Sin haberse disipado todavía la oscuridad sobre las causas que provocaron que España se fundiera a negro el pasado lunes, los debates que surgen en los márgenes del siniestro siguen siendo interesados y con un marcado componente ideológico. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en plena pugna con Podemos por las esencias de la izquierda a la izquierda del PSOE y peleando por diferenciarse de sus socios en el Gobierno, volvió ayer a salirse del guion marcado por Moncloa para enarbolar una vieja reivindicación de este espacio, la exigencia de intervenir el mercado eléctrico.

Pese a que Red Eléctrica esté participada por el Estado, que con un 20% es su accionista mayoritario frente a una amplia panoplia de actores privados que no llegan al 5%, Díaz defendió que este operador tiene que estar «en manos públicas», al ser el energético un sector estratégico que ahora está «privatizado». En una entrevista en TVE, Díaz insistió en la renacionalización, porque una infraestructura tan crítica como el sistema eléctrico español, un monopolio como éste no puede seguir en manos de una empresa privada. Un servicio estratégico del país tiene que estar suscitado al control del Estado, defendió.

En este sentido, la vicepresidenta entiende que hay una esfera de la administración pública que tiene que ver con la seguridad en su sentido más extenso, con gestión o control de servicios como la sanidad, las emergencias o las torres de control aéreo. Una esfera en la que también incluye a la red eléctrica, por lo que «debe de estar en manos públicas». Algo que, en su opinión, no es «nada extravagante» porque varios Estados de la Unión Europea tienen ese enfoque al ser la energía un sector estratégico, mientras que en España está privatizado. Además, la vicepresidenta incide en que la red eléctrica opera en el país en régimen de monopolio, por lo que su planteamiento de desplegar el control público es el correcto.

Díaz lidera, así, la posición del conjunto de los partidos que conforman la coalición Sumar, que el miércoles publicaron un comunicado en el que abogaban por un control cien por cien público de la red eléctrica. Después de las tensiones generadas por el gasto en Defensa, Sumar ha encontrado en esta cuestión el pegamento para mostrar unidad y marcar perfil respecto al PSOE. Además, las fuerzas que componen el socio minoritario de la coalición reclaman que se depuren responsabilidades del «oligopolio energético» y que se constituya una comisión de investigación en el Congreso para determinar el origen del apagón.

Díaz se abona, sin embargo, al «principio de prudencia» cuando se trata de determinar las causas que provocaron el apagón eléctrico que sufrió la península ibérica el pasado lunes y ver, a partir de ahí, si se tienen que depurar responsabilidades por esta incidencia masiva. En este sentido, y sobre el futuro de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, que ha descartado dimitir en las últimas horas y sobre la que Moncloa mantiene, por ahora, la confianza, la vicepresidenta volvió a emplazarse a que culminen las pesquisas para avanzar en la eventual asunción de responsabilidades.