Detienen a tres Sumarroca por el pago de comisiones a un ex alcalde

«Decir que era un gobierno corrupto e inútil significa cuestionar a toda la clase política catalana». El punto final a esta declaración fue el sonoro puñetazo en la mesa con el que el ex «molt honorable» Jordi Pujol mostró su enfado a los diputados que le preguntaban sobre las actuaciones irregulares de su Gobierno en la comisión de investigación.

Casi un año después, un nuevo golpe judicial en las filas de los convergentes vuelve a oscurecer la sombra del pujolismo. Ayer, la Guardia Civil detuvo, en lo que supone un nuevo capítulo del caso de corrupción que desde hace dos años se investiga en el Ayuntamiento de Torredembarra, a tres miembros de la familia de Carles Sumarroca Coixet, cofundador de Convergència Democràtica de Catalunya. En concreto, a su hijo, Jordi Sumarroca Claverol, consejero delegado de la constructora Teyco; a su sobrina, Susanna Sumarroca, directiva de esta empresa, y a su hermano, Joaquim Sumarroca Coixet, presidente honorífico de esta sociedad. La Fiscalía Anticorrupción investiga los pagos de las empresas filiales de Teyco a dos sociedades –una dedicada a la producción de pan y la otra a actividades inmobiliarias– propiedad del ex alcalde del Torredembarra, Daniel Masagué (CDC),que ya fue encarcelado hace un año en el marco de la misma operación y que volvió a ser detenido ayer.

Lo que empezó como un caso de corrupción en Torredembarra ha ido ampliándose con varias piezas separadas que se han mantenido secretas, bajo la dirección de dos fiscales anticorrupción. A Jordi Sumarroca se le acusa de autorizar los pagos que se hicieron efectivos con cuatro transferencias bancarias entre el 23 y el 28 de diciembre del 2011 en favor de Masagué. Dos de ellos fueron a parar a la empresa Maes Flequers i Pastissers, dedicada al comercio de pan y bollería. Los otros dos fueron a la sociedad Dalio, que se dedica a actividades inmobiliarias. En el meollo de la investigación está la construcción de un gran aparcamiento de 250 plazas adjudicado en 2009 a Teyco por 2,5 millones de euros y que acabó costando un 40 por ciento más de su presupuesto inicial. Fuentes de la investigación confirmaron que han sido localizados nuevos movimientos de dinero en favor del ex alcalde, que superarían ya el millón de euros. El operativo que se inició ayer pretende conseguir nuevos documentos que aclaren el entramado.

La investigación, que se inició a raíz de la adjudicación a Teyco del aparcamiento, la dirige el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. En esta pieza separada, denominada Petrum, el magistrado investiga la posible comisión de delitos contra la Administración pública, blanqueo de capitales y organización criminal.

La Guardia Civil practicó en total ocho registros en cinco domicilios de los arrestados, en dos sociedades –entre ellas la sede de Teyco en Barcelona– y en un despacho profesional, en busca de documentación que acredite estos supuestos pagos. Además, también se emitieron requerimientos a dos entidades bancarias, para recabar información sobre el movimiento de capital sospechoso.

Por su parte, un representante de la empresa Teyco manifestó su «incredulidad» ante estos nuevos registros y detenciones, ya que «siempre se ha facilitado al juzgado toda la información requerida». Además, tildan de «desproporcionada» la actuación de la Fiscalía, que «daña gravemente» la reputación de la familia Sumarroca. Y es que la gran constructora catalana que es Teyco siempre ha estado considerada la empresa de cabecera de Convergència. Algo que, según sus representantes» «no corresponde a la realidad», porque «es una empresa que ha trabajado para ayuntamientos de todos los colores políticos».

Pero los datos evidencian una realidad muy distinta. Las dos constructuras de la familia Sumarroca reciben desde hace décadas adjudicaciones del Gobierno de la Generalitat, de ayuntamientos gobernados por CiU y de organismos financiados por el Ejecutivo catalán. A esto hay que añadir que Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del ex presidente Jordi Pujol y Carles Sumarroca Claverol, el otro hijo del cofundador de CDC, están imputados en la causa que investiga el juez la Audiencia Nacional José de la Mata por los negocios del primero.