Amnistía
La "deslealtad inadmisible" que denunció el Rey y el Gobierno quiere borrar
El 3-O de 2017, Felipe VI se dirigió a los españoles para denunciar a los dirigentes catalanes por su intento de proclamar "ilegalmente la independencia de Cataluña"
El 1 de octubre de 2017, el independentismo sacó las urnas a la calle para celebrar un referéndum ilegal como desafío al Estado. Unas imágenes que dieron la vuelta al mundo y que, días después, derivarían en una serie de acontecimientos inéditos, como la fugaz independencia de Cataluña (que apenas duró 30 segundos), la activación del artículo 155 de la Constitución o la huida de Carles Puigdemont. Esa jornada del 1-O supuso un antes y un después en nuestro país, tanto que, dos días después, el Rey no dudó en pronunciar un discurso histórico en el que denunciaba la «deslealtad inadmisible» de la Generalitat mientras mostraba el compromiso de la Corona con la Constitución, la democracia y la unidad de España.
Eran las 21:00 horas del martes 3 de octubre y en las televisiones de los españoles estaba Felipe VI, sentado en la mesa de su despacho ante un cuadro de Carlos III, escoltado por las banderas de España y de la UE. Una imagen que únicamente los españoles acostumbran a ver en Nochebuena.
5 minutos y 54 segundos en los que Don Felipe pronunció 663 palabras. Con rostro serio y tono pausado, el Monarca defendió la legalidad del marco constitucional, la convivencia y reclamó a los «poderes del Estado» actuar.
"Momentos muy graves"
«Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática», arrancó Felipe VI, quien en las primeras 50 palabras ya dejaba clara la línea de su discurso, pues no dudó en cargar contra la «pretensión final de la Generalitat»: «Que sea proclamada, ilegalmente, la independencia de Cataluña». «Ilegalmente», palabra que solo pronunció en una ocasión pero que, sin embargo, enfatizó con fuerza, haciendo una breve pausa y remarcándola con un gesto de su mano, como si la estuviese deletreando.
Una ilegalidad contra la que cargó el Rey y que ahora, seis años después, el Gobierno estudia borrar y olvidar con esa amnistía que negocia con el independentismo catalán y que implicaría que todo lo ocurrido en esos días no merecía un reproche penal.
Pero para Felipe VI, lo que se vivió en Cataluña supuso el incumplimiento de «la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la Ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno». Es más, continuó dejando claro que «determinadas autoridades de Cataluña» habían «vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando su deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado». «Inadmisible», otra palabra que enfatizó el Monarca, quien remarcó cada sílaba de nuevo con un gesto de sus manos, con las que incluso expresaba más que con sus palabras.
«Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando, desgraciadamente, a dividirla», dijo con dureza.
"La sociedad catalana está fracturada"
Pero no pararon ahí sus críticas y denuncias, y no dudó en afirmar: «Hoy, la sociedad catalana está fracturada y enfrentada» por culpa de unas «autoridades» que «han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles».
De «conducta irresponsable» tachó el comportamiento de los dirigentes independentistas, a los que acusó de «poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España».
De ahí que hablase de «inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña» por parte de unas autoridades que «se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia». Unos dirigentes a los que acusó, de nuevo, de «quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común».
Una situación, continuó, «de extrema gravedad», ante la cual reclamó el «firme compromiso de todos», haciendo aquí hincapié en que «es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y su Estatuto de Autonomía», instando, sin nombrarlo, a la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, el cual llegó días después, el 11 de octubre.
Mensaje a los catalanes: "No estáis solos"
A partir de ahí, Felipe VI se dirigió a los ciudadanos, a los que lanzó un mensaje de tranquilidad y confianza. «A todos los españoles», pero «particularmente a los catalanes», puntualizó.
Defendió el «respeto a la ley», «la convivencia» e hizo suya la «preocupación y gran inquietud» ciudadana con «la conducta de las autoridades autonómicas». Por este motivo, quiso consolarles y animarles dejando claro que los ciudadanos de Cataluña «no están solos ni lo estarán», transmitiéndoles «el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles y la garantía de nuestro Estado de derecho en la defensa de su libertad y sus derechos».
Volvió a calificar todo lo ocurrido como consecuencia del referéndum del 1-O de «momentos difíciles y muy complejos», pero avisando de que «los superaremos y saldremos adelante».
Y para ello, se dirigió a la mayoría de los ciudadanos, al «deseo de millones y millones de españoles» quienes, a pesar del desafío de una minoría independentista, quieren «convivir en paz y en libertad».
"Concordia" y "unidad"
Sus últimas palabras fueron para subrayar «el firme compromiso de la Corona con la Constitución y con la democracia», su «entrega al entendimiento y la concordia» y su «compromiso como Rey con la unidad y la permanencia de España».
Terminaba así un duro discurso con el que el Rey quiso denunciar el órdago separatista mientras instaba al Gobierno a actuar frente a él. Una intervención en la que una de las palabras más repetida fue Cataluña (once veces), seguida de democracia (nueve), españoles (ocho), España (seis) y Constitución (seis).
Hoy, seis años después, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y sus socios negocian para que todo lo que aconteció en Cataluña no sea considerado un delito y, por tanto, dejar en entredicho las palabras del Rey, quien se apresuró a denunciarlo.
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