El Congreso da luz verde a la ley de Vivienda sin la mitad de los socios

La ley de Vivienda llega a su recta final después de un camino agónico tanto en Moncloa como en el Congreso de los Diputados. A las puertas de la campaña electoral para las elecciones autonómicas y municipales, PSOE y Unidas Podemos buscan sacarle una rentabilidad total para que sus candidatos puedan sacar músculo de la acción gubernamental de la coalición. La ley, que este jueves ha sido aprobada en la Cámara Baja (176 votos a favor, 167 en contra y una abstención), llegará al Senado con máxima celeridad con el objetivo de que entre en vigor, precisamente, antes del 28-M.

La ley, sin embargo, ha vuelto a arrojar la foto de la desconexión del Gobierno con sus socios de investidura, en la última fase de la legislatura. Dos socios del Ejecutivo dan su "no" a Pedro Sánchez y desata la guerra entre PSOE y el PNV, que hasta ahora era socio prioritario del Gobierno. PSOE y Unidas Podemos solo han contado para aprobar la ley de Vivienda con ERC y Bildu, socios a los que Moncloa permitió rentabilizar el acuerdo hace una semana y que certificaba la entente PSOE- Podemos e independentistas y dejaban a PNV en un segundo plano. PdeCAT, Junts y PNV se descuelgan de la ley, niegan su apoyo al Ejecutivo con críticas directas a la norma por "invasión de competencias".

En este sentido, el propio Ferran Bel (PDeCat) ha sido muy gráfico y ha enumerado algunos artículos de la normativa, como los fines (artículo 2), principios (artículo 7)o los parámetros para declarar una zona con mercado tensionado (artículo 18)que suponen una intromisión en la capacidad de los gobiernos autonómicos para plantearlo. A su juicio, esos preceptos marcan el terreno de juego para las autonomías. El diputado del PNV Íñigo Barandiaran ha criticado que la norma "interfiere las capacidades de las comunidades en sus propias políticas propias de vivienda" y "se extralimita en sus competencias y las invade". Los nacionalistas vascos esperaban un "paraguas jurídico" para sus territorios y censuran que la norma no lo otorgue. "Esta ley ni crea vivienda ni limita ni topa alquileres". Un mensaje también en la pugna PNV-Bildu. "Para ello ha sido necesaria la colaboración de los partidos independentistas, una demostración de la absoluta incoherencia, al aceptar la recentralización del autogobierno". En todo caso, tanto PNV como PDeCat recelan de medidas dirigidas a la contención de los precios del alquiler.

Esto invita a pensar que el PNV, que gobierna el País Vasco, pueda ser uno de los partidos que no aplique la ley, aunque también en el partido nacionalista evitan adelantar escenarios porque el ejecutivo vasco cuenta con tres consejeros del PSE. En todo caso, sí que es cierto que los servicios jurídicos van a estudiar la ley con lupa (procedimiento habitual, ocurre con todas las leyes) y, a partir de ahí, valorarán si presentan un recurso ante el TC o no por invasión competencial.

La normativa ha quedado empañada por el sello electoral, después de que la ley desencallara en último minuto hace dos semanas en el Congreso con un acuerdo ERC y Bildu con el Gobierno, que acabaron explotando los independentistas y que orillaba la autoría del ministerio de Derechos Sociales que dirige la ministra Ione Belarra. El Gobierno daba alas así a sus socios de investidura en la previa de las autonómicas y dejaba en un escenario secundario al otro socio prioritario para la coalición, el PNV. En Podemos no gustó la pinza al dar protagonismo a los partidos con los que compiten en elecciones en País Vasco y Cataluña.

Más allá de los gestos, PSOE y Unidas Podemos también han desplegado toda la artillería para lograr capitalizar la medida. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha empleado en ello con diversos anuncios de creación de vivienda desde hace dos semanas. El último, este martes en el Senado con el anuncio de 20.000 viviendas públicas en terreno de Defensa. Anuncios que ha ido criticando simultáneamente la parte morada del Gobierno, criticando, incluso de "electoralista" las medidas. Los morados buscaban incluir in extremis una enmienda transaccional para limitar el uso de los pisos turísticos, sin embargo, no han logrado convencer a ninguno de los habituales socios parlamentarios. El PSOE ya había dejado que no aceptaría más cambios en la ley.

En este objetivo por capitalizar la ley, Belarra ha tomado la palabra en el debate y se ha arrogado el tope a los alquileres. "Era fundamental incluir la regulación de los precios del alquiler. Por eso hemos tardado tres años", ha señalado, en alusión a que su partido ha presionado al PSOE para que se incluyera esta medida en la Ley. "Ya era hora de que hubiera una primera ley de vivienda que pusiera coto a la especulación. Ya era hora de empezar a intervenir el mercado del alquiler", ha añadido.

Es la primera ley de ámbito estatal de la historia de la democracia y su andadura comenzó en el año 2020, tres años después verá la luz con tensiones en el Ejecutivo y también con repercusiones directas en las comunidades autónomas. Madrid y Andalucía ya han avisado de que recurrirán la ley ante el Tribunal Constitucional por su invasión de competencias.

La ley impondrá nuevos límites a la subida del precio del alquiler en toda España, permitirá rebajar la figura de gran tenedor de vivienda de diez a cinco inmuebles en determinados casos e impedirá a estos propietarios desahuciar a inquilinos vulnerables sin un acto de conciliación o arbitraje previo. Además, la ley mantiene el límite del 2% para este año en la subida del alquiler y lo eleva hasta el 3% en 2024 para, antes del 31 de diciembre del próximo año, crear un nuevo índice de referencia aplicable al territorio al margen del IPC.

Además, la nueva ley introduce una batería de medidas para dificultar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica, especialmente cuando el arrendador sea un gran tenedor de inmuebles. De este modo, los desahucios no podrán realizarse sin una hora y una fecha predeterminada.

En el debate, desde ERC, Pilar Vallugera, ha sacado pecho de la norma, "nuestro deber como legisladores es dar instrumentos a la población para que sobreviva". Desde Bildu, el diputado Oskar Matute, ha asegurado que "frena el aumento descontrolado de la vivienda" y ha dejado claro su sello en la norma y su influencia en el Ejecutivo. "Los votos de ERC y Bildu eran los votos decisivos y necesarios".

Desde el bloque de la derecha, los populares, que votaron en contra, criticaron que la norma "no favorece nadie" y advirtieron de que decaerá "al primer recurso de las comunidades autónomas". "El derecho a la propiedad no puede ser vulnerado".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido sacar rédito, de nuevo. Tras la votación ha presumido de "cambiar el paradigma" en esta legislatura "dejando atrás el modelo neoliberal". "Estamos poniendo los cimientos con esta ley y dando cumplimiento con el mandato de nuestra constitución que cita la vivienda como un derecho". La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, coproponente de la norma ha hecho lo propio. "La vivienda ha sido una fuente de ganancia para los grandes propietarios, para quienes se hicieron de oro y por fin le ponemos coto a la especulación. Pierde la banca y gana la gente y los inquilinos", ha zanjado.