De protesta antidesahucios a plan de violencia callejera

«Hacemos un llamamiento a todos los partidos políticos a favor de la iniciativa legislativa popular y de tramitarla de manera urgente. Si no lo hacen, los señalaremos como responsables del genocidio financiero que estamos sufriendo y tendrán que atenerse a las consecuencias». Es la advertencia de Ada Colau, portavoz de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH). Erigida en la nueva heroína del progreso, esta catalana nacida en 1974 que ya tiene hasta una página en la conocida wikipedia, lleva desde 2004 centrada en los problemas relacionados con la vivienda, sobre todo, ejecuciones hipotecarias. Pero, paradojas de la vida, esta activista con pasado «okupa» no ha sufrido personalmente ese drama. «No estoy afectada por la hipoteca, aunque me considero afectada por la vivienda», aseguró en una entrevista. O, lo que es lo mismo, la forma eufemística para no decir que vive de alquiler.

En su haber queda que ha conseguido colocar el drama de los desahucios en la agenda política. Ese es su gran mérito. El problema radica en cómo lo ha conseguido. Su advertencia a los diputados poco después de que se aceptara tramitar en el Congreso la dación en pago no se ha quedado en papel mojado. Todo lo contrario. La campaña de acoso a diputados y concejales del PP para que voten a favor de la modificación de la Ley Hipotecaria puede haber traspasado los límites de lo legal. Así lo han manifestado expertos en Derecho penal, que consideran que las movilizaciones en los domicilios coartan la libertad del sujeto y podrían constituir un delito de coacciones o amenazas. Y sociólogos como Amando de Miguel consideran que el «propósito es sensato, pero lo estropean con la violencia callejera que emplean». «Nos hemos enterado por estas protestas de que había un modelo erróneo», como el caso de las cláusulas suelo, explica. «Pero en Occidente esta "kale borroka"y guerrilla urbana no se pueden permitir».

Porque además han elegido una opción, la de las coacciones, que según el sociólogo va en contra del propio movimiento. «No lo entiendo, porque esa protesta podría arrastrar a mucha gente si lo hicieran correctamente, de forma pacífica, y conseguirían mucho más. Los medios que emplean son manifiestamente mejorables», asegura.

No en vano, desde la plataforma antidesahucios liderada por Colau se anima a los ciudadanos a participar en la campaña de señalamiento que publicitan de forma notable en su web. Vídeos, noticias y hasta un kit gráfico para acudir a los «escraches» son la propaganda de estas caceroladas a la puerta de los domicilios de los políticos que realizan desde el pasado día 15. Unos actos en los que intentan acudir como mínimo un centenar de personas para dificultar a la Policía la labor de identificación de los activistas.

«Como en tantas otras cosas, se junta un núcleo que quiere hacer una protesta organizada y después a río revuelto aprovechan los antisistema para apuntarse. Por eso mismo los organizadores tendrían que ser un poco más sensatos y ellos mismos excluirlos», indica el sociólogo. Porque lo que se anuncia como una protesta pacífica acaba siendo una coacción en toda regla, como ocurrió el pasado miércoles en el domicilio valenciano de González Pons. Y casi hay que dar gracias, ya que en las redes sociales y en su página web no faltan los comentarios que instan a radicalizar la campaña. «Por mi parte, "escrache", y no tan pacífico, quiero "escrache"violento, que sientan el miedo correrles por las venas», reza alguno de ellos.