La nueva ley en vigor los rebaja a entre 7 y 15 años, y la contrarreforma socialista mantiene esta última horquilla.

El PP se ha ofrecido a facilitar la toma en consideración de la proposición de ley, a fin de abrir un rápido proceso de debate parlamentario que agilice el cambio de la Ley de Montero. Mientras no esté en vigor la contrarreforma seguirán produciéndose excarcelaciones de agresores sexuales antes de cumplir su condena y seguirá rigiendo un marco que desprotege a los menores frente al Código Penal anterior y que distorsiona los tiempos judiciales, retrasándolos por trasladar a las audiencias provinciales estos procedimientos.

La toma en consideración por parte del Congreso ya es un «trago» complicado para el PSOE, para Yolanda Díaz y para Podemos. Habrá que ver qué vota la vicepresidenta y ministra de Trabajo, instalada en la táctica de soplar y sorber al mismo tiempo, y si el grupo de Unidas Podemos vota o no unido. Pero una vez que la iniciativa comience su tramitación, si el PSOE quiere sacar adelante la vuelta al Código Penal anterior necesitará al PP, salvo giro copernicano de sus socios, y para ello tendrá que aceptar enmiendas de los populares, como la que defenderá mantener una horquilla alta de penas para la violencia agravada. Por cierto, la iniciativa del Grupo Socialista es un fraude de ley, aunque todos los grupos, incluido el principal partido de la oposición, estén mirando hacia otro lado ante la urgencia de dar respuesta a la alarma social generada.

Es un fraude porque la iniciativa legislativa del Gobierno debe partir del proyecto de ley y someterse a los informes preceptivos, no vinculantes, de los órganos consultivos tasados por la Constitución. La proposición de ley está pensada para la oposición y se ahorra esos trámites de informe, porque lo lógico es que las propuestas de la oposición no salgan aprobadas

El PP no facilitará una contrarreforma que suponga rebajar la horquilla de penas en cualquiera de los supuestos establecidos en el Código Penal antes de la nueva Ley de Igualdad. Y mucho menos en violencia agravada, como, de partida, recoge el texto socialista.

Los tiempos y el retraso en la reacción de Moncloa al escándalo tienen como motivo la necesidades políticas, de partido, de los socios de la coalición. La necesidad o urgencia del PSOE de guardar las formas con Podemos, para aprobar los Presupuestos, la derogación de la sedición y la reforma de la malversación, condicionaron los tiempos en un primer momento, y ahora entra en juego el contexto electoral y el pulso entre Iglesias y Sánchez.

Los dos socios están echando cuentas de lo que pueden ganar y perder en este «lodazal». La expectativa de Moncloa es que esta crisis y las elecciones de mayo arrasen a los morados, de manera que Díaz pueda vestir de largo su nueva plataforma como si fuera un avatar de Podemos, pero sin Podemos ni Iglesias. Su objetivo, compartido con los socialistas, es llevar al conglomerado de siglas a la izquierda del PSOE detrás de su liderazgo y sin la sombra del «radicalismo» del fundador de Podemos.

Ahora bien, también los morados hacen sus cálculos. Y en lo que están es en prepararse para el escenario de un futuro gobierno de la derecha en el que habría que decidir quién lleva el liderazgo de la izquierda. Iglesias y su estrecho círculo creen que salvar al «macizo de la raza» de sus votantes les servirá para imponerse en ese liderazgo, desde una posición política minoritaria, pero con su propio canal de televisión. O dicho de otra manera, en lo que están es en qué Sánchez y Yolanda se estrellen para reaparecer como las esencias genuinas de la izquierda. De momento, ERC y Bildu han cerrado filas con Montero: «Tiene que pasar por Igualdad».